El sábado 13 de junio se publicó en El
Confidencial un artículo
firmado por Toni Ferrer y Ramón Górriz sobre el impacto de la reforma laboral
de 2012 (RL2012) en el mercado laboral y en la situación económica de España.
En estas líneas cito algunas de las falacias que contiene dicho artículo y su
correspondiente réplica.
Desde el principio del texto, los
autores quieren dejar claro que “los efectos de la reforma laboral están aquí,
una sociedad con cuotas enormes de precariedad, desigualdad, pobreza y hambre”.
Como suele ser habitual desde la izquierda, achacan todos los males que pueda
tener la economía española a la RL2012, aunque esas deficiencias puedan venir
de la falta de reformas estructurales de las últimas décadas.
La precariedad se suele medir,
generalmente, con el porcentaje de contratos temporales, lo que se conoce como
“temporalidad”. Es cierto que desde 2012 la temporalidad ha aumentado en
España, empero, no se puede achacar esta subida a la reforma laboral. La
dualidad del mercado de trabajo viene de lejos. De hecho, durante la década
previa a la Gran Recesión la temporalidad sobrepasaba el 30%, mientras que en
2019 fue el 26%, según datos del INE. Es decir, si la precariedad se asocia a
una alta temporalidad y una marcada dualidad, el marco normativo laboral previo
a esta reforma laboral se caracterizaba por una mayor temporalidad. Y es que la
alta temporalidad (dualidad) del mercado laboral español es consecuencia de
graves ineficiencias de éste, como son las diferentes condiciones entre indefinidos
y temporales, y no consecuencia directa de la RL2012.
Por el mismo camino, la desigualdad
tampoco es hija de la RL2012. El coeficiente de Gini expresa un aumento de la
desigualdad a partir de 2008. Este aumento tiene que ver con la destrucción de
empleo que se dio durante la crisis (como indica el economista Rafael Doménech
en su investigación
sobre la desigualdad en España, el 80% de la varianza de la desigualdad se
explica por el desempleo). A partir de 2014, y una vez que comenzó la
recuperación, la desigualdad ha ido disminuyendo año tras año, hasta situarse
en 2018 en el nivel más bajo desde 2009, lo que refleja que la desigualdad ha
descendido desde la reforma laboral, en contra de lo que dicen los autores del
artículo.
La pobreza se suele medir en
términos de riesgo de pobreza o exclusión social o en términos de carencia
material severa. El primero mide desigualdad y no pobreza, según indica el INE.
La carencia material severa sí es una aproximación más fiel de la pobreza.
Ambos indicadores muestran un comportamiento similar: aumentaron durante la
crisis, alcanzado su máximo en 2014, y han ido disminuyendo durante la
recuperación económica. Ambos indicadores muestran en la actualidad un nivel
inferior al de 2012. Por tanto, desde la RL2012 no ha aumentado el porcentaje
de población en riesgo de pobreza ni en carencia material severa.
Respecto al hambre, el indicador
más fiable, dentro de la carencia material severa, es el que mide el porcentaje
de población que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada
dos días. Al igual que los otros tres indicadores, éste también aumentó durante
la crisis, pero a diferencia de aquéllos, no se ha reducido durante la recuperación,
sino que ha aumentado. Ahora bien, ¿es esto achacable a la reforma laboral?
Observando los datos del INE, se puede ver que en los años en que la
temporalidad fue mayor, esta carencia fue menor. Luego no existe correlación
entre precariedad, entendida como temporalidad, y este indicador.
Continúan los autores diciendo que
“los objetivos de la reforma eran: la devaluación salarial, facilitar y
abaratar el despido y el debilitamiento cuando no la ruptura de la negociación
colectiva”. Por un lado, las tres cosas mencionadas no indican per se que un
mercado laboral sea mejor o peor (los mercados laborales con una regulación
laboral menos rígida suelen tener tasas de desempleo más bajas, además de
menores niveles de precariedad). Y tampoco tiene relación con lo expresado en
líneas anteriores. Lo que sí se sabe es que la flexibilidad salarial, como
indica un estudio
de BBVA Research realizado por Rafael Doménech et al., tiene efectos positivos
en un marco laboral caracterizado por un alto desempleo estructural. Si la
flexibilidad salarial se hubiese producido desde el principio de la crisis se
habría evitado parte de la caída del PIB y del empleo, según indica el estudio
mencionado. Del mismo modo, dicha flexibilidad salarial propició que el
crecimiento del empleo a partir del cuarto trimestre de 2013 se produjera antes
y con mayor intensidad de lo esperado.
También se sabe que la RL2012 ha
aumentado la probabilidad de firmar un contrato indefinido y ha reducido la
velocidad de destrucción de empleo entre los trabajadores temporales debido a
la mayor flexibilidad interna de las empresas, según un estudio
de Fedea realizado por J. Ignacio García Pérez. A su vez, el número medio de
despidos pasó de 898.000 por trimestre en media para el periodo 2008-2012 a
809.000 en el periodo 2012-2016. No parece, pues, que “facilitar el despido”
haya provocado un aumento medio de los despidos, ni siquiera en los contratos
temporales.
El artículo de Toni Ferrer y Ramón
Górriz sigue con una referencia a “los recortes en los salarios de los empleados
públicos, en las prestaciones por desempleo, en las pensiones y en los
servicios públicos esenciales”. El viejo argumento falaz de unos recortes que
han mermado sustancialmente el Estado del Bienestar. La remuneración de
empleados públicos alcanzó el máximo histórico en 2018, manteniendo una tendencia
creciente desde 2013. Respecto a las prestaciones por desempleo, su generosidad
es similar a la del conjunto de la UE y, además, España es uno de los países de
la OCDE con una condicionalidad menos estricta en lo referente a sus políticas
pasivas de empleo, como se muestra aquí.
Por su parte, la pensión media en términos reales es superior al nivel de 2012,
según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Y el grueso del Estado del
Bienestar, si bien sufrió algunos recortes concentrados entre 2010 y 2013
(algunos parecen olvidar que el déficit público de estos años era superior a
100.000 millones), sigue una línea ascendente a partir de 2014. En la
actualidad, tanto en sanidad como en educación, el gasto es superior al nivel
de gasto previo a la crisis de 2008 y, también, superior al nivel de gasto del
año 2012, según datos de IGAE y Eurostat.
Además, como muestran los
economistas Doménech, Boscá y Ferri en un artículo
publicado en la web Nada es gratis,
el gasto público corriente per cápita en términos reales no ha dejado de crecer
desde 2012 (también en sanidad y educación). No, desde la RL2012, en términos
generales, no hay recortes: los hubo en unos años concretos, que ya han sido
revertidos. No se ha desmantelado el Estado del Bienestar ni ha habido recortes
profundos en los servicios públicos esenciales, en términos generales.
El resto del artículo de Ferrer y
Górriz es un alegato contra las grandes empresas y el capital. Parecen olvidar
los autores de que España es un país de microempresas y que las grandes
empresas son una excepción y no la regla general. Parecen olvidar también que,
en términos comparados, las grandes empresas crean más empleo y suelen ofrecer
mejores condiciones laborales que las pymes.
Llegan a decir que la reforma
laboral “ha condenado a sectores de trabajadores y trabajadoras, a la precariedad,
cuando no a la indigencia”. Como he dicho en líneas anteriores, la precariedad
ha aumentado desde 2012, sí, pero sigue sin alcanzar los niveles previos a la
crisis de 2008 (como muestra la literatura económica, la temporalidad es un
problema estructural del mercado laboral español, no surge específicamente de
la RL2012) y tanto la desigualdad como la pobreza son en la actualidad menores
que en 2012.
En definitiva, el artículo es un
alegato a favor de la derogación de la reforma laboral y a favor de un mercado
laboral más rígido, con un mayor intervencionismo. Además, se quejan de la flexibilidad
salarial pero callan ante la inmensa destrucción de empleo que se dio entre
2008 y 2013 (un aumento de 4 millones de parados, según la EPA), con la
normativa laboral a la que quieren volver. También callan ante el problema del
alto desempleo estructural que sufrimos en España y piensan que con mayor intervencionismo
y rigidez se va a solucionar, cuando precisamente ha sido la rigidez (sobre
todo salarial y de negociación colectiva) lo que llevó a la intensa destrucción
de empleo previa a la reforma laboral. De hecho, según la investigación
realizada por Rafael Doménech citada en un párrafo anterior, si la reforma
laboral se hubiera implementado al comienzo de la crisis, hasta 2016 se habrían
salvado 2 millones de empleos y la tasa de desempleo hubiera sido 8 puntos
porcentuales inferior a la registrada ese mismo año.
Dicen que “no hay que inventar, ni
tergiversar u ocultar, las cifras lo dejan claro”. Pero su artículo no aporta
un solo dato, una sola cifra. Tampoco aporta una sola evidencia de lo que se ha
escrito. El artículo de Ferrer y Górriz es tan solo, a mi parecer, la típica propaganda
de la izquierda. Intentan hacer ver que a partir de la RL2012 la precariedad se
ha disparado, que somos más desiguales y pobres que antes de la reforma laboral
y que el Estado del Bienestar se ha desmantelado en favor del capital y las
grandes empresas. La realidad es bien diferente, como he intentado explicar a
lo largo de estas líneas. Es cierto que la RL2012 no es perfecta y tiene mucho
que mejorar, en eso estaremos todos de acuerdo, pero dicha reforma laboral no
causó todo eso que Ferrer y Górriz dicen en su artículo: muchos indicadores han
mejorado desde 2012 y otros, como la temporalidad, muestran un comportamiento
estructural de la economía y, por tanto, no son causa de la RL2012. Las cifras
lo dejan claro.
* Publicado en Libertad Digital