Un tema que no deja de aparecer en los medios de
comunicación y debates universitarios y políticos -y más en el tiempo que se
aproxima la campaña electoral de las generales de diciembre- es el de las pensiones públicas. En este artículo
pretendo hacer una amplia radiografía de qué son las pensiones públicas, por
qué no funcionan, cuál es la alternativa, etc.
La política de pensiones es una política pública que se puede definir como el conjunto de acciones y decisiones protagonizadas por los poderes
públicos dirigidas a solventar la necesidad de ingresos económicos de la
población no activa; en este caso me centraré más en las pensiones de
jubilación. En el caso español, la política de pensiones es la única de las grandes políticas sociales
que sigue en manos del Gobierno central (principio de caja única).
Ya la propia definición -que podemos encontrar en cualquier
libro académico sobre políticas del bienestar- nos deja claramente marcado el espíritu estatista de la sociedad
española: los poderes públicos deben solventar la necesidad de ingresos
económicos de los que no trabajan. Es decir, no ahorres, que cuando te jubiles vendrá “Papá Estado” a solventar tus
necesidades económicas, mientras te
ha estado robando mediante cotizaciones sociales, dinero que podrías haber
ahorrado por tu cuenta y disfrutar de una pensión mucho más sana y
económicamente más alta. Pero ya saben, el Estado del Bienestar nos utiliza
como si fuéramos inútiles.
Las pensiones públicas tienen dos problemas fundamentales por los que no funcionan: es una estafa piramidal -consiste en que los
nuevos participantes producen beneficios a los primeros participantes, es
decir, los cotizantes actuales a los jubilados- y la pirámide poblacional de España, en la que cada año hay más gente
mayor, más jubilados, y menos jóvenes, por lo que la relación
jubilado-trabajador se hace más pequeña. Otro
problema de las pensiones públicas es que el dinero recaudado por la Seguridad
Social mediante las cotizaciones sociales no se invierte, por lo que no genera
riqueza. Si las semillas no se plantan, los árboles no salen, y cuando
llega la cosecha, no hay frutas que recoger. Si los ahorros no se invierten, no
generan riqueza, y cuando llega la jubilación, sólo encontramos miseria. Igual
que el agricultor al que se le pudrieron las semillas en el bolsillo. Es en
esta parte del proceso donde la estafa piramidal de las pensiones públicas
arruina a los ciudadanos. Las inmensas
cantidades de dinero que la Seguridad
Social quita por la fuerza a los ciudadanos no las invierten en nada, sino
que se las da a las personas que están jubiladas en ese momento. Si todo ese
dinero se invirtiera, todo el mundo iría formándose un patrimonio, que al
alcanzar la jubilación le permitiría vivir muy dignamente de las rentas que le
produjera dicho patrimonio, sin las estrecheces que hoy en día tienen que
soportar todas las víctimas de esta estafa piramidal al llegar a la jubilación.
Las pensiones públicas en España se basan en un sistema de
reparto, un sistema de seguro “solidario” para la vejez. El sistema de reparto
se organiza sobre la base de un aporte obligatorio -¿si es solidario por qué es obligatorio? Una vez más la perversión
del lenguaje utilizado por el Estado- realizado por los trabajadores en
actividad, con el que se forma un fondo para atender las jubilaciones de los
trabajadores retirados.
Ese aporte obligatorio son las cotizaciones sociales, que no es más que el expolio por parte del
Estado hacia los trabajadores. Las cotizaciones a la Seguridad Social cuentan
con un tipo impositivo único en España. No
se trata de un impuesto progresivo como el IRPF. Además, no se realizan
deducciones en función del nivel de renta. Por ello, incluso para las rentas
más bajas, el tipo que se aplica es el máximo, de 36,25%: 29,9% pagado por la empresa y 6,35% por el trabajador.
En España, en 2014, a un empleado que reciba en su cuenta
corriente 1.500 euros como pago neto de su nómina, el Estado le está quitando
más de 700 euros cada mes -entre lo que ve él en su nómina y la Seguridad
Social a cargo del empresario-, para fundirlo inmediatamente en la estafa
piramidal de las pensiones públicas. A eso hay que añadir los 400 euros que le
quita en concepto de retención por el IRPF, aproximadamente.
Cuando la gente ve su nómina y se da cuenta de que su sueldo
bruto son 1.950 euros y que de ahí tiene que pagar, aproximadamente, 400 euros
por IRPF y otros 50 euros para la estafa piramidal de la Seguridad Social, se
enfada. Pero, ¿qué haría la gente si se
enterase de que su sueldo bruto real no son 1.950 euros, sino 2.600 euros, y el
Estado le quita 700 euros para la estafa piramidal de las pensiones, y otros
400 euros por el IRPF, de forma que a él le llegan únicamente esos 1.500 euros?
2.600 euros es lo que paga la empresa y 2.600 euros es el
sueldo real del empleado. El “invento” de que la empresa pague la mayor parte
de la cuota de la Seguridad Social sin que el empleado se entere es simplemente
una estratagema de los políticos para
ocultar a la mayor parte de la población que la están estafando de forma
miserable. La mayor parte de la gente cree que gana poco dinero porque “los sueldos son muy bajos porque las
empresas pagan muy poco”, cuando la realidad es que ganan poco porque el Estado les
saquea de forma miserable e
inmisericorde. Por eso es importantísimo que la gente sepa de verdad los
impuestos que paga realmente, para que sea consciente de la magnitud de esta
inmensa estafa llamada Estado del Bienestar.
Poner impuestos a “algo” hace que ese “algo” sea más difícil
de conseguir, y menos gente lo adquiera o consuma. Exactamente esto es lo que
pasa en el mercado laboral: cuanto más
altas son las cotizaciones sociales, menos gente quiere trabajar, y menos
empresas quieren contratar empleados. Mucha gente que no tiene trabajo se
haría autónoma, si no fuera fuertemente penalizada, simplemente por querer
trabajar, con la obligación de pagar una contribución mensual altísima. Pagar
por trabajar: “el liberalismo que nos invade” y esas cosas que algunos dicen
sin sentido.
La alternativa al sistema injusto de reparto de las
pensiones públicas es un sistema de
capitalización individual, basado en el ahorro individual, sin imposiciones
“solidarias” ni estafas piramidales. Algunos piensan que no hay gran
diferencia entre la pensión que se cobra mediante el sistema de reparto y la
que se cobraría mediante el sistema de capitalización individual. Se equivocan,
claro que habría diferencia. Ejemplo: dos hermanos gemelos, que nacen el mismo
día y se jubilan el mismo día, habiendo trabajado durante toda su vida los
mismos días, y con los mismos sueldos. Uno de los dos hermanos ahorra e
invierte durante toda su vida en acciones, inmuebles, tierras, etc. Los
dividendos que le pagan las acciones, los alquileres de sus inmuebles y las
ganancias de los productos que planta en sus tierras a lo largo de toda su
vida, los utiliza para comprar más acciones, más inmuebles y más tierras. El
otro hermano lo que ahorra lo guarda en un cajón, y ahí lo deja.
¿Qué sentido tiene
pensar que cuando se jubilen ambos hermanos van a tener la misma cantidad de
dinero? El mismo sentido que pensar que en ambos sistemas de pensiones se
tendría la misma pensión. Lo peor es que la
propaganda estatista está venciendo y algunos prefieren seguir siendo el
segundo hermano en vez de optar por la opción del primer hermano. También es verdad
que el Estado nos obliga a ser el segundo hermano, empobreciendo cada vez más a
cotizantes y pensionistas. Las pensiones públicas, además de ser una
estafa, son una inmoralidad.
Muchos que defienden
las pensiones públicas -además de caer en la falacia del Proveedor Único- dicen
que las cotizaciones sociales no solo financian dichas pensiones, sino también
la sanidad pública, algo que es mentira.
Las cotizaciones sociales solo financian las pensiones desde que en el año
1999 el Sistema Nacional de Salud se separara por completo de la Seguridad
Social y pasase a financiarse vía impuestos directos e indirectos a través de
las Comunidades Autónomas y de las transferencias del Estado a éstas.
El sistema de reparto
ha demostrado ser ineficaz y muy costoso para todos. La hucha de las
pensiones sigue vaciándose -prueba clarividente del fracaso- y algunos partidos
políticos, como el PSOE, proponen un
"impuesto de solidaridad" -otra prueba más de la manipulación del
lenguaje que tan bien viene a algunos- que grave -aún más- la renta y el
patrimonio, para complementar el pago de las pensiones.
Como prueba de este
fracaso, un cuadro-resumen de las condiciones que los diferentes gobiernos han
puesto para el disfrute de las pensiones. Este cuadro no es más que el fiel
reflejo de que a este sistema de reparto
no le puede quedar mucho, por nuestro bien y el de los jóvenes de ahora si
queremos tener una pensión digna cuando nos jubilemos.
La clase política hará de todo para seguir manteniendo la
estafa piramidal de las pensiones públicas; en vez de pasar a un sistema de
capitalización, que incentive el ahorro y la responsabilidad individual, algo
imposible en un Estado del Bienestar que premia todo lo contrario: el gasto sin
control y la irresponsabilidad. Al fin y al cabo un sistema de capitalización individual restaría mucho poder a los
políticos, ¿y quién cree que se dejarían
quitar poder a ellos mismos?
La pensión de jubilación -y el resto de pensiones, pero la
de jubilación es la más común- es algo muy importante para dejarlo en manos de
políticos y burócratas que solo quieren imponer, en vez de dejar libertad de
elección. Si es totalmente legítimo que haya gente que quiera pensiones
públicas, pero esa legitimidad la rompe el propio Estado al obligar a todos a financiar
algo que muchos no quieren. El que
quiera pensión pública, que se deje seguir estafando por el Estado del
Bienestar. El que no quiera pensión pública -algo igual de legítimo-, que
deje de ser expoliado mediante las cotizaciones sociales, y que sea cada uno el
que decida qué hacer con su dinero, si ahorrar o no. La libertad conlleva responsabilidad, pero muchos no están dispuestos
a ser responsables. Han caído en el miedo y en la propaganda estatista de que
si no fuera por el Estado, no serían capaces de labrarse una vida digna por sí
mismos.
Referencias bibliográficas:
Informe “Un
marco fiscal para el empleo”. Civismo. Noviembre 2015.
- Pensiones
públicas: la esclavitud de nuestra época. Gregorio Hernández Jiménez.
- Una
alternativa liberal para salir de la crisis. Juan Ramón Rallo.
- Políticas
públicas en España. Contenidos, redes de actores y niveles de gobierno. José
Adelantado y otros.