jueves, 20 de octubre de 2016

Contra el libre mercado

La compañía Comuto Iberia, nombre comercial de la plataforma de coche compartido Blablacar en España, ha afrontado en la Comunidad de Madrid su primera sanción en Europa por no tener “autorización” para ofrecer “un servicio de transporte público”.
Como ya ocurriera con UBER, se persiguen aquellos servicios que la sociedad civil, mediante el ingenio y la innovación, pone en marcha para mejorar, en este caso, el transporte urbano e interurbano de un país.
Cuando hay libre mercado [no es el caso, ni de lejos, de España] cada consumidor demanda un producto en base a lo que existe (oferta). Siempre hay movimientos en busca de satisfacer dicha demanda. Y también al contrario, si un producto no es demandado, dicha oferta fracasará, por muchas horas de trabajo que lleve incorporado dicho bien o servicio, porque como bien dice el profesor J. M. López Zafra, el mercado no premia el esfuerzo, sino el valor añadido. Si ofreces algo que no tiene valor para los consumidores, fracasarás, por mucho esfuerzo que hayas desarrollado.
UBER y Blablacar son ejemplos de iniciativas de libre mercado y no deberían ser penalizados por ello. Los poderes públicos muchas veces se disfrazan del gusto de los consumidores, poniendo trabas o directamente prohibiendo una iniciativa empresarial, si esta pone en riesgo “lo establecido” en el sector pertinente. Por lo que dichas trabas o prohibiciones fortalecen los monopolios establecidos, como en este caso, el Taxi, uno de los sectores más regulados en cuanto a transporte se refiere. Nada que ver con mercado libre.
Las multas a estas iniciativas, prohibiciones, continuar con la actual legislación [causa de esta persecución] nos harán quedarnos por el camino, seguir encasillados en lo viejo y no abrir los ojos al progreso económico. Los países que menos trabas ponen al libre mercado son los que más prosperan. Pero en España, de momento, seguimos muy lejos de ello.

* Publicado en La Razón

martes, 18 de octubre de 2016

Anti-establishment

Podemos definir «establishment» como aquellos poderes políticos y económicos-financieros (élites) que mandan en sus respectivos países, o incluso en varios de ellos a la vez a través de organismos supraestatales, como puede ser la Unión Europea; y la relación entre ellos. Dichos poderes son constantes en el tiempo, y no se trata tanto de personas, sino más de ideas y acciones políticas y económicas.

Han surgido en los últimos años multitud de movimientos anti-establishment a lo largo y ancho del mundo, como respuesta, principalmente, a la crisis económica que comenzó a partir de 2007 y la fractura de algunos sistemas políticos, como estamos viendo en España, basado en un aumento del descontento de la gente (que no desafección, la cual es más o menos constante a lo largo del tiempo) hacia sus clases dirigentes.

La idea de estos movimientos es clara: la crisis es causada por el establishment y la solución vendrá de la mano de los anti-establishment, por lo que a mayor nivel de crisis y más direcciones de éstas, mayor espacio para su discurso [anti-establishment].

La crisis económica que comenzó en 2007 puso de manifiesto el contexto perfecto para los movimientos anti-establishment actuales, basado en un relato falso, necesario para las metas ideológicas de muchos de estos movimientos. Se ha hecho un análisis equivocado de las causas de dicha crisis, y por tanto, se ponen sobre la mesa soluciones también equivocadas para intentar solucionarlo. No dejamos de leer en algunos libros y periódicos y de oír en debates, mítines, programas de televisión, radio, etc. que la crisis actual ha sido consecuencia del capitalismo de libre mercado (laissez-faire): austeridad, desregulación, poder absoluto de los mercados, etc. En realidad, nada de eso ocurrió en los años previos, ni durante los años más duros de la crisis económica.

Así pues, los movimientos anti-establishment actuales son movimientos políticos que llevan en su agenda política, básicamente, más control, más intervención y la recuperación de la soberanía nacional (cedida a las multinacionales o a la Unión Europea, el Euro, etc.). Si la crisis fue culpa del liberalismo, necesitamos avanzar (dicen) en una nueva dirección, que sea anti-liberal, identificando en la mayoría de ocasiones al establishment con capitalismo radical y liberalismo (neoliberalismo lo llaman).

El anti-establishment per se no es la solución a nada; depende del foco político-económico y las propuestas que se lleven en la agenda política. Aunque la gran mayoría de los anti-establishment actuales son intervencionistas y anti-liberales, puede haber movimientos en contra de las élites que propongan menos intervención y mayor libertad y cooperación, de verdad, entre la gente. Que defiendan una devolución de sectores estatalizados a la sociedad civil. Como digo, el movimiento anti-establishment en cuestión depende de la óptica política y económica que defienda.

Como he dicho antes, una de las demandas de estos movimientos es la recuperación de la soberanía, cedida a entes que están por encima de los Estados, o incluso, a empresas y el ‘Capital’, según dicen ellos mismos. Recuperar soberanía puede sonar bonito, es verdad, pero estamos ante el mismo problema: no hay soberanía individual y sigue habiendo coacción desde la clase dirigente [ya sea considerada establishment o anti-establishment] a la clase dirigida.

«Establishment» o «anti-establishment», nos controlan desde su posición de poder, nos dirigen e intervienen en todo lo que pueden. Manejan la política y la economía a su antojo. Se relacionan con empresas amigas, dando todo tipo de favores desde su posición privilegiada. Un movimiento anti-establishment no es la solución a nada mientras sigan haciendo un relato falso, con el que consiguen mayor espacio político. Mientras sigan proponiendo mayor control, mayor intervención, en definitiva, seguir aumentando el poder de la política y la burocracia sobre los individuos, seguiremos con el mismo problema, aunque lo disfracen de “democracia”, “pueblo”, “soberanía”, etc. También los cerdos de la granja de Orwell eran anti-humanos y acabaron sin poder distinguir quién era cerdo y quién humano.

Resultado de imagen de la granja de orwell

jueves, 13 de octubre de 2016

¿Nobel de la Paz?

El Nobel de la Paz 2016 ya tiene dueño: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El Acuerdo de La Habana, rechazado por el pueblo colombiano en el plebiscito del 2 de octubre, ha conseguido que el Comité del Nobel terminara por fallar a favor del mandatario colombiano.
Este premio es una vergüenza. Como explicaba en estas mismas líneas hace una semana, la paz es otra cosa, no el acuerdo rechazado en plebiscito. Debe haber garantías de paz, es decir, la plena disolución de las FARC-EP, la entrega de las armas, la colaboración con la Justicia y la indemnización a todas y cada una de las víctimas. En el Acuerdo de La Habana no hay garantías de paz, solamente unas palabras de los terroristas de querer poner fin a su actividad armada, colaboración del presidente Santos de por medio, para pasar a una especie de impunidad y participación política mediante mecanismos antidemocráticos, como la asignación de escaños sin necesidad de tener los votos necesarios para ello.
Como digo, este premio es una vergüenza, y el motivo mucho más. Según el propio Comité, Juan Manuel Santos ha realizado grandes esfuerzos para finalizar la guerra civil que dura más de 50 años. ¿Guerra civil? En Colombia no ha habido una guerra, sino la acción terrorista de un grupo que ha sembrado de odio y terror Colombia durante 52 años.
Esto nos lleva al falso relato que no dejo de escuchar entre los partidarios del ‘sí’: aquellos que votaron ‘no’ quieren que continúe la “guerra” y serían los culpables de una hipotética vuelta a la acción violenta de las FARC-EP. Como bien dice el profesor Rogelio Alonso, «la coacción que se ha ejercido desde medios políticos y periodísticos -no solo en Colombia, sino también en España- al transferir la responsabilidad por la continuidad de la violencia a aquellos ciudadanos que legítimamente dudan de la conveniencia del Acuerdo, exonerando así a los verdaderos responsables del terror: las FARC».
Que no engañen. La paz no se conseguirá con el Acuerdo de La Habana [bien rechazado por el pueblo colombiano]. El Nobel de la Paz no responde a tal. Juan Manuel Santos ha querido entregar poder político y (más) económico a los terroristas. Los que han votado ‘no’, quieren una paz de verdad, no impunidad y entrega a los terroristas; siguiendo con las palabras de Rogelio Alonso, «el loable objetivo del final de la violencia exige huir del pensamiento dicotómico que descalifica como “enemigos de la paz” y propagadores de odio y rencor a quienes legítimamente discrepan de determinados métodos como los que han salido derrotados en el plebiscito». Que algunos se lo apunten.

* Publicado en La Razón

jueves, 6 de octubre de 2016

Colombia: la paz es otra cosa

Este domingo se votó en Colombia el plebiscito sobre el Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), por el cual, y una vez que la guerrilla ha cesado su actividad armada, se pondrían una serie de cesiones a los terroristas sobre la mesa, que los colombianos han rechazado. Eso sí, por poco margen: el ‘no’ ganó con el 50.22% de los votos, por el 49.77% que cosechó la opción del ‘sí’. Hay que resaltar la alta abstención en esta histórica votación: tan solo votó el 37.4% del censo.
Pese a que muchos han insistido en esa idea, el domingo no se votó sobre la paz o continuar la guerra, básicamente porque en Colombia no ha habido guerra, sino un grupo terrorista. Lo que se sometía a plebiscito era blanquear la imagen de las FARC-EP, una especie de impunidad que incluía la participación política de estos criminales, llegando a asegurar escaños sin necesidad de que fueran votados. Un disparate en toda regla y un atentado hacia la democracia, que aquellos que se cuelgan carteles de “demócratas” ni han rechistado. Qué casualidad.
Como bien dice el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, «la paz es ilusionante, pero los Acuerdos de La Habana son decepcionantes»; puesto que dichos acuerdos pretendían borrar, de alguna manera, de la “memoria colectiva” (algo que no existe, pero que gusta mucho entre colectivistas) los años sangrientos de las FARC-EP.
La paz es otra cosa, no el acuerdo que rechazó el pueblo colombiano. Las FARC-EP deben mostrar verdadero arrepentimiento, entregar todas las armas que aún tengan, colaborar con la Justicia en los crímenes que queden por resolver, dar luz en la ‘oscuridad de la guerrilla terrorista’ y, por supuesto, resarcir a todas y cada una de las víctimas.
Y para participar en política, desde un lado demonizar estos 50 años de actividad terrorista por sus propios integrantes y simpatizantes, y desde otro lado, que la sociedad civil colombiana no olvide estas 5 décadas de sangre y terror, ni la ideología de dichos terroristas: el marxismo-leninismo, fuente de pobreza, sangre y falta de libertades allá donde se han implantado (no es casualidad que siempre desde la violencia, como han pretendido durante este tiempo las FARC-EP) en cualquiera que sea el Estado, desde la URSS hasta Cuba, pasando por la RDA.

La Memoria y la Dignidad [como debe ocurrir con ETA en España] debe venir desde la Justicia, no desde un acuerdo político en vistas de dotar de impunidad y querer borrar la historia desde el órgano encargado de contar la “verdad oficial”, el Estado; como sucede con las leyes de “memoria histórica”. Y la paz, por tanto, debe pasar por una rendición y entrega de los terroristas, no desde la impunidad y el olvido.

* Publicado en La Razón