España necesita mayor libertad económica

Hace unos días se presentaba el Índice de Libertad Económica, cortesía de la Heritage Foundation. Es una clasificación que mide la libertad económica en los diferentes países. Para ello, la Heritage Foundation evalúa diferentes ámbitos económicos y la capacidad de apertura que cada país tiene en dicho ámbitos.

España ocupa el puesto 43 con una puntuación de 68.5 sobre 100, ocupando una plaza de las «economías moderadamente libres». Por delante quedan las «economías muy libres» y las «economías plenamente libres». Respecto al año anterior, la libertad económica en España ha mejorado, aunque en una medida muy pequeña, pues solo ha aumentado 1 punto (en 2015 ocupaba el puesto 49 con una puntuación de 67.6); aunque sigue estando por debajo del nivel de libertad económica existente antes de la crisis económica, cuando conseguía una puntuación de 69.2.

Los primeros puestos, como suele ocurrir cada año, están ocupados por aquellos países con una económica más dinámica y abierta. Aquellos países que no tienen miedo a la libertad económica y que saben a ciencia cierta que es la base de cualquier progreso, no solo económico, sino también social.

Los países nórdicos, tan nombrados por los políticos españoles y ejemplo de muchos de ellos, tienen más libertad económica que España. Generalmente es la parte que suelen saltarse y que esconden para referirse a sus grandes y costosos Estados del Bienestar. Pero en ello también es fundamental la libertad económica.

Por el otro lado, los ejemplos de la extrema izquierda: Cuba y Venezuela, con permiso de Corea del Norte, que cierra otra año más la clasificación. Economías muy controladas y dirigidas que hacen de un país una crisis permanente, no solo económica, sino política e institucional.

España debe seguir el ejemplo de Suiza, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etc. Imitar economías libres y dejarse de «experimentos hispanos» copiando economías que traen de todo menos bienestar y felicidad; es decir, dejar de copiar socialismo y copiar liberalismo. Buena falta nos hace.

Coalición Podemos-IU: causas y perspectivas

Sigue el camino para intentar formar Gobierno. Cada día queda menos y todo apunta a que se repetirán las elecciones generales. Pese a que algunos partidos se caracterizan por decir que su objetivo político es «la gente» o «el pueblo», en estos días están dejando mucho que desear, pues en vez de negociar por intentar formar un Gobierno «de cambio», como dicen ellos mismos, están pensando en su partido político y en unas eventuales elecciones generales.

Uno de esos partidos es Podemos, que siempre ha puesto como líneas rojas que Ciudadanos no estuviera presente en un pacto con el PSOE y las demás fuerzas de izquierdas y la celebración de un referéndum en Cataluña para apoyar dicho pacto presidido por el PSOE. Pues bien, ahora que todo apunta a nuevas elecciones, Podemos ya está pensando en posibles coaliciones electorales. Como ya ocurrió en la anterior cita electoral, la duda principal está en si presentarse en una coalición con Izquierda Unida^*.

Dado que el panorama actual no es el mismo que había antes del 20-D, podemos llegar a algunas conclusiones sobre por qué ahora sí quiere Podemos (o mejor dicho, Pablo Iglesias y su equipo) presentarse a unas hipotéticas elecciones generales en coalición con Izquierda Unida. Una de las razones está en el propio Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos no es el líder del comienzo del partido. Ha perdido capacidad de unión (prueba de ello es que cada confluencia gira en torno a los intereses territoriales y no de Podemos como conjunto nacional). El carisma por el que se caracterizaba cuando iba a los platós de televisión ha dado paso a una arrogancia y un cinismo que nos recuerda al Iglesias de la Universidad (en YouTube hay multitud de vídeos de Pablo Iglesias cuando no era famoso y mostraba su verdadera cara).

Tampoco el propio partido es el mismo. La etapa en la que todo era un ambiente bucólico-pastoril acabó. Lo demuestran las guerras internas (destituciones y dimisiones inclusive). Podemos se creó con un discurso de ser un partido nunca visto, pero pronto cayeron en los vicios de todos los partidos, de la «casta», palabra que protagonizaba los primeros discursos de los dirigentes de Podemos y que ya ha desaparecido de los mismos. La ley de hierro de la oligarquía, que explicó Robert Michels a principios del siglo XX, no deja indemne a ninguna organización política, por muy democrática que sea.

Otra de las razones está en las encuestas electorales. Mientras Podemos cae en picado y algunas encuestas le sitúan como cuarta fuerza parlamentaria (que no electoral, que ya lo fue el 20-D), el partido de Alberto Garzón sube como la espuma, recogiendo parte del descontento podemita y algunas encuestas llegan a dar casi el 7% de los votos a IU. La posibilidad de ir unidos en una repetición de elecciones generales hace que Podemos pudiera dar el «sorpasso» al PSOE que no logró en los comicios de diciembre.

El sistema electoral español penaliza bastante el voto disperso y los partidos minoritarios en las circunscripciones pequeñas y medianas son víctimas del llamado «voto útil» o estratégico. Es por ello que una coalición Podemos-IU beneficiaría bastante el resultado de IU, ya que con la ayuda de Podemos no sería tan perjudicado, pudiendo aumentar el porcentaje de voto no perdería tantos escaños en beneficio de PP, PSOE o C’s.

En las anteriores elecciones generales celebradas el 20 de diciembre, Podemos obtuvo 42 diputados (69 sumando las confluencias En Marea, En Comú Podem y Compromís-Podemos), mientras que IU solo obtuvo 2, siendo el partido más penalizado por la desproporcionalidad electoral, como viene siendo costumbre desde la Transición. Si el 20-D Podemos e IU hubieran ido en coalición, el resultado hubiera sido algo diferente. Habrían conseguido 58 escaños (85 sumando el resto de las confluencias), por los 44 (71 sumando confluencias) que consiguieron. 

Esos 14 escaños de más, conseguidos sobre todo en Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha e Islas Canarias, los perderían el PP (7), C’s (4), el PSOE (2) y el PNV (1). Otras curiosidades es que la coalición Podemos-IU hubiese quedado como primera fuerza electoral en las tres circunscripciones del País Vasco y en la circunscripción de Valencia, con la ayuda de Compromís (por delante del PP), además de las que ya había quedado como primera fuerza el 20-D.

¿Esta coalición es apoyada por los votantes? En buena medida, son los propios votantes de Podemos los que ven con mejores ojos la posible coalición entre Podemos e IU. Según Metroscopia, el 76% del electorado de Podemos está a favor de una coalición electoral con el partido de Alberto Garzón, por el 59% de IU. Por su parte, el 90% del electorado de Podemos votaría dicha coalición de izquierdas, por el 82% de IU.

Es coherente el alto porcentaje de apoyo, ya que Podemos e Izquierda Unida son dos partidos muy próximos ideológicamente, lo que hace algo más fácil siempre que una coalición funcione. Según el CIS de enero de 2016, Podemos obtiene 2.26 en la escala ideológica, por el 2.27 que obtiene IU. El propio electorado de ambos partidos se ven parecidos, ya que obtienen casi el mismo porcentaje de votantes que se ubican entre el 1 (extrema izquierda) y 4 (izquierda).

Quedan poco más de 10 días para que acabe el plazo para formar Gobierno. El 25 y 26 habrá una última ronda de consultas que llevará a cabo Felipe VI. Todo indica que no habrá cambios de cara a esa ronda de consultas y que todo seguirá igual después de ella. Por lo que el 2 de mayo, día en el que acaba el plazo, si no hay Gobierno, se convocarán de forma automática las elecciones generales para el 26 de junio.

Los partidos sacarán a relucir toda su maquinaria electoral. Podemos deberá decidir si acude a la hipotética, pero más que probable, cita electoral de la mano de IU (tendrá de plazo hasta mediados de mayo para comunicar la coalición correspondiente). Hay voces discrepantes, tanto en Podemos como en IU, sobre esta coalición. Así, Íñigo Errejón está en contra de dicho pacto para que no afecte a la «transversalidad» de Podemos. Cayo Lara también está en contra “porque una coalición con Podemos haría desaparecer a IU”.

Veremos si finalmente hay elecciones y veremos también cómo se presenta Podemos: solo, en confluencias como el 20-D, con IU o un paquete que incluya todo (IU y confluencias)^*. La idea de Pablo Iglesias es clara: quedar como segunda fuerza parlamentaria y acaparar la hegemonía política de la izquierda para dar el salto definitivo al poder sin oposición ideológica. Algo que solo podría llegar de la mano del paquete que incluye a IU y las demás confluencias: Compromís, En Comú Podem y En Marea. Si las confluencias se presentaran por su lado, las posibilidades de «sorpasso» serían escasas, ya que la coalición Podemos-IU obtendría apenas entre 50 y 60 escaños. Mucho menos si se presentara Podemos en solitario, algo poco probable.

Mientras, el PSOE, culpado por Podemos de que no haya en España un Gobierno «de cambio y progresista», mantiene intacto su pacto con C’s. Las bases del PSOE están más cerca de Podemos que de C’s, y eso debería saberlo Pedro Sánchez. Le podría penalizar más de cara al electorado más de izquierdas y menos de cara al electorado socialista más moderado, que ve con buenos ojos el acuerdo con el partido de Albert Rivera.

^* Todavía no hay cita electoral oficial, por lo que no se sabe la forma de candidatura de Podemos en torno a sus confluencias.

El mito de la austeridad desde el gasto público y la deuda pública

Una de las palabras más repetidas en los últimos años –en el contexto de la crisis económica– ha sido austeridad. Así, muchos actores sociales y partidos políticos –generalmente los sectores más estatistas – echan la culpa a la austeridad del “desmantelamiento del Estado del Bienestar” en España.

¿Existe austeridad realmente en España? Para comprobarlo, analizaré dos indicadores cruciales en este aspecto: el gasto público –y los ingresos– y la deuda pública; toda vez que ya analicé el déficit público en el artículo anterior.

Gastos e ingresos

Cuando comenzó la crisis económica (2007), el gasto público era de 420.000 millones de euros. Consecuencia del expansionismo previo, los siguientes años de crisis no iban a ser menos. Así pues, en 2009 se alcanzó el gasto público total en su nivel máximo histórico: 494.000 millones.

Aquellos que se quejan de austeridad, suelen hacer referencia a recortes realizados tanto por el Ejecutivo de Zapatero como por el de Rajoy. Si bien observamos que entre 2009 y 2013 el gasto público cayó unos 33.000 millones, hay que señalar que la expansión entre 2007 y 2009 fue mayor (más del doble): el gasto aumentó 73.000 millones en esos tres ejercicios presupuestarios.

Los que se quejan de los recortes callan la expansión previa. Ahí está la clave para afirmar que en España no ha habido austeridad. En términos generales, en el año 2015, el gasto público fue 45.000 millones mayor que en 2007, año en el que comenzó la crisis económica y en el que nadie se quejaba de servicios públicos “desmantelados”, como sí suelen hacer algunos en la actualidad.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

¿Y los ingresos? Como se observa en el siguiente gráfico – sobre el PIB –, el aumento del gasto público ha ido acompañado de déficit público, ya que los gastos han estado por encima de los ingresos a partir de 2007, cuando los ingresos ficticios por la burbuja se desplomaron, quedando una situación habitual en el Estado español: desde 1980 solo ha habido 3 años con superávit, precisamente los años previos al pinchazo de la burbuja.

Esta situación, insoportable en cualquier empresa, no así en un Estado, el cual es mantenido por el dinero de los contribuyentes y puede tener pérdidas constantemente, ya que se echará mano de los impuestos para aumentar los ingresos o de la deuda pública, la cual pagarán las generaciones posteriores.

Fuente: "Notas para una política fiscal en la salida de la crisis". Fedea

Las quejas sobre los recortes suelen ir por el camino de un “Estado del Bienestar desmantelado”. Las 4 políticas que conforman el Estado del Bienestar son educación, sanidad, pensiones y prestaciones por desempleo (estas dos últimas conocidas como “protección social”).

Como demuestra el cuadro del gasto público total, no ha habido un amplio retroceso en las políticas de bienestar, al contrario de lo que dicen los que se quejan de recortes. En 2007, el gasto en educación y sanidad eran de 43.000 y 61.000 millones, respectivamente. En 2015, ambas partidas estaban al mismo nivel. Por su parte, el gasto en protección social era de 138.500 millones cuando empezó la crisis, mientras que en 2015 fue de 186.000 millones. Como se observa, tomando como referencia el año 2007 y no el 2009 – como hacen algunos tramposamente –, no se aprecian recortes algunos en las políticas que forman el Estado del Bienestar.

¿Se puede hablar de austeridad cuando el gasto público total es mayor que cuando comenzó la crisis, época en la que no había quejas sobre el funcionamiento del Estado, y cuando el gasto en el Estado del Bienestar también es mayor que en 2007, época en la que no había quejas sobre un desmantelamiento del mismo?

Deuda pública

Otro indicador que demuestra que no ha habido austeridad en España, junto al déficit público y el gasto público, es la deuda pública, la cual no ha dejado de crecer durante toda la crisis económica. En diciembre de 2007 teníamos una deuda pública del 35.5% del PIB. A finales de 2015 alcanzaba prácticamente el 100% del PIB.

Fuente: http://www.datosmacro.com/deuda/espana

En solo 8 años la deuda pública española ha aumentado un 65% del PIB, es decir, algo más de 650.000 millones de euros. Desde algunos sectores, que casualmente coincide con aquellos que no dejan de repetir que la austeridad ha mermado el Estado del Bienestar y que hay que poner fin a los recortes, no se ha dejado de repetir que el aumento de la deuda pública es consecuencia del rescate a las cajas de ahorros. Nada más lejos de la realidad.

Dicho rescate costó alrededor de 60.000 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas y el Banco de España. La deuda pública ha aumentado casi 11 veces más que la cuantía del rescate, por lo que no se puede afirmar que el aumento de la deuda pública haya sido consecuencia exclusivamente del rescate a las cajas de ahorros. Rescate que, por otro lado, no tiene nada que ver con el liberalismo y la austeridad.

Conclusión

Por tanto, y como se puede comprobar, en España no ha habido austeridad. Desde 2007 (y años anteriores) el gasto público aumentó considerablemente, para solo reducirse una pequeña parte a partir de 2009. En la actualidad el tamaño del sector público y de los servicios públicos esenciales es superior o similar al nivel registrado en 2007, en plena burbuja y comienzo de la crisis económica.

Como señala un informe actual de Fedea, “la historia reciente de las cuentas públicas españolas se parece muy poco a la que se suele contar. Si se abre el foco del análisis y se analiza la evolución del gasto público desde los primeros años del euro (desde 2003 en nuestro caso), en vez de tremendos recortes que llegan ya al hueso del Estado del bienestar, lo que vemos es más bien un extraordinario aumento de gasto hasta 2009 que sólo se ha revertido en parte desde entonces”.

La propaganda y el populismo de unos y otros llevan a identificar una falsa austeridad como la causa de un falso Estado del Bienestar desmantelado.

El mito de la austeridad desde el déficit público

Hace unos días, el Gobierno español presentaba finalmente el déficit público del ejercicio presupuestario correspondiente a 2015. Como era de esperar –debido a evidencias de años anteriores–, el déficit iba a ser superior al objetivo marcado por Bruselas, que era del 4.2% del PIB.

España registró un déficit público del 5.16% del PIB (sin contar el descuadre provocado por la ayuda financiera), como se puede observar en el siguiente cuadro que ha presentado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

Para 2016, el objetivo marcado con la Unión Europea es del 2.8%. Es decir, se necesitaría un ajuste de 24.000 millones de euros. Difícil tarea mientras no se ponga remedio donde más se necesita: en el gasto público, el cual sigue desbocado desde que empezara la crisis económica.

Los continuos incumplimientos con Bruselas – y el propio déficit – evidencian que en España no hay rastro de aquello que los estatistas han venido llamando en los últimos años austeridad. No se puede hablar de austeridad desde un enfoque real; solo desde la propaganda que utilizan dichos sectores, pidiendo más poder y más recursos para el Estado. Desde la Transición, España solo ha estado 3 años en superávit; ¿adivinan qué años fueron? Exacto, los años en los que se estaba cocinando el pinchazo de la burbuja: 2005, 2006 y 2007.

El déficit público medio desde 1980 ha sido un 4.26% del PIB. Aquellos que dicen que ha habido austeridad por unos recortes insignificantes –concentrados, sobre todo, en 2012 y 2013– faltan a la verdad. En España no ha habido nada parecido a la austeridad; llevamos 3 décadas y media gastando más de lo que se ingresa –salvo en 3 años, como he dicho antes–. Esto tiene dos posibles soluciones: ingresar más o gastar menos.

Para ingresar más –a diferencia de lo que se suele pensar– no hay que subir impuestos sino bajarlos, sanear la economía, dejar atrás el capitalismo de amiguetes impuesto por los sucesivos Ejecutivos de PP y PSOE desde los años 80; en definitiva, impulsar una reforma económica de verdad, para acercar a España a los primeros puestos de libertad económica. Objetivo harto imposible con la actual clase política, ‘compadreada’ con una parte importante de la clase empresarial –privilegiada a base del BOE–, y no menos imposible con los partidos que vienen por detrás, amenaza bolivariana de Podemos inclusive.

Para gastar menos hay que dejar atrás la mentalidad estatista que impera en la sociedad española y apostar por un sistema económico que tienda hacia la liberalización –la privatización no es positiva per se– y eliminar gran parte de las regulaciones que ‘ponen la mano en el cuello’ a todos los sectores económicos. Si el Estado es coacción y violencia, ¿por qué seguir legitimando las actuaciones en su nombre?

Mientras nada de esto ocurra, el déficit público continuará en una España que, anclada en el consenso socialdemócrata, prefiere las cadenas a la libertad. Mientras sigamos teniendo un Estado de tales dimensiones, no conoceremos lo que son unas cuentas públicas saneadas. El saqueo –más aún– a los ciudadanos, que son los que crean riqueza, no debe ni tiene que ser la solución a los errores que cometen continuamente los políticos.