El bloqueo de Cuba es la dictadura comunista

La semana pasada el presidente de los Estados Unidos -Barack Obama- visitó Cuba en lo que fue una visita histórica: un presidente americano visitando el país de la revolución de los Castro. Como no podía ser de otra manera -debido a la gran ignorancia patente en una amplia variedad de sitios-, muchos salieron en defensa del régimen comunista que tomó el poder por la fuerza en Cuba a través de aquella revolución que comenzó en la Sierra Maestra, al sur del país caribeño.

La consecuencia inmediata de la victoria de los guerrilleros cubanos, entre los que se encontraban los hermanos Castro y Ernesto ‘Che’ Guevara, fue la implantación de un Estado socialista -con el espejo de la URSS-, una dictadura comunista que ha ido sumiendo a Cuba en una desesperación continua, inefables violaciones de libertades civiles y una economía engullida por un Estado autoritario. (Informe de Freedom House sobre Cuba: Not Free).

Son conocidas las promesas varias que los vencedores de la Revolución llevaron a cabo en los primeros meses de poder, como se puede ver, por ejemplo, en la película de Woody Allen Bananas, y leer en periódicos de la época. Promesas tales como elecciones libres y universales, hacer de Cuba un país democrático, existencia de partidos políticos, restablecer la libertad de prensa, etc.

Pronto esas promesas se quedaron en aguas de borrajas y la dictadura empezó a sacar su verdadero espíritu (¿cuál si no?) restrictivo, endureciendo sus políticas liberticidas, de engaño y de persecución a aquellos que no profesaran su simpatía hacia el régimen establecido cruelmente por los “guerrilleros de Sierra Maestra” y que no siguieran el juego a los líderes de la revolución. Es decir, aquellos que fueran parte del “no-pueblo”, dignos de ser eliminados por el bien común y el desarrollo del propio “pueblo”.

Como he dicho en el primer párrafo, ante esta visita de Obama, muchos salieron en defensa del régimen cubano, diciendo que EEUU tiene que echar abajo el bloqueo que permanece desde hace varias décadas sobre Cuba. Aquellos que demonizan la iniciativa privada y los intercambios voluntarios a través del mercado, echan la culpa al bloqueo de que Cuba no se haya desarrollado. Aquellos que dicen que EEUU es el enemigo, se quejan de que les bloquean económicamente. La coherencia brilla por su ausencia. Lo que ha impedido el desarrollo de Cuba es el régimen comunista. Es la creencia de que un Estado autoritario pudiera desarrollar per se un país.

El socialismo es un error, como ha quedado patente en todos los experimentos socialistas del último siglo. Por todo el mundo. Sin excepciones. La clave para que Cuba pueda desarrollarse está en cotas de libertad que permitan construir una Cuba con mayores dosis de bienestar. Todo pasa por acabar con la dictadura. Mientras la isla siga engullida por una dictadura y por el comunismo, no hay nada que hacer. Seguirán siendo pobres, malviviendo entre la miseria, sin posibilidades de construir un futuro fuera del patrón oficial, el que dicta el “centro director” -que diría Hayek-, la dictadura.

No tengo dudas de que una vez que Cuba deje atrás el terror del gobierno autoritario de los Castro (que lleva padeciendo casi 60 años), el bloqueo americano se terminará inmediatamente. Mientras la potestas continúe en manos de la dictadura comunista, quejarse del bloqueo no tiene mucho sentido, cuando es la propia dictadura la que no deja progresar al “pueblo” cubano; como ocurre en todos los sistemas autoritarios/totalitarios, el Mesías que viene a salvar a “su pueblo” termina convirtiéndose en el enemigo de éste. El caso cubano no es una excepción. El bloqueo cubano tiene un nombre: dictadura comunista (y acólitos).

¿España necesita una nueva política económica?

Era el año 1921 cuando en una Rusia destruida por la I Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique y, como consecuencia del “comunismo de guerra”, el X Congreso del Partido Comunista decidió, por petición de Lenin, poner en marcha lo que se conoce como la Nueva Política Económica (NEP).

Propaganda relativa a la NEP

La NEP fue creada para revitalizar al país a causa de la guerra mundial, la revolución, la guerra civil y la hambruna. Esta fue una decisión impuesta por las circunstancias, un “repliegue estratégico” en la construcción del socialismo justificado por el atraso económico de Rusia. “No somos lo suficientemente civilizados para pasar directamente al socialismo, a pesar de que las políticas tienen sus primeros frutos“, declaró Lenin.

En el contexto actual, en la España de 2016, también necesitamos una nueva política económica, que deje atrás el consenso socialdemócrata que padecemos desde hace varias décadas y apostemos por una liberalización de los diferentes sectores económicos y sociales,que nos devuelva a la sociedad civil aquello que el Estado nos ha ido quitando poco a poco coactivamente.

Sin duda ninguna, el mercado que necesita una profunda remodelación, en ese camino de la liberalización, es el mercado laboral. Con una tasa media de paro que supera el 15% en la era democrática, y pasando del 20% en los últimos años, ésta reforma es más necesaria que nunca. Debemos mirarnos más en el espejo de aquellos países, que con más libertad económica, tienen mayor productividad, mayores salarios y menos paro (sin salario mínimo, además).

Otra reforma básica debería ser la relacionada con las pensiones. Pasar de la estafa del sistema de reparto a un sistema de capitalización debería ser el camino para que podamos recuperar algo que el consenso nos ha arrebatado: el ahorro y la responsabilidad.

Sin dejar de lado la más que necesaria liberalización de la sanidad y la educación (homeschooling). Y, por supuesto, el fin del régimen oligopólico de la energía y los combustibles (oligopolio por poder del Estado y no del mercado, como dicen algunos erróneamente). 

En definitiva, apostar más por el liberalismo -inexistente en España-, y dejar atrás experiencias socialistas -en mayor o menor grado- que solo traen pobreza, miseria y ausencia de felicidad.

Iniciativas del cambio

Hace unos días, después del primer debate y correspondiente votación de investidura, en la cual, el candidato socialista Pedro Sánchez no logró conseguir los apoyos necesarios, desde Podemos se lanzó a través de las redes sociales un hashtag llamado #IniciativasDelCambio. El plan era hacer diferenciar entre sus propuestas y las del pacto PSOE-C’s, que eran la continuidad de las políticas llevadas a cabo por el PP en la anterior legislatura, según Podemos.

Estas propuestas seguían el camino del programa electoral del partido de los círculos (aunque cada vez éstos tienen menos importancia y casi todo se decide desde la cúpula). Más control, más impuestos (casi siempre desde el discurso ‘ricófobo’), más gasto, etc. Como buenos populistas que son, desde Podemos han demostrado manejar como nadie la hegemonía de la que nos hablara el filósofo marxista Antonio Gramsci en su momento.

Proponer iniciativas que siguen el sendero del consenso socialdemócrata anclado en España desde hace varias décadas no es cambio. Desprender un aroma a comunismo no suena a ninguna novedad. El cambio, por tanto, no puede venir desde políticas que ya se han aplicado con anterioridad, en mayor o menor grado de intervención estatal.

Proponer unas iniciativas del cambio no es tan complicado: basta con proponer cosas que nunca se hayan visto en el pasado, como son las políticas liberales, invisibles en el consenso actual. Liberalizar sanidad y educación, liberalizar sectores ultra intervenidos (como el suelo o la energía), bajar drásticamente los impuestos, reducir el gasto público desbocado, legalizar las drogas, cerrar las TV públicas, etc.

Llamar #IniciativasDelCambio a propuestas que piden más Estado me parece un insulto a la inteligencia. El cambio debe venir desde propuestas que emponderen de verdad a la gente, es decir, que los políticos devuelvan a la sociedad sectores que han intervenido descaradamente con el paso de los años.

El mito de la austeridad

Una de las palabras más repetidas en la actualidad (sobre todo desde la izquierda y la extrema izquierda) es “austeridad”. Así, echan la culpa a la austeridad del “desmantelamiento del Estado del Bienestar” en España (y en la Unión Europea). ¿Pero es algo real? ¿Existe austeridad en España?

Para comprobar si en España estamos inmersos en un “cruel austericidio” como dicen muchos agentes sociales y partidos políticos, me centraré en los principales indicadores, como son el déficit público, la deuda pública y los gastos e ingresos públicos. Un informe de Fedea nos ayudará a entender un poco mejor todos estos indicadores.

Gastos e ingresos. Déficit público

Como se puede observar, desde que comenzara la crisis económica (2007), el gasto público siempre ha estado por encima de los ingresos. Esta situación, insoportable en cualquier empresa, no así en un Estado, el cual es mantenido por el dinero de los contribuyentes y puede tener pérdidas constantemente, ya que se echará mano de los impuestos para aumentar los ingresos o de la deuda pública, la cual pagarán las generaciones posteriores.

Cuando se gasta más de lo que se ingresa surge el déficit. España ha sufrido (y sigue sufriendo) un déficit público muy elevado. En la actualidad se sitúa en torno al 5% del PIB, pero en años anteriores llegó a alcanzar el 11% del PIB (2009).

Analizando el primer gráfico nos damos cuenta de que los recortes de los que hablan algunos no han sido tales. En 2007, el gasto público estaba por debajo del 40% del PIB, mientras que en 2014 superó el 44%. Es decir, en plena crisis económica, el gasto público aumentó. Mucho más si lo comparamos desde 2003, fecha en la que nadie se quejaba de recortes y “Estado del Bienestar desmantelado”, pese a gastar poco más del 38% del PIB.

Por su parte, los ingresos del sector público se sitúan en 2014 ligeramente por encima de su nivel de 2003.

El gasto en las “políticas de bienestar”

El Estado del Bienestar se caracteriza por 4 políticas públicas: sanidad, educación, pensiones y prestaciones por desempleo. ¿Cuál ha sido el gasto en estas partidas presupuestarias a lo largo de la crisis?

Como indica el estudio citado anteriormente, “el gasto real por habitante se ha reducido en casi 9 puntos entre 2009 y 2014. Esta reducción, sin embargo, llega después de un incremento acumulado de 23 puntos entre 2003 y 2009, con lo que sigue habiendo un incremento neto de unos 14 puntos entre 2003 y 2014, o una ganancia de más de un punto anual en el gasto real por habitante” durante el período analizado (2003-2014).

“Los datos, por tanto, no respaldan la percepción de quienes consideran que desde 2009 se ha producido un enorme recorte del gasto que está comprometiendo gravemente los servicios públicos esenciales, al menos si suponemos que estos funcionaban razonablemente bien antes de la crisis”, señalan los autores del informe.

Tampoco ha habido grandes recortes en sanidad y educación, las dos políticas públicas que “más se han perjudicado desde el Gobierno central del Partido Popular”, según la izquierda y extrema izquierda de nuestro país (Y eso que la competencia de gasto en estas dos políticas públicas corresponde, casi en su totalidad, a las Comunidades Autonómas). Observando el gasto por usuario en sanidad y educación, “el gasto corriente real dividido por el número de usuarios muestra un patrón que ya resulta familiar: fuertes ganancias hasta 2009 seguidas de un recorte en los últimos años de la muestra que nos deja en niveles similares a los existentes al comienzo de la crisis, con ganancias aún muy respetables durante el conjunto del período analizado”, desde 2003.

Como indica Juan Ramón Rallo, no ha habido recortes que hayan desmantelado nuestro Estado del Bienestar. Un gráfico, en la línea de los anteriores, sobre el gasto en políticas del bienestar, nos ayudará a entenderlo.

En la línea del informe de Fedea, Rallo expone cómo ha variado el gasto por habitante en las políticas de bienestar. Desde 1995, se ha producido un aumento año tras año, inclusive los dos primeros años de la crisis económica, para después producirse un ligero recorte desde 2009 hasta 2013, año en el que vuelve a repuntar el gasto en dichas políticas.

Deuda pública

Otro indicador que desmonta el mito de la austeridad es la deuda pública, la cual no ha dejado de crecer durante toda la crisis económica. En diciembre de 2007 teníamos una deuda pública del 35.5% del PIB. A finales de 2015 alcanzaba prácticamente el 100% del PIB.

En solo 8 años la deuda pública española ha aumentado un 65% del PIB, es decir, algo más de 650.000 millones de euros. Desde algunos sectores, que casualmente coincide con aquellos que no dejan de repetir que la austeridad ha mermado el Estado del Bienestar y que hay que poner fin a los recortes, no se ha dejado de repetir que el aumento de la deuda pública es consecuencia del rescate a las cajas de ahorros. Nada más lejos de la realidad. Dicho rescate costó alrededor de 60.000 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas y el Banco de España. La deuda ha aumentado casi 11 veces más que la cuantía del rescate, por lo que no se puede afirmar que el aumento de la deuda pública haya sido consecuencia exclusivamente del rescate a las cajas de ahorros. Rescate que, por otro lado, no tiene nada que ver con el liberalismo y la austeridad.

Conclusión

Por tanto, y como se puede comprobar, en España no ha habido austeridad. Desde 2003 (y años anteriores) el gasto público aumentó considerablemente, para solo reducirse una pequeña parte a partir de 2009. En la actualidad el tamaño del sector público y de los servicios públicos esenciales es superior o similar al nivel registrado en 2007, en plena burbuja y comienzo de la crisis económica.

Como señala el informe en su conclusión, “la historia reciente de las cuentas públicas españolas se parece muy poco a la que se suele contar. Si se abre el foco del análisis y se analiza la evolución del gasto público desde los primeros años del euro (desde 2003 en nuestro caso), en vez de tremendos recortes que llegan ya al hueso del estado del bienestar, lo que vemos es más bien un extraordinario aumento de gasto hasta 2009 que sólo se ha revertido en parte desde entonces”.

La propaganda y el populismo de unos y otros llevan a identificar una falsa austeridad como la causa de un falso Estado del Bienestar desmantelado.

La radicalización de la política: Frente Popular, populismo y hegemonía

La década de 1930 se caracterizó por una España dividida y una Europa dominada por los totalitarismos: fascismo-nazismo y comunismo soviético. La Segunda República, un régimen que no fue democrático ni en los orígenes ni en su propio desarrollo, era la forma de Estado que había en España.

Transcurridos los dos primeros bienios (reformista y radical-cedista), en el horizonte republicano estaba la convocatoria electoral de febrero de 1936. Una España cada vez más dividida estaba llamada a las urnas entre una polarización política “izquierda-derecha” cada vez más evidente.

La radicalización política se había ido expandiendo entre socialistas y comunistas. Las derechas eran demonizadas por las izquierdas, cuya idea era la de un régimen que solo les pertenecía a ellas, como describe Dalmacio Negro en su libro Sobre el Estado en España: "La izquierda se consideró y se proclamó a sí misma la depositaria de la legitimidad republicana". Como consecuencia de ello, ocurre en la actualidad lo siguiente: asociar república con socialismo (e izquierda en general).

A finales de 1935 empezó a gestarse una gran coalición de partidos de izquierdas que se preparaba para las elecciones de febrero de 1936: el Frente Popular. El discurso político del frentepopulismo hizo de la invocación de “lo popular”, y de la unión de las fuerzas “del pueblo”, la matriz simbólica a partir de la cual generar la dicotomía de campos antagónicos en lucha que, frente al fracaso de las insurrecciones violentas y de la huelga general revolucionaria de octubre de 1934, la coyuntura histórica abierta con la convocatoria de elecciones generales a comienzos del 36 conllevó la puesta en práctica de una nueva estrategia política, ahora electoral: la del Frente Popular de las izquierdas.

La radicalización del Frente Popular estuvo precedida de una radicalización de las bases populares en la etapa 1934-1936 y tuvo su detonante en el estallido de la Guerra Civil Española, pues la opción frentepopulista no fue otra que volver a las reformas republicano-socialistas del primer bienio (abril 1931-noviembre 1933).

El transcurso de los acontecimientos reveló que a las elecciones de febrero de 1936 se presentaron dos grandes bloques ideológicos y antagónicos entre sí: la derecha, encabezada por la CEDA, que identificaba al Frente Popular como un “pacto revolucionario bolchevique”; y la izquierda, agrupada en el Frente Popular, integrado por sectores obreros, socialistas, comunistas (aunque éstos no formarían parte de los gobiernos de coalición y la meta final seguiría siendo la de la insurrección revolucionaria y la "dictadura del proletariado", como ha explicado en varias ocasiones el historiador Stanley Payne) y republicanos de izquierdas. Los comunistas habían variado su posición respecto de los socialistas (a los que hasta entonces había considerado como "enemigos" de la revolución) tras el VII Congreso de la III Internacional celebrado en Moscú en el verano de 1935, donde Stalin había lanzado la nueva consigna de formar "frentes antifascistas", abandonando la hasta entonces dominante tesis del Social-fascismo. En definitiva, derechas e izquierdas representaban dos concepciones del Estado (y la sociedad): autoritarismo conservador y autoritarismo-comunismo soviético.

El populismo es la movilización de masas cuyo objetivo es identificar a un “enemigo del pueblo”. Suele desarrollarse a partir de un efecto de causas económicas, por lo que sus raíces (y el enemigo identificado) suelen estar relacionados con la pobreza, la marginación, la desigualdad, algunos problemas sociales, etc.

La aparición del líder populista suele seguir el mismo patrón: exaltación de la personalidad, carisma, providencialismo y demagogia. Simultáneamente se fabrica el “enemigo” o los “enemigos” contra quienes se dirigen todos los reproches y acusaciones y contra quienes se fomenta y canaliza el odio de la colectividad. Es aquí donde se produce la formación de una frontera antagónica que separa al “pueblo” del poder político existente en ese momento.

La “fabricación” del enemigo en el ámbito individual y social es un elemento estratégico a disposición de los populistas y de sus grupos satélites. En su concepción de la política (a partir de que el enemigo es el “malo” y el aliado es el “bueno”)  se crean apoyos, adhesiones y solidaridades internas y también externas a la causa del líder populista.

Como el populismo surge a partir de causas económicas (aunque también puede surgir de causas políticas, es más fácil que el populista consiga apoyos en tiempos de crisis económicas), los grupos de pobreza son los más sensibles a la prédica reivindicatoria y se entregan fácilmente a la seducción del populista. Aquellos grupos más afectados por la crisis económica abrazan con mayor facilidad las ideas del líder.

El populismo se articula con masas enfermas de frustración, pobreza y humillación que, en su desesperanza, se entregan en brazos de caudillos redentores. No resulta exagerado decir que el populismo es una manifestación de una “patología social”. Una especie de síndrome, es decir, un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. Lo fue muy claramente en la Alemania de la primera postguerra mundial con Hitler. Antes lo había sido en la angustiada Italia de Mussolini. A mediados de los años 40 en Argentina fue el fruto de la llamada “década infame” en la que campearon la frustración y la humillación.

El populismo se basa en un discurso de rasgos “redentoristas”, apelando más a la emoción que a la razón y que suele ofrecer soluciones mágicas para los problemas de la gente. El líder se presenta como el símbolo de la redención popular mientras que sus enemigos encarnan todos los males. Es una contraposición dogmática entre el bien y el mal, la redención y la ruina, la honradez y el latrocinio. Los populistas buscan siempre el contacto directo con el pueblo, desechando los métodos de representación política tradicionales, y tienden permanentemente hacia una línea autoritaria de poder. Reivindican para sí un origen popular (se presentan como hombres comunes del pueblo, conocedores de sus problemas, que por sus extraordinarios méritos han asumido el liderazgo) y reclaman constantemente que el pueblo confíe en ellos. El populismo consiste, por tanto, en identificar la voluntad del líder como si fuera la "voluntad del pueblo". Todo lo que vaya en contra del líder será visto como el “no-pueblo” y por tanto, será también el enemigo identificado.

Volviendo a la España del Frente Popular, el “pueblo” sería todo aquel que compartiera las ideas frentepopulistas. Por tanto, el “no-pueblo” serían las derechas, la Iglesia y todo aquello que no compartiera ideas y acciones del Frente Popular; como diría La Pasionaria: “una defensa instintiva del pueblo frente al peligro fascista”. Ese “peligro fascista” era el “no-pueblo”, entre otros.

Para que el populismo sea efectivo, es necesario que haya entrado en juego con anterioridad la hegemonía cultural, desarrollada por el filósofo marxista Antonio Gramsci. Antes de controlar el poder político (de que el “pueblo” le “encomiende” esa tarea al líder populista), es necesario controlar el campo intelectual y moral. Como afirma José Aricó, “para el proletariado la conquista del poder no puede consistir simplemente en la conquista de los órganos de coerción (aparato burocrático-militar) sino también y previamente en la conquista de las masas”.

En base a la hegemonía cultural entra en juego la revolución cultural, concepto desarrollado también por Gramsci y llevado a cabo por Mao Zedong (Mao Tse-Tung), histórico dirigente comunista chino. La revolución cultural significó una persecución inquisitorial y fanática contra todo lo que “olía” a capitalismo y “derechismo” en los mandos gubernativos, políticos y culturales de China. Para Mao era cuestión de movilizar a las masas a fin de expulsar por la fuerza a los seguidores del “camino capitalista”. Por tanto, la revolución cultural consiste en acabar con todo aquello relacionado con el “no-pueblo”, básicamente. Se conquista a las masas eliminando todo aquello que al líder populista no le interese.

Estas prácticas de la radicalización política parecen propias del siglo pasado, pero no son exclusivas de dicho tiempo histórico. En la actualidad lo podemos ver alrededor del mundo, también en España. Movimientos como el 15-M y el partido político surgido de éste, Podemos, son las cabezas visibles del populismo en la política española actualmente. 

Cuando parte de la sociedad ve con buenos ojos términos como “el pueblo”, “los de abajo”, “la gente común”, está claro que la hegemonía cultural se ha llevado a cabo desde el núcleo del populismo hacia las bases (el exterior, las masas). Cuando se emplean términos como “que paguen más impuestos los ricos” están dando a entender que el enemigo identificado por estos movimientos son los ricos, entre otros. ¿Recuerdan que los movimientos populistas obtienen más apoyo entre las clases más desfavorecidas? Ahí tienen otra explicación a ese “que paguen más impuestos los ricos” que no dejan de repetir desde Podemos y demás partidos de extrema izquierda.

Es normal que desde Podemos utilicen todas las tácticas populistas, al fin y al cabo asesoraron a Chávez y Maduro en Venezuela, el adalid del populismo en la actualidad.

Peligrosamente puede acercarse el PSOE a esa radicalización política (que comenzó Rodríguez Zapatero con su acercamiento a los nacionalismos) si acepta un Frente Popular ocho décadas después del que desencadenó la Guerra Civil. Recuerden que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. En este caso, no creo que la ignorancia sea tan grande y en el PSOE no conozcan su propia historia ni la de su país. Aunque si la conocen a veces no demuestran tal. Veremos si el PSOE es capaz de formar parte de otro Frente Popular 80 años después.

Las cuentas de Pedro Sánchez

El camino hacia la formación del nuevo Gobierno va despejando algunas dudas y dejando otras nuevas. Pese a que el PP ganó las elecciones del pasado 20 de diciembre, y por tanto todas las miradas para intentar formar gobierno apuntaban hacia el Presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, éste ha rechazado por dos veces la propuesta de ser él quien intentase formarlo en primer lugar, por lo que el Rey Felipe VI ha encargado dicha misión al candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

Como todos sabemos, los resultados del 20-D fueron una novedad. El actual panorama político también lo es. Por tanto, todo está siendo una novedad a la hora de formar gobierno. Una de esas novedades es que por primera vez el ganador de las elecciones no va a ser el primero en someterse a la confianza del Congreso de los Diputados e intentar formar el Ejecutivo. Otra novedad que llama poderosamente la atención es que el partido que va a intentar formar gobierno en primer lugar (PSOE) ha conseguido sus peores resultados en una elecciones generales (solo 90 diputados, nunca había bajado de 100).

Ahora bien, el camino que tiene Pedro Sánchez por delante no es nada fácil, ni sencillo de saber que puede pasar a partir de ahora. La formación de gobiernos en los sistemas parlamentarios siempre necesita paciencia, demasiada a veces. Esta parece que será una de esas veces.

Como dice el artículo 99 de la Constitución, la primera votación de investidura debe ser superada con mayoría absoluta (176 votos a favor). De no alcanzar dicha mayoría absoluta, se celebraría una segunda votación de investidura 48 horas después de la primera, en la que sería necesario alcanzar la mayoría simple (más votos a favor que en contra, sin contar las abstenciones) para superar la investidura del Presidente del Gobierno.

Pero Pedro Sánchez lo tiene muy complicado ahora mismo para formar Gobierno, a la vista de resultados electorales y declaraciones de los candidatos restantes. Todos hablan de dos caminos para Sánchez: pacto con Ciudadanos y abstención del PP por un lado, y pacto con Podemos e IU-UP (junto a nacionalistas) por otro. Habría un tercer camino posible, pero rechazado por Albert Rivera y por Pablo Iglesias: un pacto PSOE-Podemos-Ciudadanos. Me centraré, por tanto, en los dos primeros caminos.

Primer camino: Ciudadanos y PP

 Es el favorito de algunas viejas glorias del PSOE y por lo que Rajoy apostaba, salvando las distancias de que para el actual Presidente debía ser el PP quien encabezara dicho pacto al ser el partido más votado.

Sería investido en segunda votación, pero no es un pacto viable, ya que el Partido Popular ha dicho que no apoyará (ni con voto a favor ni mediante abstención) a un candidato que no sea Mariano Rajoy. 

Segundo camino: Podemos e IU-UP

Este es el pacto del “gobierno de cambio y progresista” que propone Pablo Iglesias. El problema de este camino es que se necesitaría que entraran en juego los nacionalistas catalanes: ERC y DyL. Y ambos han dicho que su decisión es votar en contra de Pedro Sánchez. Si se mantienen firmes en ese voto en contra, este camino sería imposible. También Ciudadanos ha dejado clara su intención de votar en contra de cualquier pacto en el que esté presente Podemos.

Aunque el resto de partidos (PNV, EH-Bildu y CC-PNC, que suman 9 diputados) votara a favor de Pedro Sánchez, los votos a favor solo alcanzarían los 170, por lo que la investidura no saldría adelante por este camino si se cumple dicho escenario. 

Para que Pedro Sánchez logre la investidura por este segundo camino, es necesario que se abstenga uno de los partidos nacionalistas catalanes mientras que los nacionalistas vascos voten a favor. Si los nacionalistas vascos votan en contra, sería necesario el voto a favor tanto de ERC como de DyL (178 a favor; 172 en contra). Podrían entrar en juego las abstenciones de unos u otros, con lo que variaría la necesidad de apoyos del resto.

Lo que queda claro es que los nacionalistas catalanes tendrán mucho más peso que los nacionalistas vascos en la negociación, ya que si ERC y DyL votan SÍ y PNV y EH-Bildu votan NO, Pedro Sánchez sería investido, como acabo de decir. Pero si ocurre lo contrario (nacionalistas catalanes votan NO y nacionalistas vascos votan SÍ), el candidato socialista no lograría los apoyos necesarios para superar la investidura (169 a favor; 180 en contra).

En política todo puede cambiar. Lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro y pasado mañana gris. Pero a día de hoy, y mientras el PP siga rechazando apoyar a otro candidato que no sea Rajoy, mientras Podemos y Ciudadanos sigan rechazando ir juntos en un pacto y mientras los nacionalistas catalanes sigan convencidos de votar en contra, no hay investidura posible para el candidato del PSOE. Las cuentas, hoy por hoy, no le salen a Pedro Sánchez.

El Estado contra la voluntad del individuo: el caso de las drogas

Los Estados modernos, en su intento de crear “ciudadanos modelos”, han impuesto una serie de normas y leyes injustas, en contra de la propia Ley, que diría el economista liberal Frederic Bastiat, la cual debe proteger de ataques ajenos, únicamente, Vida, Libertad y Propiedad de cada individuo. Una de esas leyes es la ilegalización de las drogas. Dentro de las muchas libertades que los poderes públicos han ido arrebatando a los individuos, la cuestión de las drogas es una de ellas.

Las drogas deberían ser legalizadas y liberalizadas. Tanto la producción como la distribución y el consumo. Es una cuestión del más básico individualismo: mi cuerpo me pertenece a mí y tu cuerpo a ti. Por tanto, debe ser el individuo quien decide qué sustancias toma o deja de tomar, aun cuando sean sustancias que le perjudiquen -juicio que debe realizar el individuo-, pero nunca debe ser el Estado (políticos y burócratas, básicamente) quien haga de padre de cada uno de nosotros y nos diga lo que debemos hacer o no en cada acción que realicemos. Cada uno debe ser libre de consumir lo que desee, mientras no haga daño y atente contra otros.

La Guerra contra las Drogas (War on Drugs)

La Guerra contra las Drogas (la cual comenzó el Gobierno de EE.UU. presidido por Richard Nixon) no es más que la persecución del Estado hacia individuos libres y responsables, que deciden hacer uso de sustancias que los propios poderes públicos consideran que son dañinas. Pero dicha Guerra ha sido (y sigue siendo) un auténtico fracaso. Ha fracasado en impedir el abuso de las drogas. Ha fracaso en evitar muertes por consumo de drogas. Ha fracasado en mantener las drogas fuera de las manos de los adictos. Ha fracasado en mantener las drogas lejos de los adolescentes. Ha fracasado en reducir la demanda de drogas. Y ha fracasado en detener la violencia asociada con el tráfico de drogas.

A la hora de evaluar la Guerra Contra las Drogas, la interrogante radica entonces en si todas estas vidas perdidas, todo el dinero, toda la violencia, toda la corrupción y la formidable erosión de las libertades civiles está dando sus frutos. Quizá baste con citar la primera frase del informe Evaluación nacional sobre la amenaza de la droga, en su edición de 2010: “En general, ha aumentado la disponibilidad de drogas ilícitas”.

La Guerra contra las Drogas ha fracasado en todos sus objetivos, pero sí ha servido paraenviar a prisión a personas cuyo único “delito” ha sido el consumir una sustancia prohibida o simplemente venderla, saturando de este modo las cárceles de todo el mundo. Como dice Walter Block, hay muchas razones para oponerse a la ilegalización de las drogas, pero la principal es que viola el principio de no agresión, ya que el Estado usa la violencia contra usuarios pacíficos y empresarios que suministran este bien. La Guerra contra las Drogas ha servido para reforzar el Estado Policía: vigilancia y paternalismo llevados al extremo.

No son criminales ni deben estar en la cárcel

Por tanto, aquellos que quieran producir y distribuir drogas dentro de un mercado libre, mediante oferta y demanda y sin agresiones ni obligaciones a terceros, deben tener la libertad de hacerlo. Y aquellos que deseen comprar y consumir, igual. Pese a lo que se ha ido inoculando en las sociedades modernas, los productores, distribuidores y consumidores de drogas no son criminales, mientras que accedan libremente y por convencimiento propio. Las cárceles de todo el mundo están repletas de personas asociadas a la droga, siendo una vejación hacia un individuo que debe ser libre para decidir qué consumir.

Es por ello que, una vez se legalizaran y liberalizaran las drogas, el dinero destinado a mantener la Guerra contra las Drogas debería ir destinado a combatir a los verdaderos criminales: los que le violan los derechos a los demás (asesinos, violadores, ladrones, grupos terroristas, estafadores, etc.)

La legalidad de una sustancia responde, simple y llanamente, a la arbitrariedad del Estado. Como digo, quienes producen o consumen drogas no son criminales porque el Estado prohiba dichas sustancias. Si mañana se prohibiera el alcohol y el tabaco, ¿serían criminales los millones de españoles que lo producen, distribuyen y consumen? Por supuesto que no; lo mismo sucede en el caso de las drogas ilegales.

Así pues, debemos dejar atrás el paternalismo estatal, ser responsables de nuestros actos y consumir lo que deseemos mientras no impongamos y obliguemos a terceras personas. Ya va siendo hora de ser libres e independientes. Para ello, entre otras cosas, es hora de legalizar y liberalizar la producción, distribución y consumo de drogas. El Estado contra la voluntad del individuo: las drogas es un claro ejemplo de ello.

Goyo, yo nunca te olvidaré

Hoy hace 21 años que esos hijos de puta de la ETA te asesinaron. Yo tenía poco más de 1 año, no te recuerdo, pero no por ello ignoro quién eres, lo que hacías y por qué te mataron.

Sé que esos cobardes te quitaron la vida porque no te soportaban; no aguantaban la valentía que demostrabas tener, siempre sin complejos, defendiendo tus principios ante las amenazas de esos asesinos. Nunca te doblegaste, tuvieron que dispararte para que, una vez muerto, ellos consiguieran lo que no consiguieron mientras tú estabas vivo.

El PP en el País Vasco era lo que era en gran medida gracias a ti, a tu valentía y a tu lucha por la libertad. De ese PP ya queda más bien poco. Ahora, algunos de tu partido prefieren olvidarte y reírles las gracias al brazo político de aquellos que acabaron con tu vida; los que deberían tenerte siempre presente parece que te olvidan. Han perdido toda dignidad.

Siento que tu lucha por la libertad en el Pais Vasco -y en el resto de España- la han tirado por tierra algunos de los que deberían llevar siempre tu nombre y tu recuerdo por delante. Y eso me duele.

Por eso, hoy, cuando se cumplen 21 años de tu asesinato, quiero decirte que yo no te olvidaré, y siempre me acordaré de que fuiste -y eres- el modelo de político que ante las amenazas, no solo no se rinde, sino que da lo mejor de sí. Gracias.

Descansa en paz, Goyo.

La proporcionalidad electoral en España

Los efectos de todos los sistemas electorales, mayoritarios o proporcionales, apuntan en la misma dirección de la desproporcionalidad, aunque existan ciertas diferencias de grado y todos ellos busquen evitar, al fin y al cabo, una desproporcionalidad extrema.

De forma más específica, todos los sistemas electorales producen, en primer lugar, efectos mecánicos, que consisten en la sobrerrepresentación de los dos primeros partidos, en mayor medida del primero, al “traducir” los votos en escaños; dicho de otra manera, en el momento de la distribución de los escaños, los dos primeros partidos suelen lograr más escaños que los que les corresponderían. El reparto de escaños es una operación de suma-cero, por lo que esas primas para los dos primeros partidos conllevan penalizaciones para los demás, que resultan así infrarrepresentados. Es lo que se ha denominado la desfragmentación de los sistemas de partidos por efecto de los sistemas electorales, o al menos el “efecto reductor” en palabras del politólogo italiano Giovanni Sartori.

En segundo lugar, los sistemas electorales desarrollan también efectos psicológicos, que tienen dos clases de manifestaciones, según se proyecten sobre las élites políticas o sobre los electores. En lo que se refiere a las élites, estos efectos psicológicos se concretan en las estrategias diseñadas para la obtención de los máximos beneficios del sistema electoral -por ejemplo, formando coaliciones electorales-, o para la aminoración de sus consecuencias negativas. En lo referente a los electores este tipo de efectos se manifiesta en lo que se ha denominado el voto útil, también llamado voto estratégico, consistente en la percepción de que el partido que les gustaría elegir no tiene muchas posibilidades de lograr representación, optando entonces por otro partido para no “desperdiciar” su voto. Suele incrementarse así el número de votos de los partidos más grandes en detrimento de los demás.

El sistema electoral español no es indiferente; siempre ha sido criticado por la falta de proporcionalidad, es decir, por la sobrerrepresentación de los partidos grandes y la inversa, la infrarrepresentación en el caso de los partidos pequeños. Se suele acusar al sistema electoral de que los partidos que más votos consiguen obtienen un porcentaje de escaños superior respecto a los votos. El pasado 20 de diciembre hubo elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado -y no al Presidente del Gobierno como muchos piensan equivocadamente-, por lo que podemos comprobar mediante los resultados electorales la proporcionalidad existente en España.

Como podemos observar, hay dos partidos especialmente favorecidos por el sistema electoral, lo que se ha venido llamando “bipartidismo”: PP y PSOE. Y dos partidos a los que les han “robado” escaños: Ciudadanos e Izquierda Unida-Unidad Popular, el cual ha sido más perjudicada con un 3.1% de escaños menos que de votos.

¿Es este un comportamiento natural del sistema electoral español o se viene mostrando solo recientemente? Si comprobamos esto mismo en las anteriores elecciones generales, nos daremos cuenta de la relación escaños-votos en los distintos partidos a lo largo de la historia electoral reciente de España.

Observamos que tradicionalmente PP y PSOE consiguen más escaños que votos, es decir, están sobrerrepresentados -excepto en las elecciones de 1977 y 1979 cuando AP era un partido minoritario-. El sistema electoral español perjudica a partidos menos votados, como vemos en el cuadro con la serie histórica del PCE e IU.

Por lo que podemos afirmar que el sistema electoral español premia a los partidos de ámbito estatal más votados y castiga a los menos votados. Dentro de los partidos de ámbito no estatal (PANE), los partidos regionales concentran su apoyo en un territorio concreto y no hay apenas diferencia entre escaños y votos, manteniéndose estable a lo largo de las diferentes elecciones que se han celebrado en España.

La circunscripción única

España obtiene estos resultados con un sistema electoral que es plurinominal cuyas circunscripciones son las provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla -en total son 52 circunscripciones-. Si la circunscripción fuera única, es decir, que solo hubiera una circunscripción (todo el territorio español), ¿cambiaría el resultado de la proporcionalidad? Para calcular la proporcionalidad en dicho escenario he utilizado los resultados electorales y he calculado los escaños que ganaría cada partido si no hubiera circunscripciones provinciales y solo existiera una circunscripción nacional.

Por otro lado, he querido calcular los escaños -también bajo circunscripción única- que ganaría cada partido en dos casos diferentes: un Congreso de 300 diputados y un Congreso de 400. Actualmente el Congreso de los Diputados cuenta con 350 escaños, pero el artículo 68 de la Constitución Española refleja lo siguiente: “El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley”, por lo que me ha parecido interesante hacer el cálculo con el mínimo y el máximo de diputados posibles y analizar si varía la proporcionalidad electoral. 

Una vez visto cómo quedaría el Congreso de los Diputados en función del número de escaños y la diferencia en la proporcionalidad, nos damos cuenta que los resultados actuales son los menos proporcionales de los cuatro escenarios analizados. Sin duda parece que utilizar solo una circunscripción que abarque todo el territorio nacional ayudaría a encontrar (a priori) una solución hacia una mayor proporcionalidad, sobre todo en el caso de los partidos menos votados.

Esto nos deja claro que el problema de la desproporcionalidad en España no es culpa del sistema D’Hondt, como muchos suelen decir, sino del tamaño de las circunscripciones. Ya vemos que con una sola circunscripción no habría, en principio, problema alguno respecto a la proporcionalidad, y también se utilizaría el sistema de reparto de escaños actual. Un análisis de Politikon ayuda a entender el problema del tamaño de las circunscripciones.

Como vemos en esta imagen, la proporcionalidad aumenta conforme aumenta el tamaño de la circunscripción. En las circunscripciones grandes, como Madrid o Barcelona, no existe una distorsión tan grande como ocurre en las circunscripciones más pequeñas, donde menos escaños se reparten, como pueden ser Zamora y Soria en el ejemplo. Esto ocurre porque en muchas circunscripciones pequeñas hay más partidos que escaños en juego, por lo que es imposible que todos los partidos obtengan representación, y si la obtienen, es muy complicado que sea proporcional a los votos.

Por tanto, el problema de la desproporcionalidad lo tenemos en el tamaño de las circunscripciones, sobre todo en las pequeñas, donde se reparten 5 o menos escaños. Decía antes que España tiene 52 circunscripciones electorales, de las cuales 28 son pequeñas. El resto se reparten entre 17 circunscripciones medianas -entre 6 y 9 escaños- y 7 circunscripciones grandes -a partir de 10 escaños-. Más de la mitad de las circunscripciones españolas son pequeñas, donde más se acentúa la desproporcionalidad electoral. Es lo que se conoce como sesgo mayoritario: muchas circunscripciones eligen pocos diputados. Esta es una de las causas de la desproporcionalidad electoral en España.

La circunscripción autonómica

Como decía antes, la ley electoral española está basada en las circunscripciones provinciales para las elecciones generales. Ya hemos visto que la proporcionalidad electoral se ve más resentida con dichas circunscripciones provinciales que si fuera una circunscripción única de todo el territorio nacional. Pero qué ocurriría con la proporcionalidad si la circunscripción fuera autonómica, es decir, cada circunscripción para el reparto de escaños fuera cada una de las comunidades autónomas. Para ello sumamos el número de escaños que reparte cada provincia para saber cuántos escaños repartiría cada comunidad autónoma. En este caso solo puedo hacer una simulación para un Congreso de 350 escaños, ya que es imposible saber cuántos escaños repartirían cada comunidad en el caso de que el Congreso estuviera formado por 300 ó 400 escaños.

Como podemos comprobar, no existe una diferencia muy pronunciada entre la proporcionalidad existente con la circunscripción provincial y la que habría con la circunscripción autonómica. Tan solo hay un partido de diferencia (Nós), con lo que tampoco estaríamos hablando de un Congreso muy variado en cuanto a su fragmentación.

El partido más beneficiado con la circunscripción autonómica respecto al sistema actual sería Izquierda Unida, como en los tres casos vistos anteriormente. No hay duda de que Izquierda Unida es la gran perjudicada con la circunscripción provincial que utilizamos para las elecciones generales.

Con el sistema de circunscripción autonómica, los partidos más votados seguirían estando sobrerrepresentados, aunque algo menos que en la actualidad. En cuanto a los partidos regionales no existen grandes diferencias entre ambos tipos de circunscripción.

Por lo tanto, y como hemos visto, la proporcionalidad electoral mejoraría con la implantación de la circunscripción única, y la variación del número de diputados en el Congreso, sin apenas diferencia entre 300 y 400. Creo que el problema está más en el tamaño de la circunscripción (que no tiene que ver con el número de electores, sino con el número de escaños asignados) y no tanto en el número de escaños del Congreso de los Diputados.

El prorrateo electoral

Otra causa de la desproporcionalidad electoral en España es lo que se conoce como prorrateo, es decir, el modo en que se asigna el número de escaños que van a repartirse en cada circunscripción.

La regla de reparto de escaños entre las provincias combina criterios de representación territorial y de representación inorgánica de la población. Por un lado, se reparten 100 escaños a partes iguales entre las 50 provincias, más uno para Ceuta y otro para Melilla -el 29% de los escaños-; por otra parte, se distribuyen 248 escaños -el 71% restante- entre las provincias, ya excluidas Ceuta y Melilla, de manera proporcional a la población. Como resultado, casi todas las provincias tienen un mínimo de tres diputados -excepto Soria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla-. Dado que el reparto de la población española es muy desigual entre las provincias, lo que se produce es una acusada sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas y la infrarrepresentación de las más pobladas.

El siguiente gráfico presenta un diagrama de dispersión de las proporciones del censo electoral de cada circunscripción y el número de escaños asignados en las 572 observaciones disponibles -las 52 circunscripciones en once convocatorias electorales-. El gráfico incluye como referencia una recta hipotética que representa un prorrateo demográfico si a cada distrito le correspondiese el número de escaños proporcional a su censo electoral.

Fuente: Revista Española de Ciencia Política: “La desigualdad en el sistema electoral español y el premio a la localización del voto”. Alberto Penadés y Salvador Santiuste.

En este gráfico podemos ver un déficit de representación en las provincias más pobladas. Una ecuación que predice con bastante precisión el número de escaños de una circunscripción es “escaños = 1.9 + 2.5 * (porcentaje del censo)”. Esto quiere decir que a una circunscripción (distrito) en el que resida alrededor del 2% del censo le corresponden, en promedio, siete escaños, con los que estaría proporcionalmente representado -siete escaños es igual al 2% del Congreso de los Diputados-.

Las circunscripciones de mayor población están infrarrepresentadas, pues por cada punto porcentual del censo electoral obtienen, en promedio, 2.5 escaños, uno menos de los 3.5 escaños que resultaría del prorrateo proporcional de 350 asientos. Cuanto mayor es la población de la circunscripción, mayor es el déficit de representación. Las circunscripciones con menos del 2% del censo electoral están, en general, sobrerrepresentados. Una circunscripción en la que vota el 1% del censo tiene, en promedio, un escaño más que lo que sería equitativo.

Fuente: Revista Española de Ciencia Política: “La desigualdad en el sistema electoral español y el premio a la localización del voto”. Alberto Penadés y Salvador Santiuste.

Este gráfico muestra la coincidencia entre circunscripciones de pequeña magnitud y sobrerrepresentadas, así como entre circunscripciones grandes e infrarrepresentadas. La variable “peso del voto” es la razón entre la fracción del parlamento que se elige en cada distrito y la fracción del censo electoral que realiza la elección. Si el valor es uno, o cercano a uno, se cumple el ideal de “un ciudadano, un voto”.

Como podemos apreciar, las circunscripciones grandes -de 10 o más escaños- están generalmente infrarrepresentadas. Las circunscripciones pequeñas -hasta 5 escaños- están generalmente sobrerrepresentadas. Las circunscripciones intermedias se encuentran, en promedio, proporcionalmente representadas.

Como decía antes, el prorrateo es otra de las causas de la desproporcionalidad electoral. Circunscripciones menos pobladas que reparten más escaños de los que deberían. Circunscripciones grandes que reparten menos escaños. Es otro de los problemas que habría que solucionar para mejorar la proporcionalidad electoral española.

El sesgo conservador

Otra causa de la desproporcionalidad existente en el sistema electoral español es lo que se conoce como sesgo conservador, es decir, que UCD-PP cuando han ganado las elecciones generales, lo han hecho con una ventaja mayor a la que obtiene el PSOE respecto a esos dos partidos cuando resultan vencedores los socialistas. Este sesgo tiene su origen en la Transición y la configuración de la Ley Electoral.

Si queremos comparar el rendimiento que obtienen del sistema electoral dos partidos que compiten por la mayoría debemos adoptar el punto de vista de la competición entre ambos, por lo que interesa conocer las diferencias de votos y las diferencias de escaños que los separan. Más aún, lo que nos interesa es conocer qué margen de victoria en escaños concede el sistema electoral al ganador a partir un cierto margen de victoria en votos.

Una forma natural de medir esto consiste en calcular el multiplicador del margen de victoria electoral, es decir, cuántas veces es mayor la diferencia en escaños que la diferencia en votos que separan al partido ganador en unas elecciones de su inmediato competidor.

Fuente: Revista Española de Ciencia Política: “La desigualdad en el sistema electoral español y el premio a la localización del voto”. Alberto Penadés y Salvador Santiuste.

En este gráfico observamos la diferencia entre votos y escaños del PSOE respecto a UCD y AP/PP. Las cifras negativas indican las elecciones en las que el PSOE resultó perdedor y las cifras positivas aquellas en las que obtuvo más votos y escaños que su competidor. Visto desde esta perspectiva, la victoria del PP en 1996 sobre el PSOE ha sido la más amplificada por el sistema electoral, pues el margen de diferencia en escaños es más de tres veces superior al margen de victoria en votos. Por otra parte, la distancia que separaba a la UCD del PSOE en el parlamento era entre 2,5 y 3 veces superior a la distancia que les separaba en votos.

Sin embargo, la amplificación del margen de victoria del PSOE sobre AP o el PP tiene valores más moderados, no alcanzando nunca el 1,5. Las elecciones de 1989 son aquellas en las que el sistema electoral más parece haber ayudado al PSOE para obtener sus resultados respecto a su inmediato perseguidor, en este caso, el PP.

Por tanto podemos afirmar que las victorias en votos del PSOE se amplifican con moderación, o incluso no lo hacen, mientras que las victorias en votos del PP -o de la UCD- encuentran una respuesta más favorable en el margen de escaños sobre su competidor.

Fuente: Revista Española de Ciencia Política: “La desigualdad en el sistema electoral español y el premio a la localización del voto”. Alberto Penadés y Salvador Santiuste.

Este cuadro presenta el porcentaje de votos que obtuvo en las elecciones cada uno de los dos primeros partidos en los distintos distritos. Los datos permiten comprobar que la localización del voto de uno y otro es bastante diferente, lo que ayuda a explicar las distintas ventajas.

En las elecciones de 1977 y 1979 la UCD y el PSOE tenían pautas de localización claramente inversas, dándose el caso de que el PSOE ganaba las elecciones en los distritos grandes. En 1982 la localización del voto del PSOE todavía varía de forma considerable con la magnitud de los distritos electorales, pero esta es una pauta que va perdiéndose a lo largo de las sucesivas elecciones. Entre 1982 y 1989 el PSOE pierde más votos en las circunscripciones mayores que en el resto. En 1989 el PSOE obtiene por primera vez un porcentaje de votos ligeramente superior en el área de los distritos pequeños que en la de los grandes, lo que se encuentra relacionado con su relativamente anómala ventaja electoral de entonces. A partir de 1993 la implantación territorial del electorado del PSOE se vuelve bastante uniforme, siendo frecuente la pauta de éxito relativo tanto en el sector más mayoritario como en los distritos grandes observados.

Por el contrario, el voto del PP presenta siempre una correlación negativa con la magnitud de los distritos, semejante a la de la UCD, aunque más moderada: más votos cuanto más pequeñas son las circunscripciones. Para la UCD fue extrema: en 1977 la UCD tenía 17 puntos más de apoyo en los distritos pequeños que en los grandes. Esta pauta de localización se ha ido suavizando con AP y el PP, y con el tiempo, al menos en términos relativos, dado que el voto del PP ha crecido algo más deprisa en las circunscripciones grandes que en las restantes. Con todo, en 2004 el PP volvía a tener 10 puntos más de apoyo en las zona más mayoritaria que en la más proporcional, como en los años ochenta, aunque ese diferencial se redujo a la mitad -y a su mínimo- en 2008.

Se observa una interesante pauta entre los subsistemas en la conformación del tipo de mayoría. Cuando el parlamento ha tenido un vencedor por mayoría absoluta -1982, 1986, 1989, 2000 y 2011- el partido ganador gana las elecciones en los tres subsistemas -los tres tipos de circunscripciones-. En el resto de las ocasiones, cada partido gana en su área “natural” desde la Transición: la derecha en el mayoritario -circunscripción pequeña- y la izquierda en el proporcional -circunscripción grande-; mientras que los distritos de la zona media otorgan la mayoría parlamentaria, que en estos casos nunca es absoluta.

En conclusión, salvando las elecciones en las que uno de los partidos domina claramente al segundo, el PSOE gana las elecciones en el área menos rentable y las pierde en el área donde más ventaja se obtiene, y lo contrario sucede para UCD/PP. Como resultado, su derrota en el conjunto del país queda relativamente amplificada en el parlamento, o sus victorias poco magnificadas, lo contrario de lo que sucede para UCD/PP. Esto es lo que se conoce como el sesgo conservador del sistema electoral español.

Hemos visto la proporcionalidad electoral en España, sus causas y sus posibles soluciones. A modo de resumen:

-          Todos los sistemas electorales generan, en mayor o menor medida, desproporcionalidad. Efectos mecánicos – efectos psicológicos.

-          El sistema electoral español premia a los partidos de ámbito estatal más votados y castiga a los menos votados. En cuanto a los partidos de ámbito no estatal suele haber proporcionalidad al estar concentrados en un territorio determinado.

-          La circunscripción única es más proporcional que la circunscripción provincial utilizada en el régimen electoral de España para las elecciones generales. Un Congreso con 300 ó 400 escaños también sería más proporcional utilizando en ambos casos la circunscripción única.

-          La proporcionalidad de la circunscripción autonómica apenas se diferencia de la circunscripción provincial.

-          Una de las causas de la desproporcionalidad es el elevado número de circunscripciones pequeñas. Sesgo mayoritario.

-          La proporcionalidad aumenta conforme aumenta el tamaño de la circunscripción -recuerden que el tamaño de una circunscripción no tiene que ver con el número de habitantes, sino con el número de escaños asignados-.

-          Otra de las causas de la desproporcionalidad es el prorrateo. Circunscripciones pequeñas sobrerrepresentadas y circunscripciones grandes infrarrepresentadas.

-          La derecha obtiene una ventaja mayor respecto a su competidor cuando gana las elecciones que cuando lo hace la izquierda. Sesgo conservador. 

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