martes, 26 de mayo de 2020

La sostenibilidad presupuestaria: los recortes vienen en camino

España se encuentra, al igual que otros países de nuestro entorno, en una crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria que se padeció hace pocas semanas como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Esta crisis económica acaba de comenzar y ya deja destellos de lo que acabará siendo; por ejemplo, la destrucción de empleo, el aumento del gasto público por los estabilizadores automáticos, la pérdida de ingresos impositivos por la caída de la actividad económica, etc. Todo ello nos da cierta idea del escalabro que se va a producir en el déficit público y, por tanto, en la deuda pública.
Los datos reflejan que España parte de una situación muy negativa. El déficit público de 2019 se situó en el 2,8% del PIB (un aumento de 0,3% del PIB respecto al déficit de 2018), con un aumento del déficit estructural. Por su parte, la deuda pública se situó en un 95,5% del PIB. En ambas variables económicas nos situamos en posiciones de cabeza respecto a los países de la UE. Los efectos económicos de la pandemia harán que tanto el déficit como la deuda se disparen. Así, el Gobierno prevé, en su Programa de Estabilidad, un déficit que sobrepasaría el 10% del PIB en 2020. En esta línea se han pronunciado diferentes instituciones y organismos económicos, como el Banco de España, la AIReF, BBVA Research, Funcas, etc. Todos ellos coinciden en que el déficit público de 2020 sobrepasará dicho 10%. Por otro lado, el Programa de Estabilidad prevé que la deuda pública ascienda este año hasta el 115,5% del PIB. Estas instituciones y organismos económicos a los que hago referencia también prevén una deuda pública que sobrepase el 110% del PIB, en función de los escenarios y el comportamiento de la economía española respecto a las medidas sanitarias y las fases de desescalada.
Así pues, queda claro, en base a dichas estimaciones, que España comenzará 2021 con unas cuentas públicas en una situación nefasta. Las consecuencias económicas del Covid-19 ahondarán en la nefasta gestión de los últimos años y el poco esfuerzo realizado por alcanzar la sostenibilidad fiscal. La recuperación económica post coronavirus no está garantizada y prueba de ello es que el Gobierno abandonó hace semanas la idea de recuperación en «V» y ahora habla de «V asimétrica», una especie de eufemismo que confirma que la recuperación llevará su tiempo y la vulnerabilidad de la economía previa al shock de 2020 puede mermar la capacidad de dicha economía para volver al nivel previo a esta crisis.
¿Cuál debe ser, pues, la línea a seguir por el Gobierno? La situación fiscal deja un escenario con dos caminos: subir impuestos para aumentar la recaudación o reducir el gasto público, o bien un mix de ambas. La evidencia nos dice que a la hora de enfrentar una recesión económica, reducir el gasto produce menos efectos adversos en la economía que aumentar los impuestos. Ahora bien, la ideología del Gobierno propugna lo contrario: subir todos los impuestos que sean posibles; ni una palabra de reducción y racionalización del gasto.
Ahora bien, subir los impuestos en una crisis originada por un shock de oferta no es lo ideal. Y menos, disfrazarlo de un aumento solo a rentas altas, patrimonios superiores a 1 millón de euros y grandes empresas. El déficit público ascenderá, como mínimo, a unos 120.000 millones de euros. La recaudación de dichas medidas no llega, ni en el mejor de los casos, a 20.000 millones (sin tener en cuenta que las previsiones de ingresos no son realistas; por ejemplo, el Impuesto a las Grandes Fortunas propuesto por Podemos prevé recaudar 11.000 millones, cuando el Impuesto de Patrimonio, similar a aquél, apenas recaudó algo menos de 3.000 millones en pleno auge económico de 2007). El Gobierno sabe que, por un lado va a subir los impuestos a todos, no solo a lo mencionado anteriormente y, por otro lado, va a tener que recortar el gasto público, quiera o no.
España terminó 2019 con un 2,8% del PIB de déficit público y un déficit estructural que sobrepasó el 3% del PIB. Los efectos del coronavirus provocarán un aumento de ambos. El déficit estructural se podría situar en el 5% del PIB, según la Comisión Europea. Quien piense que solo subiendo impuestos se soluciona todo, está equivocado.
La mejora de la eficiencia del gasto público, como aconsejan continuamente desde el Banco de España o la AIReF, entre otros, es primordial. Los recortes en ciertas partidas presupuestarias consideradas superfluas, burocracia, servicios públicos que puedan ser externalizados, ámbitos de actuación pública que deberían liberalizarse, etc., inevitable, si no queremos que nuestra vulnerabilidad económica derivada de una nefasta situación fiscal empeore.
La «sostenibilidad presupuestaria» es la capacidad de un Gobierno para mantener a medio y largo plazo su nivel de gastos e ingresos, sin disparar el nivel de deuda/PIB, es decir, que su solvencia no se vea amenazada ni incumpla ninguna de sus obligaciones o gastos comprometidos. Del mismo modo, dicha sostenibilidad, de la mano de un sector público eficiente, es el binomio que permite un crecimiento económico sostenido y sostenible, un aumento del bienestar y aquel que hace posible las reformas necesarias que favorezcan la creación de empleo.
Este ha sido un reto de España en los últimos años, en la que la deuda pública se ha disparado desde el 35% del PIB en 2007 al actual 95,5% del PIB y las previsiones de una deuda > 115% PIB para el final de este año. Confiar la sostenibilidad de las cuentas públicas tan solo en un aumento de la recaudación en una situación como la actual (cayendo el empleo, el consumo y la inversión) es de ciencia ficción. La sostenibilidad presupuestaria también pasa por un recorte del gasto público, junto a una mejora de la propia eficiencia de dicho gasto.
No podemos confiar en que poniendo más piedras en el camino evitaremos caernos más. Todo lo contrario, hay que limpiar el camino y poder aligerar la mochila que soportamos en nuestra espalda. Solo así alcanzaremos la meta.

viernes, 15 de mayo de 2020

Por qué el Gran Confinamiento va a tener un mayor impacto negativo que la Gran Recesión

Actualmente el mundo se encuentra bajo una pandemia (Covid-19) que está causando numerosos daños. A la pérdida de vidas humanas tenemos que sumarle los daños económicos que ya ha empezado a causar y que seguirá causando en las próximas semanas y meses, incluso años. La crisis sanitaria derivó en el confinamiento que supuso el estado de alarma decretado en marzo.

De esta crisis sanitaria deriva, antes o después, una crisis económica. Un shock de oferta por cierre forzado de la economía que se traslada, lógicamente, en parte a la demanda. El doble shock de oferta y de demanda provocado por la pandemia y las medidas de confinamiento, unido al hundimiento de los intercambios internacionales, ha provocado un parón de la actividad que se extiende a través de todos los continentes.

En este artículo no pretendo hacer predicciones cuantitativas de la caída de la economía española, sino dar algunas razones por las que pienso que esta crisis (el Gran Confinamiento, 2020-?) va a tener un mayor impacto en nuestro país respecto a la Gran Recesión (2008-2013), cuestión en la que coinciden todos los organismos económicos nacionales e internacionales, además de economistas de prestigio; y por qué España va a sufrir algo más que las economías de nuestro entorno, en base a su modelo productivo y la posición dominante del turismo y otras actividades más afectadas por las medidas de confinamiento y paralización de la actividad económica de las últimas semanas. 

Peor que la Gran Recesión (de dónde venimos) 

Para hacer un análisis sobre la incidencia de ambas crisis, voy a comparar la situación de la economía española en dos periodos de tiempo (las etapas de crecimiento económico previas), comparando la media de ciertas variables e indicadores económicos. El primer periodo corresponde a los años 1996-2007 (aunque esta fase de crecimiento comienza en 1994, los datos que proporciona la Contabilidad Nacional respecto a 1994 y 1995 son algo confusos) y el segundo, a los años 2014-2019. 

Lo primero que hay que señalar es que la actual fase de crecimiento ha sido menor (6 años) en comparación con la anterior (14 años), empezando a reflejar una economía más débil respecto al crecimiento de los 90 y principios de siglo. 

A su vez, esta fase de crecimiento se ha caracterizado por una desaceleración económica, es decir, un crecimiento cada vez menor, mientras que la fase de crecimiento previa a la Gran Recesión se mantuvo estable hasta que cayó a finales de 2008 y se desplomó en 2009. 

Por el mismo camino, la actual fase de crecimiento ha tenido un crecimiento medio del PIB menor (2,6%) respecto a la anterior etapa de crecimiento (3,7%). Hemos crecido menos años y con menor amplitud. A su vez, el consumo y la inversión han sido, de media, menores entre los años 2014-2019 que respecto a la etapa 1996-2007, reflejando una economía más débil: menor crecimiento, menor consumo y menor inversión. 

Desagregando entre demanda nacional y saldo exterior se obtiene una noticia medio positiva y otra negativa. La positiva tiene que ver con el saldo exterior (exportaciones e importaciones), que ha aportado más al crecimiento económico en esta última fase (0,1% frente a -0,7% que aportó en la anterior fase). Si bien es cierto que si se observa la variación de exportaciones e importaciones se refleja una caída en ambas. La mala noticia tiene que ver con la demanda nacional, ya que su aportación al crecimiento es menor respecto a la fase anterior (de aportar una media de 4,4% entre 1996 y 2007 a aportar 2,5% entre 2014 y 2019). Esto también refleja la idea de una economía más débil: menores exportaciones y, a su vez, menor demanda nacional. 

Por otro lado, se observa un mejor comportamiento de la balanza de pagos. De los pocos indicadores en los que estamos mejor en esta etapa de crecimiento. Durante la etapa 2014-2019 España ha conseguido una capacidad de financiación media del 2,6% del PIB, mientras que en la etapa 1996-2007 se produjo una necesidad de financiación media del -3,7% del PIB. Si desagregamos entre sector privado y sector público, de nuevo se observa una mala noticia y otra buena, pues el sector público ha tenido un déficit medio del -3,9% del PIB en la actual etapa, mientras que en la anterior reflejó un déficit medio de -0,9% del PIB (otro problema de la economía española es la alta propensión al déficit estructural de las AAPP). Por su parte, el sector privado ha mejorado, ya que en la actual fase de crecimiento refleja capacidad de financiación, es decir, superávit del 6,6% del PIB, mientras que en la anterior fase de crecimiento obtuvo necesidad de financiación del -3,8% del PIB. El sector privado ha saneado sus cuentas mientras el sector público ha aumentado su déficit medio, en parte por el alto déficit que causó la Gran Recesión, en parte por el poco esfuerzo para reducir el déficit estructural y el déficit total en la etapa de crecimiento posterior. 

Si se observa otro indicador macroeconómico como la deuda pública también se refleja un sector público más vulnerable y con menor capacidad de reacción y menor capacidad de políticas expansivas. La deuda pública media entre 1996 y 2007 fue un 52% del PIB, mientras que la deuda pública media entre 2014 y 2019 ha sido un 98,5% del PIB. Si bien es cierto que este aumento se produjo en la Gran Recesión, pasando del 35,8% del PIB en 2007 al 95,8% del PIB en 2013, durante los últimos años no se ha hecho ningún esfuerzo de consideración en reducir los pasivos de las AAPP. Estamos ante una tendencia creciente y brillan por su ausencia planes de reducción y sostenibilidad de la deuda pública para los próximos años. 

Otro indicador que refleja una economía menos dinámica y, por tanto, más debilitada, es la tasa de desempleo. Entre los años 1996 y 2007 la tasa media fue del 12,5% (un fiel reflejo del problema del alto paro estructural que sufre España). Entre los años 2014 y 2019, por su parte, la tasa media ascendió al 18,8%. Un mercado laboral como el español representa menores oportunidades de empleo en comparación con otros países del entorno continental y los de un nivel socioeconómico similar. 

En el terreno microeconómico, el comportamiento y las expectativas de consumidores y empresas reflejan también la alta posibilidad de una crisis sin comparación en muchas décadas, mucho peor que la Gran Recesión. La destrucción de empleo que se dio en marzo, medido en variación de afiliación a la Seguridad Social fue mayor que la destrucción de empleo de marzo de 2009 (inmersos ya en la crisis), así como el aumento del paro registrado (hemos perdido 3 años de progreso). Del mismo modo, el dato de destrucción de empresas de marzo de 2020 fue escalofriante: a finales de marzo quedaban poco más de 1,3 millones de empresas con trabajadores, el dato más bajo desde enero de 2013, cuando España todavía estaba saliendo de la crisis. En apenas un mes se perdieron los 7 años de recuperación en lo que se refiere al número de empresas activas. 

El índice PMI (Purchasing Managers Index) también refleja una idea sobre la caída de la economía española. Si bien es cierto que es un índice que no mide evidencia, sino sensaciones. El PMI lo calcula IHS Markit a través de encuestas, mediante las que se pregunta a gestores de compra si creen que las condiciones de la industria, los servicios y negocios en general han mejorado, se han mantenido constantes o se han deteriorado en comparación con el mes anterior. Una puntuación de más de 50 indica una expansión del sector en cuestión, una puntuación de menos de 50 indica un declive y una puntuación de 50 indica que no ha habido ningún cambio con respecto al mes anterior. Pues bien, el índice PMI compuesto cayó en marzo hasta los 27 puntos, mientras que en abril lo hizo hasta los 9 puntos, ambas caídas mayores que la de 2009. El PMI servicios cayó en marzo hasta los 23 puntos y en abril se desplomó hasta un nivel de 7 puntos, siendo también ambas caídas mayores que la sufrida en 2009. Por su parte, el PMI industrial ha caído en abril hasta los 30 puntos, un valor ligeramente por encima de la anterior crisis. Caídas que según IHS Markit, aseguran que el sector privado español en general está experimentando una contracción considerable y sin precedentes de la actividad económica. Sin duda, y con estos datos encima de la mesa, el índice PMI también da cierta idea de lo que puede suponer la crisis que se avecina y habrá que estar atentos a los próximos informes, que seguirán haciendo una radiografía de lo que nos espera en este terreno en nuestro país. Como explica Paul Smith (Director Económico de IHS Markit), “existe una alta probabilidad de que la severidad de la recesión en el segundo trimestre supere todo lo que hemos observado durante la fuerte recesión de 2009”. 

Así pues, y observando las dos etapas de crecimiento (1996-2007 y 2014-2019) se puede describir una economía más débil en la actualidad y un efecto del coronavirus en la economía que empieza a tener efectos adversos, mayores que en la anterior crisis. 

Una economía más débil en tanto en cuanto, de media, se ha crecido menos años, con menor amplitud y una desaceleración en los últimos años, algo que no ocurrió en la anterior etapa de crecimiento económico. También se muestra debilidad por la parte del déficit público y la deuda pública: se han desaprovechado años de crecimiento, por encima incluso del 2%, para sanear las cuentas públicas y tener un margen de actuación respecto a shocks inesperados como el coronavirus. Por su parte, la tasa de paro es una de las grandes losas de la economía española, debido al alto desempleo estructural, ya estemos en recesión o crecimiento. La Gran Recesión aumentó sobremanera dicha tasa y en los últimos años se ha hecho gran esfuerzo por reducirla, aunque con una media mayor que en la anterior fase de crecimiento económico. 

Y unos efectos adversos que ya se van mostrando desde el comienzo del estado de alarma, con el cierre forzado de la economía: destrucción de empleo (sobre todo temporal, el gran handicap del mercado de trabajo español), aumento del paro registrado, destrucción de empresas activas, pésimas expectativas del sector privado y caídas generalizadas de la confianza de consumidores y empresas. 

El Gobierno presentó la semana pasada el Programa de Estabilidad, un documento en el que se plasman las previsiones macroeconómicas del Gobierno, en este caso para el bienio 2020-2021, dos años marcados por la pandemia del coronavirus. A tenor de lo que prevé el Gobierno, el PIB caerá un 9,2% este año para rebotar hasta un crecimiento positivo del 6,8% en 2021. Una “V asimétrica”, en palabras de la ministra Nadia Calviño. De ello dependerá el comportamiento del Gobierno y sus reformas durante este año. El desplome va a ser histórico, pero la recuperación no está garantizada. Si se hacen las cosas mal podremos tardar mucho más de lo esperado en volver a los niveles previos a la pandemia, pues nuestro punto de partida ya era débil en condiciones normales. De hecho, el dato del PIB relativo al primer trimestre ha sido peor de lo esperado (-5,2% intertrimestral) y hace prever un dato peor en el segundo trimestre (ya que en el primer trimestre el efecto coronavirus solo ha afectado a dos semanas). Por su parte, y en este mismo terreno, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha hecho un análisis sobre el Programa de Estabilidad y advierte de que el Gobierno ha podido pecar de cierto optimismo. 

Por su parte, según el propio Programa de Estabilidad, el déficit rebasaría el 10% del PIB y la deuda pública alcanzaría el 115% del PIB, mientras que la tasa de paro ascendería hasta el 19%, todo ello a finales de este año. Son cifras que reflejan el desplome de la economía que vamos a observar en los próximos meses, como he desarrollado en líneas anteriores. 

VAB en sectores más afectados y turismo dominante: el coronavirus afectará más a la economía española 

Las últimas décadas se han caracterizado por una “terciarización" de las economías desarrolladas, esto es, un aumento del peso del sector servicios (sector terciario) en el PIB de dichas economías. España no ha sido una excepción y en las últimas décadas ha pasado de una economía agraria a una economía de servicios. 

Los servicios se dividen en servicios de mercado y servicios de no mercado. Dentro de los servicios de mercado, aquellos que mayor peso tienen en el sector servicios, los que tienen un mayor valor añadido bruto (VAB) en España, son los siguientes: comercio, transporte y hostelería (aportan un tercio del VAB del sector servicios, el 32%). Estas actividades son de las que más están sufriendo con el cierre forzado de la economía. En comparación con las economías líderes de la UE, España también lidera el VAB de dichas actividades. Le sigue Alemania con algo menos del 25% del VAB del sector servicios. A tenor de esto, según un informe de la OCDE España sería el segundo país de la UE más afectado por la paralización de la actividad en estos sectores (medido en el % de empleo), solo por detrás de Grecia. 

Por otro lado, el liderazgo en el turismo también hace prever que el Gran Confinamiento vaya a afectar más a la economía española. Recordemos que el turismo es el primer sector de actividad en España: supone, directa e indirectamente, el 13% del PIB y casi el 14% del empleo total; liderando esta clasificación (aportación del turismo) respecto a los países con mayor peso en la UE y en la OCDE. Y solo hace falta echar un vistazo a las noticias económicas para ver reflejado la situación que está viviendo el sector turístico con el coronavirus: viajes prohibidos salvo por causas justificadas, hoteles al mínimo de ocupación, un verano que se acerca entre rumores de anomalía histórica, con paralización de la actividad (o gran parte de ella) y sin recepción de turismo exterior (lo que causaría un impacto muy grande, pues el 47% de los ingresos por turismo en España proviene de este tipo de turismo). Se habla incluso de un regreso del “turismo de los 70” para este verano: familiar, en coche y de proximidad. 

Éstas son, pues, dos de las razones que encuentro por las que el coronavirus y el Gran Confinamiento afectará en mayor medida a España respecto a otras economías del euro y economías desarrolladas: mayor VAB en las actividades más castigadas por la pandemia (sobre todo comercio, transporte y hostelería) y un turismo muy dominante.

* Publicado en Libertad Digital

sábado, 9 de mayo de 2020

Déficit público: propaganda vs realidad

El pasado 30 de abril el Gobierno de España remitió a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad 2020-21, en el cual se presentan las principales cifras macroeconómicas en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Al margen de las proyecciones de la economía española que, según la AIReF, pecan de cierto optimismo y pueden haberse quedado cortas en todos los sentidos, en este artículo quisiera comentar una afirmación que me provocó cierta sorpresa, a la vez que desprendía algo de cinismo por parte del Gobierno.
En la nota de prensa adscrita a la presentación del Programa de Estabilidad, en la página 4 se dice lo siguiente, en relación con la consolidación fiscal: “El compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de las cuentas públicas queda de manifiesto con los datos de consolidación fiscal previos a la pandemia del COVID-19. En concreto, España cerró 2019 con un déficit del 2,8%, lo que implica cumplir por segundo año consecutivo con el Pacto de Estabilidad de la UE después de que en 2018 abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo por primera vez desde el inicio de la crisis de 2008”. Hasta aquí la propaganda del Gobierno.
La realidad que desmonta ese “compromiso” es muy fácil de observar. Vayamos por partes.
En primer lugar, el objetivo de déficit público para el año 2019 estaba situado en el 1,3% del PIB en el último Programa de Estabilidad presentado por el Gobierno de Rajoy. Cuando Sánchez asumió la presidencia, dijo que era un objetivo muy difícil de conseguir y que había que aumentarlo para lograr un objetivo “más realista”. Así pues, se aumentó en un primer momento hasta el 1,8% del PIB para, más tarde, volver a aumentarlo hasta el 2% del PIBobjetivo final del déficit público de España para el año 2019.
En segundo lugar, el déficit público ascendía al 2,5% del PIB en 2018. Un año más tarde, el propio Gobierno decía que el déficit había aumentado al 2,6% del PIB. Un aumento del 0,1% del PIB. Unos días más tarde de ese anuncio, Eurostat decía que, en realidad, el déficit público de España en 2019 había sido el 2,8% del PIB. Un aumento final del 0,3% del PIB.
¿Dónde está ese “compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas” que anuncia el Gobierno? Cumplir con el Procedimiento de Déficit Excesivo está muy bien (PDE, que impone un déficit máximo del 3% del PIB, salvo en casos extraordinarios. Hay que recordar que en 2020 no se tendrá en cuenta dicho límite por la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus), pero eso no demuestra compromiso alguno con la sostenibilidad de las cuentas públicas. De hecho, y como ha ocurrido en 2019, puedes cumplir con el PDE y, a su vez, aumentar el déficit público.
Como digo, la propaganda del Gobierno va en una dirección y la realidad va en otra muy diferente. No hay ningún compromiso por reducir el déficit público. No se ha cumplido con el objetivo del 2% del PIB y, además, ha sido el primer aumento del déficit público desde 2012. Por otra parte, también ha aumentado en 2019 el déficit primario (sin tener en cuenta los intereses de la deuda) y el déficit estructural (sin tener en cuenta las medidas cíclicas).
Compromiso ninguno.