Por qué el mecanismo de precios debe ser intocable

«Durante miles de años, en todas partes del mundo habitado, innumerables sacrificios han sido realizados por la ficción de los "precios justos"»

Ludwig von Mises

La economía se caracteriza por el uso de recursos escasos y las distintas alternativas entre las que utilizar dichos recursos. A su vez, la oferta y la demanda canalizan estas alternativas. ¿Cómo se coordinan millones de personas en un país, región económica o el mundo en su conjunto para ofrecer y demandar bienes y servicios en el mercado? A través de lo que se conoce como “mecanismo de precios”, es decir, los precios.

Este mecanismo hace que la economía se comporte de manera eficiente, es decir, los recursos se asignan a la actividad que mejor los va a utilizar; en otras palabras, a la actividad que más ventaja va a obtener de utilizar dichos recursos.

La función de los precios es dotar de incentivos que afecten al comportamiento en el uso de los recursos y de los productos que resultan de éstos, ya que los precios afectan recíprocamente a consumidores y productores: los mercados coordinados por precios permiten a unas personas (consumidores) señalar cuánto quieren y cuánto están dispuesto a pagar por lo que quieren, mientras otras personas (productores) señalan qué están dispuestos a producir a cambio de esa compensación.

La actual situación en la que estamos inmersos, bajo la expansión mundial del coronavirus, es una excusa perfecta para aquellos que quieren controlar la economía y buscan cualquier motivo (con la propaganda de siempre) para hacer ver que el control de la economía y un mayor intervencionismo es positivo y el único camino para alcanzar una solución.

Varios miembros del Gobierno español, entre ellos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por ejemplo, han dejado caer en más de una ocasión su apoyo a un control de precios (precios máximos y mínimos), sobre todo en productos básicos y, en la situación actual, aquellos que son más necesarios para luchar contra el coronavirus. Siempre ocurre lo mismo: durante siglos y siglos los controles de precios se pintan como la solución para que todo el mundo, en especial las personas con menos recursos económicos tengan acceso a productos básicos, o como un mecanismo de asegurar un nivel mínimo de renta (los famosos "precios justos" del sector agrario); pero la realidad es bien diferente.

Como he dicho, el control de precios puede darse de dos formas: precios máximos y precios mínimos. Los precios máximos consisten en imponer un precio por debajo del precio de equilibrio de un mercado, esto es, se rompe el equilibrio entre oferta y demanda y el poder político decide a qué precio debe venderse un bien o servicio. Dicho precio no puede superarse. Por su parte, los precios mínimos son una barrera por encima del precio de equilibrio y dicho precio no puede reducirse.

La ruptura del mecanismo de precios altera el funcionamiento de la economía, por razones obvias: los recursos ya no se asignan a través de los precios, sino a través de la discrecionalidad del gobernante de turno. Esto, por supuesto, afecta a la eficiencia del mercado. Pero eso, por lo general, poco le importa a quien impone controles de precios. Éstos se suelen utilizar en pro de una mayor igualdad. Pero hay que recordar que una política económica se debe evaluar por sus resultados y no por sus intenciones. Y también observar el conjunto de la economía y no solo una parte de ella, además de observar sus efectos a largo plazo y no solo a corto plazo (lo que se ve y lo que no se ve; Hazlitt).

Los precios máximos (p < p*) hacen que aumente la demanda y supere a la oferta (exceso de demanda). Se produce escasez, entrando en escena el racionamiento y las colas de espera para obtener el bien o servicio en cuestión. Por otro lado, los precios mínimos (p > p*) hacen que aumente la oferta por encima de la demanda (exceso de oferta). Se produce excedente (que será mayor cuanto mayor sea la diferencia entre oferta y demanda al precio establecido por decreto).

Las consecuencias de los controles de precios son contrarias al objetivo inicial. En el caso de los precios máximos se pretende que todos tengan acceso a un bien o servicio y el resultado es que algunos siguen sin tener acceso, debido a la escasez; y los que pueden acceder a dicho bien o servicio, lo hacen en una cantidad menor a la que deseaban y soportando largas colas para conseguirlo. Por su parte, los precios mínimos se imponen bajo la pretensión de asegurar cierto nivel de ingresos a algunos productores (por ejemplo, a pequeños agricultores y ganaderos) y también a ciertos consumidores (salario mínimo); el resultado también difiere del objetivo inicial. En el primer caso dicho nivel de ingresos puede no llegar al agricultor o ganadero en cuestión. Además, se produce una utilización innecesaria de recursos como tierra, agua y capital para producir más de lo que los consumidores quieren, afectando a la eficiencia de la economía y, por tanto, al bienestar general (dichos recursos que se utilizan de más podrían usarse en otras alternativas). Por otro lado, el aumento artificial de los precios afecta en mayor medida a las rentas bajas (pagan más por lo que antes era más barato y le queda menos renta disponible para gastar en otros bienes y servicios). En el segundo caso se produce desempleo, por lo que aquellos trabajadores que iban a ser ‘protegidos’ con un salario mínimo ya no reciben ningún salario.

Como he dicho antes, quienes lo defienden suelen argüir que bajo el control de precios aumenta la igualdad. Algo falso a todas luces. Si algo nos enseña la intervención de un gobierno en el mecanismo de precios es que nunca cumple lo previsto. Precios máximos y precios mínimos destruyen economías. Quienes enmascaran su discurso y su agenda política bajo la etiqueta “igualdad” al final rompen los mecanismos de la economía y destruyen al país en general. No se consigue igualdad, sino pobreza, hambre, etc.

Quienes dicen que solo importa la igualdad y no la eficiencia terminan sin igualdad y sin eficiencia, cayendo en una espiral de pobreza y miseria de la que no es fácil salir. No permitamos que rompan el mecanismo de precios e impongan controles. Ninguna economía sale ilesa de tal ignorancia suprema. Necesitamos entender que las leyes de la economía funcionan incluso en una situación como la que estamos viviendo (pandemia) y que los gobiernos nunca han sido capaces de crear mayor bienestar a través de controles de precios y regulaciones similares. De hecho, tales medidas conducen a la escasez, la privación, la pérdida de eficiencia, mayor desigualdad, etc. como he desarrollado en las líneas anteriores.

Imponer precios máximos no es la solución, tampoco al coronavirus. Si el Gobierno piensa que un artículo de primera necesidad (en este caso, artículos sanitarios) es muy caro debe saber que habrá más productores dispuestos a producirlo y venderlo, aumentando la oferta y, por tanto, reduciendo el precio. Que el Gobierno lo compre a precio de mercado y no imponga regulaciones absurdas y se producirá un efecto llamada hacia más productores. Es el momento del libre mercado, no de más intervencionismo.

* Publicado en Libertad Digital

Economía y coronavirus (2)

Actualmente la economía (y el mundo en general) se encuentra bajo los efectos del coronavirus (Covid-19). Un shock de oferta (como comenté en el anterior artículo) que se traslada a la demanda ante la caída por decreto de consumo e inversión de familias y empresas de todo el mundo, como consecuencia de cuarentenas y cierres totales o parciales, obligatorios, de empresas y sectores productivos, en la actual lucha contra la propagación de la epidemia.

Una de las palabras más repetidas en la última década, sobre todo en el contexto de la crisis económica, ha sido “austeridad”. Así, muchos actores sociales y partidos políticos (generalmente los sectores más intervencionistas y defensores de la expansión del Estado) echan la culpa a la austeridad del “desmantelamiento del Estado del Bienestar” en España.

Hace unos días la Comisión Europea daba luz verde a la activación de la cláusula de escape (de salvaguardia) en el Procedimiento de Déficit Excesivo (en el cual tanto el déficit (3% PIB) como la deuda (60% PIB) están supeditadas a dicho nivel que vigilan y controlan las instituciones europeas). Dicha cláusula de escape prescinde temporalmente de ese límite, por lo que se podrá hacer uso de aumentos en el déficit y deuda pública de los Estados miembro de la UE para combatir la emergencia que representa el coronavirus, también económicamente, que se presenta ante nosotros.

Muchas voces críticas con la actuación de la UE durante los años de la última crisis económica celebraba esta decisión, como un gesto que “pone fin a la austeridad” que, según ellos, ha marcado estos años y que, por fin, la economía comunitaria podrá encarar una serie de dificultades económicas con una política fiscal expansiva, gastando (siempre se olvidan de la otra parte de la expansión fiscal: la reducción de impuestos) y estimulando la demanda (grave error de quienes piensan que ante un shock de oferta la solución pasa por gastar indiscriminadamente y estimular con (más) dinero barato e inversión pública).

Pero ¿es verdad que ha habido austeridad? Para responder a esta pregunta, analizo las variables económicas que responden a dicha cuestión desde el Procedimiento de Déficit Excesivo: déficit público y deuda pública.

Déficit público

La diferencia entre el gasto y los ingresos del conjunto de AAPP nos aleja de cualquier fantasma austericida. La austeridad en la literatura económica se suele caracterizar por una relajación del gasto y por la ausencia de un déficit prolongado en el tiempo. ¿Ha ocurrido alguna de estas dos circunstancias en España?

Respecto del gasto público dependerá de cuál sea nuestro año de referencia para hablar o no de relajación y recorte del gasto público, como se observa en los gráficos 1 y 2. Si se observa el medio plazo, por ejemplo, desde 2014, primer año de crecimiento económico de la actual fase expansiva, se ve una ligera reducción del gasto público en términos relativos (no así en términos absolutos, donde aumenta). Por el contrario, si se toma como referencia un periodo de largo plazo, por ejemplo, desde la entrada en funcionamiento del euro (2002), se observa un aumento del gasto público, tanto en términos relativos (ligero aumento) como absolutos (gran aumento). Lo mismo ocurre si tomamos como referencia 2007, justo antes del estallido de la última crisis económica.

¿Qué austeridad existe cuando, en general, el gasto público no ha dejado de crecer en términos absolutos? ¿Y siendo en términos relativos ligeramente superior al gasto público previo a la crisis económica, en plena burbuja? En España se ha producido un aumento del gasto sin precedentes hasta 2012 (durante los primeros años de la crisis económica el gasto público seguía aumentando), el cual se ha revertido, en parte, en los años siguientes (nivel similar a la burbuja, como he dicho antes).

Se gasta en términos similares a 2008. Por aquel entonces nadie hablaba de nivel deficiente de recursos públicos ni de austeridad, ahora sí: la propaganda de gran parte de la clase política española (y de medios de comunicación, actores sociales, etc.), de aquellos que quieren una sociedad infantil para llevar a cabo su agenda política a todas luces liberticida, también en la economía.

La segunda cuestión también puede hacernos una idea de la falta de austeridad durante estos años. España solo ha presentado superávit presupuestario en 3 ejercicios durante el actual periodo democrático: 2005, 2006 y 2007. El resto de años, déficit. ¿Austeridad gastando mucho más de lo ingresado de forma continua? No lo creo.

Respecto al Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), España ha tardado 10 años en salir de él. Años y años durante la última crisis económica de continuos incumplimientos en materia de déficit público, como se observa en el gráfico 3. Tanto la media de la UE como la media de la zona euro alcanzó en 2014 un déficit inferior al umbral, mientras que España tardó cinco años más y no fue hasta 2018 (diez años en el PDE, cuando la media de los países del euro y de la UE tardaron cinco) cuando se alcanzó dicha cifra.

Por otro lado, España es uno de los países de la UE que mayor déficit público ha presentado en los últimos años (-11.3% en 2009), tan solo superado por Irlanda, Grecia, Eslovenia y Portugal.

Deuda pública

Respecto a la deuda pública, España también presenta un nivel mayor a la media euro y la media UE, como se observa en el gráfico 5. Una tendencia creciente a partir de la crisis económica y el continuo descontrol de las cuentas públicas, que solo se ha estabilizado en los últimos años, sin apenas reducción. Años de crecimiento económico sin reducir la deuda nos deja en una posición muy vulnerable ante shocks inesperados como el coronavirus.

El discurso de la izquierda de nuestro país ha dicho continuamente que el aumento de la deuda pública proviene del rescate a las cajas de ahorros y la reestructuración bancaria, mientras demonizaban dicho rescate. Algo falso a todas luces. Dicho rescate y reestructuración han supuesto alrededor de 65.000 millones de euros, según indica el Banco de España. La deuda, por su parte aumentó del 35.8% PIB en 2007 a casi el 100% PIB actualmente (en términos absolutos, de 384.000 millones a 1.173.000 millones (1 billón) de euros). Casi nada.

La deuda pública ha aumentado en España simple y llanamente por la acumulación de déficit público durante todos estos años, no por el rescate y reestructuración bancaria.

Por otro lado, aquellos que continuamente apelan a que “la deuda no importa” también erran. La deuda se paga, los intereses se pagan, aunque los tipos de interés estén en mínimos históricos. Un nivel descontrolado de deuda afecta al crecimiento económico futuro y al nivel de vida de generaciones futuras, además de un incentivo a políticas laxas por parte del banco central de turno. Los que se dicen defensores de la gente, defienden (y peor, llevan a cabo) políticas que merman el nivel de vida de la gente.

La activación de la cláusula de escape del PDE supone la activación de mayores déficits y deuda. Como se ha visto en los anteriores párrafos, España parte de una situación muy vulnerable debido a años de escasa eficacia en materia de estabilidad presupuestaria y reducción de deuda pública.

Ahora, a gastar, porque los políticos suelen utilizar la teoría económica a medias, por interés. Una política fiscal expansiva, como he dicho antes, puede ir en dos direcciones: aumentar el gasto y/o reducir los impuestos. Nuestro gobierno solo quiere ir en la primera dirección (de la segunda como mucho hablan de aplazamiento, pero ni condonación ni reducción).

Como expliqué en mi anterior artículo, un shock en origen de oferta necesita medidas y soluciones de oferta. En ese aspecto una reducción de impuestos (y tributos en general) es bienvenida y más cuando se necesita liquidez (y solvencia en caso de una epidemia a medio-largo plazo).

Luchar contra el coronavirus con herramientas incompletas sería un grave error. Depender solo de un aumento del gasto público (y más si éste se destina a incentivar el consumo y la inversión en momentos de parálisis de la producción mundial) sería otro gravísimo error. Aumento del gasto sí, pero con cabeza (incluso con contrapartida de reducción del gasto en partidas donde no sea imprescindible y no tenga efectos el coronavirus). Utilizar la cláusula de escape del PDE y un mayor déficit para proteger el máximo tejido empresarial posible y que las familias no se vean demasiado perjudicadas por este shock exógeno. Estimular la demanda agregada ahora mismo no tiene sentido (primero habrá que restablecer la oferta agregada).

El coronavirus demuestra que en cualquier momento la economía puede sufrir un shock inesperado que haga más necesaria que nunca una previa estabilidad presupuestaria. Años de incumplimientos en materia fiscal (no ha habido austeridad por mucho que digan algunos) y de actitud laxa hacia el déficit y la deuda nos dejan (apenas) sin margen. Ahora, a aumentar el déficit y la deuda en una situación que haga más vulnerable nuestra economía. Otros países sí han hecho los deberes estos años y serán los que encabecen la recuperación, como siempre. España saldrá de esto, sí, pero con un nivel mayor de déficit y deuda pública. No hacer los deberes tiene consecuencias. Ojalá se aprenda la lección para la próxima ocasión.

Economía y coronavirus (Covid-19)

En una economía se pueden producir dos tipos de shock (esto es, impactos que alteran el comportamiento de dicha economía): de oferta y de demanda. Un shock de oferta tiene lugar cuando se producen cambios en las variables que componen la oferta agregada (OA) de la economía: mercado de trabajo, productividad, producción, etc. Por otro lado, un shock de demanda se produce por alteraciones en los componentes de la demanda agregada (DA): consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas (diferencia entre exportaciones e importaciones).

En las últimas semanas estamos inmersos en un caos relacionado con el coronavirus (Covid-19) que está sacudiendo el mundo entero, tanto económica como políticamente.

El coronavirus es, ante todo, un shock de oferta. Dependerá de su prolongación en el tiempo y sus efectos sobre la economía financiera (el mercado bursátil ya lleva semanas de pérdidas) y sobre la economía real para que hablemos de “crisis económica”. Pero que nadie se engañe, el virus solo es un cisne negro. Si se desatara una crisis económica a escala mundial, la culpa no es del coronavirus, sino de gobiernos y bancos centrales que no han hecho sus deberes.

¿Por qué estamos ante un shock de oferta? Principalmente porque se deja de producir y se producen, por tanto, interrupciones en las cadenas de suministro y de pagos del comercio mundial. China ha estado varias semanas con fábricas cerradas y sectores productivos paralizados por completo. No es por casualidad que durante el último mes se haya alcanzado un récord negativo, tanto en el índice de producción (PMI) manufacturero como no manufacturero del gigante asiático, por debajo del nivel alcanzado durante la crisis de 2008. 

Este shock de oferta originado en China se traslada al resto del mundo al ir tomando, poco a poco, medidas de contención del virus (se produce una reducción de la producción mundial).

Gráfico 1. PMI (manufacturero y no manufacturero) de China (2005-2020)

Todo esto se traslada, lógicamente, a la demanda. Si no se produce (o se reduce dicha producción) y se altera negativamente el comercio mundial o regional, no se consumirá del mismo modo que antes del shock. Con la inversión pasa más o menos lo mismo en esta circunstancia.

Pero no hay que olvidar que el origen es un shock de oferta. Esto es clave a la hora de proponer soluciones. En política económica hay dos tipos de políticas que se pueden llevar a cabo: de oferta y de demanda. Las políticas de oferta tratan de solucionar los shock y crisis económicas desde la esfera de la oferta, sobre todo a través de reducción de impuestos y flexibilidad en las regulaciones; en definitiva, mayores facilidades a trabajadores y empresas. Por su lado, las políticas de demanda se dividen en políticas monetarias y fiscales, a través de los conocidos como “estímulos expansivos”: los estímulos monetarios se traducen en una expansión crediticia a través, sobre todo, de una reducción de los tipos de interés o un aumento de la oferta monetaria; mientras que los estímulos fiscales consisten en un aumento del gasto público o una reducción de los impuestos (disminuye la carga fiscal y, por tanto, hay más renta disponible).

Si estamos ante un shock de oferta, necesitamos políticas de oferta. ¿Esto quiere decir que no se pueden utilizar políticas de demanda? Ni mucho menos, pero el grueso debe estar compuesto por políticas de oferta para evitar quiebras de empresas, sobre todo pymes, garantizar cadenas de pagos, etc. Medidas que proporcionen liquidez tanto a familias como empresas: aplazar el cobro de todos los impuestos, bonificar fiscalmente el aplazamiento voluntario de los cobros, etc. También serán necesarias medidas que proporcionen solvencia (si el shock se prolonga al medio y largo plazo): la reducción de impuestos (sobre todo aquellos que gravan renta y consumo) y la exención de tributos que afecten menos a la recaudación, la reducción y/o exención de la cuota de autonómos, prestaciones de desempleo a trabajadores afectados por ERTE, etc. Otras medidas necesarias son la reducción de regulaciones y costes asociados a éstas. En estos momentos lo primordial es mantener el máximo tejido empresarial posible y que el shock de oferta no se traslade bruscamente a la demanda.

Los principales bancos centrales se han ido pronunciando estos días en la misma dirección de su actuación durante los últimos años: estímulos monetarios, reducción de los tipos de interés (negativos incluso) e inundar de liquidez a la banca. Políticas monetarias expansivas que, a veces, no llegan a familias y empresas. No olviden que las expectativas de los agentes económicos no tienen por qué coincidir con las expectativas de los bancos centrales, a pesar de la arrogancia de éstos. Dichas medidas expansivas sirvieron, en parte (remarco, en parte, ya que hay un importante déficit de reformas estructurales y una actuación de huida hacia adelante) para resolver problemas derivados de la última crisis financiera, cuyo origen sí fue un shock de demanda unido a una larga recesión económica, pero no servirán demasiado ante el shock de oferta que representa el coronavirus.

Y no servirán de nada porque estimular artificialmente la demanda no tiene efectos en un contexto como el actual donde no hay producción en muchos sectores económicos y en otros se reduce. Y porque si haces lo mismo de siempre tendrás los resultados de siempre. Los bancos centrales han inflado sus balances durante los últimos años (en el gráfico 2 se puede observar el balance del BCE desde la creación de éste; una tendencia alcista muy evidente).

Hay quien incluso habla de falta de estímulos y que se debe inyectar dinero directamente a la economía real. ¿Falta de estímulos? Los tipos a cero, en mínimos históricos (incluso negativos), los bancos centrales aumentando sus balances e inyectando liquidez continuamente. Debe ser que para ellos nunca es suficiente.

Gráfico 2. Balance Banco Central Europeo (1999-2019)

Lo dicho, ante un shock de oferta los estímulos de demanda no sirven mucho. Si no se produce no se puede consumir de la misma forma que antes del shock; por mucho dinero barato que se ofrezca no se va a consumir o invertir más en un contexto de incertidumbre y parálisis de la producción. Los tipos de interés ya son muy bajos. Pensar que las empresas van a invertir más si los tipos bajan todavía más no tiene mucho sentido (además del perjuicio de la zombificación de la economía). Y la demanda de crédito no aumenta ante una epidemia y un shock de oferta porque se bajen los tipos. No estamos ante una caída del consumo por falta de recursos, sino por una contracción de la producción.

Respecto a las políticas fiscales expansivas hay que decir que España tiene poco margen. El coronavirus pone de manifiesto que en cualquier momento una economía puede sufrir un shock inesperado que haga más necesaria que nunca una previa estabilidad presupuestaria. Sin ésta te quedas sin un colchón muy valioso. España lleva años con un crecimiento robusto, pero sin alcanzar dicha estabilidad presupuestaria (somos muy amigos del déficit público, nuestros políticos siempre quieren gastar más, aunque recauden menos).

Planes de estímulo fiscal, aumentar la inversión pública y cebar el gasto público en pleno shock no tiene demasiado sentido. Al igual que en el terreno monetario, parece que algunos nunca se dan por satisfechos y su único plan es gastar, aunque sea en partidas innecesarias, para estimular. Antieconomía en estado puro.

Se debe remarcar que las economías en general (y la UE y la eurozona en particular) tienen herramientas de emergencia (tanto fiscales como monetarias) pero éstas son utilizadas constantemente por políticos y bancos centrales que hacen de los estímulos su única vía de actuación, por lo que cuando estas herramientas se necesitan de verdad (como puede ser la situación actual) no hay apenas margen de actuación y no se obtiene la eficacia esperada. 

Como ejemplo de estas herramientas tenemos el desvío del objetivo de déficit y deuda, amparado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) ante situaciones de emergencia; las operaciones de refinanciación a largo plazo, más conocidos como LTRO por sus siglas en inglés (Long-Term Refinancing Operation); o incluso los tipos de interés negativos. Explicado con una metáfora: si gastas el agua en remojar la casa cuando no hay incendios, te quedarás sin agua y cuando haya un incendio no tendrás el instrumento necesario para sofocarlo. Pues tenemos una clase política y unos bancos centrales que quieren darle a la manguera todo el rato y cuando no queda agua, echar la culpa a otros.

Por tanto, el margen de actuación de las políticas públicas resulta muy reducido en una situación como la actual: ni las políticas fiscales ni las monetarias desplegarán los efectos que habitualmente se esperan de ellas: que impulsen la actividad incentivando un mayor gasto. Estimular el gasto podría contrarrestar algo del shock interno de demanda; pero, como he dicho, no conseguiría en ningún caso compensar el shock de oferta, pues el problema no es que no se gaste, sino que no se puede producir, por lo que más gasto no restablecerá la actividad.

En conclusión, el coronavirus representa un shock en origen de oferta (que se traslada en parte a la demanda). Las políticas económicas que se deben llevar a cabo son, por tanto, un mix de oferta y demanda. Las familias y empresas necesitan liquidez y ésta debería venir, sobre todo, de reducciones y exenciones tributarias, como he dicho antes, aunque también del gasto social que representan las prestaciones por desempleo y ayudas temporales a los sectores económicos más perjudicados que pudiera activar el Gobierno.

Pero ni mucho menos necesitamos aumentar sobremanera e inflar el gasto público ni expansiones monetarias y crediticias para incentivar el consumo y la inversión, pues no causarían efecto. Necesitamos eficacia en las políticas que se lleven a cabo. Los recursos económicos no son infinitos y como he explicado en los párrafos anteriores, apenas tenemos margen de actuación, por lo que cada movimiento en la política económica es, si cabe, más crucial que en la última crisis financiera. 

Por qué los ciudadanos pagarán, sí o sí, el IAJD

Por fin llegó la esperada decisión del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Tras la espera de varias semanas, el Supremo falló a favor de la banca y el sector financiero, dejando la figura de sujeto pasivo (legal) en el ciudadano que firme una hipoteca (cliente).

No tardó Pedro Sánchez en comparecer en rueda de prensa para anunciar que doblaría el órdago hacia el Supremo, en toda una declaración de intenciones de saltarse la separación de poderes, asegurando que “los ciudadanos de a pie nunca más pagarán este impuesto”, aprobando para ello un Real Decreto-ley que cambie la figura de sujeto pasivo hacia la banca. Una declaración, que si bien, dice la verdad en el terreno jurídico, no así en el económico.

En Economía existe una figura llamada “traslación impositiva”, que tiene lugar cuando difiere el sujeto pasivo legal (quien está llamado legalmente al pago del impuesto) con el sujeto pasivo efectivo (quien realmente soporta la carga del impuesto). A veces ambas figuras coinciden y otras, como va a suceder en este caso, son distintas.

¿Por qué sucede esto? Para explicarlo hay que remontarnos al análisis sobre elasticidades e incidencia impositiva que realizó el británico Hugh Dalton en la década de 1920. Dalton explica que en función de cómo sea la elasticidad de oferta y demanda (la elasticidad es la respuesta de una variable ante un cambio en la otra; el ejemplo típico es la elasticidad demanda-precio, la cual consiste en la respuesta de la cantidad demandada ante un cambio en el precio) en un mercado, el impuesto será soportado de una forma u otra por productores y/o clientes/consumidores. Simplificando el análisis, la conclusión a la que llega Dalton es que el impuesto es soportado realmente por el lado inelástico (rígido) del mercado. A menor elasticidad, mayor carga o incidencia; y viceversa.

En el caso del IAJD, tenemos dos sujetos económicos: la banca (oferta) y los clientes (demanda). Sabiendo cómo son las elasticidades en este caso, es fácil comprobar que serán los clientes bancarios los que soporten la carga del IAJD, aunque legalmente lo pague la banca.

La banca tiene una elasticidad de oferta muy grande (muy elástica), puesto que en un mundo globalizado como el actual, no está atada al mercado financiero español, y puede trasladar su negocio a otras partes del mundo. Por su parte, los clientes bancarios tienen una elasticidad de demanda muy inelástica. Esto sucede por dos cosas: la primera es que la banca actúa en un mercado en régimen de oligopolio (por lo que no hay competencia y no hay variedad de negocio bancario donde elegir diferentes opciones reales); la segunda es que por el punto anterior no existen sustitutivos cercanos, dado que el mercado bancario es muy parecido en todos los bancos, haciendo que la elasticidad baje mucho. En un mercado donde no hay sustitutivos la elasticidad baja (siendo, por tanto, inelástica).

Estas son las razones por las que los clientes que firmen una hipoteca o abran una cuenta bancaria, entre otros, se verán penalizados con mayores tipos de interés y mayores comisiones. En otras palabras, la banca repercutirá el coste del IAJD hacia abajo y serán los clientes quienes soportarán la carga real del impuesto. Estamos, pues, ante una clara diferenciación entre sujeto pasivo legal (la banca) y sujeto pasivo efectivo (los clientes).

Pedro Sánchez puede decir lo que quiera, pero los ciudadanos sí van a pagar (indirectamente) dicho impuesto. La única forma de que los ciudadanos no paguen este impuesto (ni directa ni indirectamente) es eliminándolo, pero dudo mucho que los políticos estén dispuestos a ceder parte de su negocio político a cambio de mayor bienestar de los ciudadanos. La demagogia no se lleva bien con la realidad económica.

Por qué no hay que derogar la reforma laboral, sino profundizar en ella

Desde que se aprobó la reforma laboral (Real Decreto-ley 3/2012) casi toda la izquierda de nuestro país (partidos políticos, sindicatos y actores sociales varios) ha mostrado su rechazo continuo a dicha reforma llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. Tan solo parte de la izquierda moderada, esa que deja los dogmas a un lado y analiza objetivamente, lo ha apoyado tímidamente.

Dicha reforma laboral tiene como objetivo principal, según la propia exposición de motivos de la ley, “establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo”. Había que poner soluciones al alto nivel de desempleo que existía en España por aquel entonces (22.85%, EPA IV Trimestre 2011), el cual es característico de nuestro país, ya que la tasa media de desempleo desde la Transición supera el 15%. Para ello, ponía encima de la mesa mecanismos que liberalizaran en cierto modo (aunque no del todo) el mercado laboral español, uno de los sectores más intervenidos por el poder político y la Administración Pública en nuestro país.

Ya sabemos que en política hay mucha diferencia entre la propaganda y la realidad. Y en la propaganda se mueven como peces en el agua dichos actores políticos y sociales de izquierdas de nuestro país. Es por ello que no han dudado en utilizar la manipulación y la mentira en referencia al empleo y el mercado laboral en España durante el último gobierno del PP.

¿Tan mala ha sido la reforma laboral para el desempeño laboral en España? Para responder esta pregunta comparemos el nivel de empleo, desempleo, temporalidad y salarios en la burbuja económica (2007), cuando Rajoy llegó a la Moncloa (2011) y cuando Rajoy se ha ido (2018).

En términos macroeconómicos se puede observar una mejoría, tanto en aumento del nivel de empleo (ocupados) como en reducción del nivel de desempleo. Es verdad que queda camino por delante, pero el escenario para alcanzar cotas aún mejores de los datos del mercado laboral no puede ser el mismo escenario con el que se destruyeron más de 3 millones de empleos.

Por su parte, los salarios se han comportado de manera rígida hasta la reforma laboral, en gran parte por la presencia de convenios colectivos que no hacían posible la moderación salarial. Esto hizo que se destruyera empleo de forma masiva durante los primeros años de la crisis económica. La explicación es sencilla: si la actividad económica se reduce y las empresas no pueden moderar los salarios, tomarán el camino de ajuste de empleo vía ajustes de plantilla, despidiendo a trabajadores.

La evolución salarial ha sido dispar durante la crisis, ya que en una primera etapa hasta 2009, y en parte 2010 y 2011, los salarios siguieron subiendo ajenos a la intensa destrucción de empleo. Como indica Daniel Lacalle en su libro ‘Acabemos con el paro’: “entre los años 2007 y 2011 casi 3.5 millones de ocupados perdieron su empleo. Mientras, los incrementos salariales pactados en convenios colectivos alcanzaron una media del 2.9% en el periodo 2007-2011”. Todo un despropósito.

El peso de la remuneración de los asalariados en el PIB llegó a subir al 51% en 2009 para comenzar a caer en 2010 y tocar suelo en 2013 en el 47.3% del PIB. Desde finales de 2013 y hasta ahora, este indicador muestra una estabilidad que viene determinada por la evolución favorable del empleo. Pese a lo que dicen algunos, los salarios sobre el PIB no han caído mucho desde la reforma laboral y, de hecho, pese a caer en 2017, el resultado ha sido el mismo que en 2013. En definitiva, el peso de las rentas salariales sobre el PIB ha caído poco más del 2% durante el gobierno de Rajoy, concentrándose dicha caída en los años 2012 y 2013.

Para ver cómo ha sido esa distribución salarial, se pueden observar los dos gráficos de abajo (gráfico 3 y gráfico 4), en los que se muestra la variación de la distribución del salario medio por decil de salario entre 2011 y 2016.

Pese a que el salario medio ha caído entre 2012 y 2015 en los deciles bajos y medios (del 1 al 6), se ve una mejoría en 2016, con la cual compensan las caídas de los años anteriores. Por su parte, los deciles más altos (del 7 al 10) se han comportado al revés: ha crecido el salario medio entre 2011 y 2015 para reducirse en 2016, aunque siguen estando por encima del nivel inicial.

El dilema del mercado laboral en una recesión es siempre el mismo: mantener el nivel de empleo con salarios menores o reducción de empleo con los mismos salarios. Cuando hay una crisis económica y un estancamiento o reducción de la actividad económica, no se puede esperar el mismo nivel de empleo con el mismo nivel de salarios. Relacionado con esto, los economistas Sergei Guriev, Biagio Speciale y Michele Tuccio llevaron a cabo una investigación en el mercado laboral italiano entre 2008 y 2013, donde comparan el comportamiento de los salarios y del nivel de empleo, tanto en la regulada economía “formal” como en la desregulada economía sumergida o “informal”. En dicha investigación los autores descubren que los salarios caen un 20% en la economía informal mientras que se mantienen constantes en la economía formal. Por su parte, el empleo en el mercado laboral formal disminuyó un 16% mientras que en el mercado laboral informal apenas varió. En resumen, la economía formal (regulada) ajusta el mercado de trabajo vía reducción de empleo mientras la economía informal (no regulada) lo ajusta vía reducción de salarios.

Y esto, en líneas generales y salvando las distancias, es lo que ha ocurrido en España. Antes de la reforma laboral, con una legislación laboral más rígida, se reducía el empleo mientras los salarios se mantenían constantes o aumentaban. Con la reforma laboral, el ajuste del mercado de trabajo se ha producido a través de la moderación salarial, conservando el nivel de empleo y recuperándolo poco a poco a medida que la economía se recupera. Así se puede comprobar en el siguiente gráfico.

Como explica Miguel Cardoso, en anteriores recesiones, debido a las rigideces que introducía el sistema de negociación colectiva, la respuesta ante una caída de la actividad económica se daba a través de la destrucción de empleo. Por otro lado, se asume que la mayor flexibilidad interna que otorgó la reforma laboral a las empresas ha permitido un ajuste más eficiente y menos traumático, en la medida en que ha salvado puestos de trabajo a cambio de moderación salarial.

Un análisis de BBVA Research (Los efectos de la flexibilidad salarial sobre el crecimiento y el empleo, 2016) explica que si el comportamiento de los salarios entre 2012 y 2015 hubiese seguido patrones similares a los de 2010-2011 (crecimiento del 4.5% en términos reales), en 2016 hubiésemos tenido cerca de 1 millón de empleos menos. Por otro lado, si el mercado laboral español hubiese contado con unas instituciones laborales más flexibles en el inicio de la crisis, se habría evitado la destrucción de cerca de 2 millones de empleos en el largo plazo y la tasa de desempleo a inicios de 2016 hubiera sido 8 puntos inferior (12,9 % frente al 20,9 % en IV Trimestre 2015).

En conclusión, se puede afirmar que la reforma laboral cambió la tendencia del mercado laboral español, pasando de reducción de empleo a moderación salarial. El escenario que se encontró Mariano Rajoy cuando llegó a la Moncloa no era el mejor. La reforma laboral frenó la sangría en la eliminación de empleo, aunque no lo hizo de primeras (las consecuencias de una política no es inmediata y la crisis económica de la Eurozona fue bastante dura). Poco a poco, con un mercado de trabajo algo más liberalizado, el empleo se va recuperando y el desempleo sigue bajando.

Aunque los actores sociales y políticos de izquierdas digan que hay que derogar la reforma laboral porque ésta ha aumentado la precariedad, es mentira, puesto que la temporalidad era mayor en la etapa de Zapatero, en plena burbuja. Pero ahí no importaba la precariedad: creíamos que el maná caía del cielo; aunque no era gratis y años después lo hemos ido pagando, y en algunos casos se sigue pagando en la actualidad. Hay que profundizar en la reforma laboral, que evite regresar al escenario anterior. Numerosos organismos internacionales, entre ellos el FMI y la OCDE, han coincidido en que la reforma laboral condujo a la moderación del crecimiento salarial, un aumento de la flexibilidad salarial, una desaceleración de las pérdidas de empleo y un crecimiento neto de empleo a partir de 2014.

Es por ello que no hay que volver atrás. Los que se quejan de la reforma laboral quieren un mercado laboral mucho más rígido: se quejan de la reducción salarial pero callan la inmensa destrucción de empleo anterior. Viven en una realidad paralela a la evidencia económica y laboral, la cual nos dice que aquellos mercados laborales más flexibles y liberalizados tienen salarios más altos y menores tasas de paro. Esto último es la enfermedad de nuestro país: una tasa de desempleo estructural muy alta.

El camino es liberalizar más y que sean empleados y empresarios quienes pacten condiciones de trabajo y que el Estado sea mero revisor del cumplimiento de dicho contrato. Alejarnos definitivamente de los convenios colectivos. Faltan reformas estructurales, que alejen el mercado laboral de la dinámica política y electoral del corto plazo y enfoque hacia el largo plazo, con un modelo productivo modernizado, tecnológico, exportador y de servicios. No podemos volver a un modelo laboral anticuado que destruye empleo. Derogar la reforma laboral de 2012 no es el camino para conseguir los retos que tenemos por delante en materia de empleo, entre otros.

Por qué la educación financiera es básica desde la infancia

Vivimos en un mundo en el que buena parte de nuestras decisiones, por no decir todas, están relacionadas con nuestra condición de "homo economicus", es decir, la aplicación práctica de los principios más sencillos del campo económico a nuestro día a día.

Es por ello que necesitamos de una buena educación financiera, incluso desde pequeños, que sirva de aprendizaje, para poder tener, el día de mañana, una salud financiera (igual de importante, por cierto, que la salud física) en las mejores condiciones posibles. Educar, desde el punto de vista de la enseñanza. Dar a conocer ciertos hábitos y técnicas, que aplicados a nuestra vida nos dan mejores resultados.

Por otra parte, el campo de las finanzas parece un mundo muy complicado, en el que si no sabes de economía o matemáticas financieras no tienes nada que hacer, pero la realidad es bien diferente. La economía y las finanzas, a una escala personal, nos afectan a todos en el día a día, desde la más temprana infancia (quién no recuerda la hucha).

Es por ello que desde edades tempranas debería comenzar esta educación financiera. Conozco a padres que enseñan a sus hijos lo importante de no malgastar las pequeñas cantidades que les dan sus familiares y que guardan en esa famosa hucha. La pedagogía sobre el dinero, cuanto antes mejor. Acostumbrarnos desde pequeños a términos y situaciones que nos encontraremos más mayores en nuestro día a día.

Según avanzamos en edad, podemos ir enseñando otros términos económicos que se van entendiendo mejor, como nóminas, tributos y algunos elementos económicos que nos acompañarán el resto de nuestra vida: IPC, inflación (¿qué es eso del "poder adquisitivo"?), etc. También otros elementos, como una tarjeta de crédito o una hipoteca. Es indignante ver que en la enseñanza secundaria y bachillerato, si no cursas la asignatura de Economía, no veas nada relacionado con todo esto. Años y años de educación "pública y de calidad" para salir 'desnudo' a la calle en educación económica y financiera.

A pesar de lo que algunos profesores, políticos y actores sociales puedan decir (siempre desde la óptica de defensa de lo "público"), la educación financiera desde la infancia no es negativa. Al contrario, es habituar al ser humano a un escenario en el que más pronto que tarde va a desarrollarse. Es crucial generar con el tiempo una independencia financiera y cuanto antes se enseñen los elementos económicos que nos ayuden a alcanzarla, mejor. La independencia financiera solo puede lograrse mediante ahorro y buenas decisiones de inversión (maximizar las curvas de indiferencia rentabilidad-riesgo de Markowitz) que nos permitan un grado de libertad (financiera y personal) mayor.

Se quejan de la educación financiera quienes nos quieren esclavos del Estado (relacionado con el síndrome de Estocolmo, presente en el Estado del Bienestar), quienes nos dicen que es mejor no aprender y formar nuestra propia economía personal, no alcanzar nuestros objetivos y depender de políticos y burócratas, que aplican policies a favor del interés general, algo falso a todas luces. Cuanta menor independencia financiera personal, mayor dependencia del Estado. Y eso conlleva un mayor servilismo político a quien más prometa de "lo público".

Es por ello que la propaganda de quienes se quejan de la educación financiera (y en particular, en niños pequeños) arremete contra la libertad económica y caricaturiza al sector privado. Nos quieren esclavos de un Estado que deje de ser Benefactor para ser Minotauro; y para ello manipulan sobre lo que sea necesario. Caricaturizan al empresario, dicen que el lucro es perverso (ellos deben trabajar gratis entonces) y no dudan en decir barbaridades sobre el ahorro y la inversión, aparte de manipular también sobre los grandes patrimonios (que nunca falte la falacia de asociar ricos con robo).

Es por ello que debemos plantar cara a quienes engañan con fines perversos, quienes manipulan términos económicos, quienes escriben la Historia a su gusto, falsificando hechos y datos. La educación financiera es una herramienta para vivir en un mundo más libre. Por eso la defendemos quienes defendemos la libertad. Los que prometen el cielo y nos traen el infierno con sus ideas políticas y económicas llevadas a la práctica, nos quieren siervos de su poder, manejar todo y decirnos que no hay vida más allá de ellos. No caigamos en la trampa.

Desmontando mitos: la desigualdad no se ha disparado con el gobierno de Mariano Rajoy

Si hay un mito que se extiende a lo largo y ancho de nuestro país en los últimos años, sobre todo en aquellos en los que la crisis hizo más daño y parecíamos destinados a un rescate por parte de las instituciones europeas, es el de la desigualdad. Una mentira repetida millones de veces no se convierte en verdad, aunque dicha mentira penetre el pensamiento crítico de la gente y se inocule en el pensamiento general como una verdad. Algo así ha ocurrido en estos años con la desigualdad en España. Medios de comunicación alineados con posiciones de izquierdas han descrito durante estos años una situación apocalíptica en cuanto a desigualdad y pobreza, la cual no se corresponde con la situación real.

Este mito se corresponde con la creencia generalizada de que la desigualdad se ha disparado durante los años que ha gobernado el Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza. La realidad, como ocurre en estos casos, es bien diferente. Tomando los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) se puede observar que la desigualdad creció durante la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero (PSOE), entre 2008 y 2011. Para ello se puede observar el coeficiente de Gini, el cual es definido como la “proporción acumulada de la población ordenada por los ingresos equivalentes con la proporción acumulada de los ingresos recibidos por los mismos”. Es una medida de desigualdad que toma el valor 0 en caso de equidad perfecta y el valor 100 en caso de desigualdad perfecta. El coeficiente de Gini en 2008 fue 32.4 y en 2011 fue 34.

¿Qué ha ocurrido en el periodo en el que ha gobernado Mariano Rajoy? La senda ha sido descendente en líneas generales, aumentando en 2014 hasta 34.7 y cayendo los últimos tres años. El último dato conocido, en 2017, es 34.1. La desigualdad no solo no se ha disparado en estos años, sino que ha caído. El mito no se sostiene por ninguna parte.

Aquellos que dicen luchar contra la desigualdad, ésta aumentó en su gobierno, por el aumento del desempleo principalmente. Aquellos a los que han achacado un escenario apocalíptico de desigualdad, se demuestra que no ha sido tal. Así es la política, demagogia y mentiras para crear relatos que permitan engañar a los votantes y poder asegurar un mayor número de votos en las próximas elecciones. No caigamos en la trampa.

Colombia se libra de las garras del chavismo

El domingo 17 de junio se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. El país tenía que elegir entre Iván Duque y Gustavo Petro. Venció Duque con el 54% de los votos, por el 41.8% que consiguió el candidato de izquierdas.

Es digno de celebrar la derrota de Petro, el candidato que representa los ideales del chavismo en el país vecino de Venezuela. Petro fue asesor de Hugo Chávez y sus discursos y puesta en escena se asemejan muchísimo. Petro, al igual que Chávez, pretendía llegar a la presidencia ocultando sus verdaderas intenciones a través de la retórica populista de “Pueblo” contra “no Pueblo”, envolviendo sus palabras de significantes bonitos, utilizando la neolengua para disimular sus intenciones.

Colombia en manos de un adorador de Castro y Chávez, como es el caso de Petro, se hubiera convertido con el tiempo, sin duda, en un espejo de Cuba y Venezuela. El socialismo que encarna el populismo latinoamericano, persecución al mercado e instituciones políticas liberales mediante, condena al pueblo a la miseria mientras la élite vive como “adoradores del capital” al que tanto dicen odiar. Colombia se ha librado de una dictadura gradual que hubiera convertido al país en una cárcel, como ocurre siempre que se ha aplicado el socialismo. Así ocurrió en Venezuela, cuyo proceso contamos en “Salvemos Venezuela”. Y así ocurre en todo país que se echa en brazos del socialismo, en cualquiera de sus vertientes, creyendo promesas que nunca llegan a cumplirse y la profecía se convierte en todo lo contrario.

Poner la economía en manos del Estado y planificar desde el “centro director” al que hacen referencia Hayek y Mises, entre otros, siempre tiene las mismas consecuencias. Poner los derechos civiles y políticos en manos de una élite que persigue al que no piensa como ordenan desde arriba, también. Aunque Petro había rechazado varias veces que su plan fuera planificar la economía como ocurre en el socialismo, no hay que olvidar las mismas negaciones de Chávez en este sentido y lo que ocurrió después: negó que expropiaría empresas y lo hizo, negó que perseguiría a medios de comunicación y lo hizo, negó que perseguiría al capital privado y lo hizo, etc. Basó su política en aquello que había rechazado como candidato, para la “gloria” del Pueblo venezolano, contra los “malos”, los yankis y la oligarquía (no Pueblo).

Petro no iba a ser diferente en este aspecto. Como he dicho antes, Petro se fijaba mucho en los gestos y la forma de comunicar de Chávez, era su ejemplo a seguir. Basando su discurso y su puesta en escena en el mismo populismo latinoamericano, el cual consiste en mentiras, en disfrazar la verdad mediante la retórica de un bonito discurso, emocional y no racional, en principio inclusivo, pero a todas luces excluyente (Pueblo vs no Pueblo; buenos vs malos). En dicho populismo no tienen cabida los “impuros”, los “malos”, la “oligarquía” o como se quiera calificar al ‘enemigo’ del Pueblo.

Ir en contra del libre mercado, de la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad política y civil tiene siempre las mismas consecuencias: destrucción de la democracia y afianzar la estructura de la dictadura. Miseria en todos los sentidos.

Colombia ha elegido a Duque y ha rechazado a Petro y al chavismo. El presidente electo de Colombia tiene un reto por delante. Debe cumplir las expectativas que millones de colombianos han puesto en su proyecto. No será fácil. Pero Colombia seguirá siendo una democracia, aunque no sea perfecta. Se libró de las garras del chavismo.

Por qué Hamas es el culpable de lo que ocurre en Gaza

Una nueva oleada de protestas en la frontera de Gaza con Israel por el 70º aniversario de la independencia de Israel y el traslado de la embajada de EE.UU. a Jerusalén acaba con decenas de muertos y centenares de heridos. El titular, que se pudo leer hace un par de semanas en cualquier medio, siempre responde a un perfil predeterminado que pone a Israel en el punto de mira como el malo y el agresor y victimiza a los palestinos como los agredidos.

La inmensa mayoría de medios de comunicación nos dicen que “Israel mata”. La mayoría de políticos se unen a esta declaración de intenciones a favor de la propaganda palestina. Con especial ímpetu desde la extrema izquierda de nuestro país, que sigue el eslogan anti-judío al pie de la letra, el mismo discurso ‘progre' que lleva décadas encima de la mesa, que culpa a Israel y victimiza a Palestina, y a la región de Gaza en particular. Casi siempre sin mencionar una sola palabra acerca de Hamas. Como ejemplo, los tweets del pasado lunes de los dirigentes de Podemos, donde se podía leer todo tipo de culpa hacia Israel, desde asesino a genocida o decir que hay una masacre, sin mencionar una sola vez a Hamas.

Hamas es una organización terrorista que tiene como objetivo primordial la aniquilación y desaparición del Estado de Israel y de todos los judíos, como se desprende de su manifiesto fundacional y de sus comunicados a lo largo de los últimos años. Su modus operandi suele ser el siguiente: utilizar población civil (especialmente niños) como escudos humanos y aprovechar infraestructuras escolares y sanitarias para almacenar armas, bombas y demás arsenal terrorista; además de disparar hacia Israel desde estas infraestructuras. Es decir, utilizar dinero que debería destinarse al desarrollo económico y social de Gaza a fines terroristas. Si Hamas pusiera en dicho desarrollo el mismo empeño que en destruir Israel...

Esta protesta “pacífica” (que dicen algunos) no iba a ser diferente. Las órdenes de Hamas son claras: acercarse a la frontera con cualquier tipo de arma y cualquier tipo de artefacto que pueda ser utilizado para lanzarlo al ejército y población israelí. Varios terroristas han sido sorprendidos mientras intentaban cruzar hacia Israel. Como informan las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), “multitud de manifestantes se han acumulado en la frontera, utilizando explosivos, armas, cócteles molotov y hasta cometas incendiarias para violar la valla de seguridad. Las FDI han advertido a los gazatíes contra el acercamiento a la valla de seguridad, pero para que Hamás continúe realizando sus actividades, ellos deben continuar incitando estas manifestaciones”. Por tanto, no estamos ante protestas pacíficas, sino ante protestas que buscan mostrar al mundo la victimización palestina, con Hamas a la cabeza, una vez más. Continuan su camino de querer atacar como sea a Israel. Éste se defiende, como es lógico, y no deja pasar la frontera a quienes vienen a sembrar el pánico y matar a sus ciudadanos.

Hamas tiene retenido al pueblo palestino, a quien no le permite el desarrollo humano, y les obliga a morir yendo hacia la frontera para seguir con el relato que hace de Israel un monstruo genocida. Nada de eso ocurre en la realidad. Debemos ser conscientes de que el Estado de Israel es la conservación de los valores occidentales en Oriente Medio. Quienes manipulan sobre Israel y callan sobre Hamas son aquellos que quieren la destrucción de Occidente, es decir, la destrucción de la democracia y la libertad y dejar paso libre a la barbarie, en cualquiera de sus etiquetas.