Unidos Podemos o por qué quedar 2º en votos no implica quedar automáticamente 2º en escaños

A falta de un mes para las próximas elecciones generales, la gran mayoría de encuestas y runrún político gira en torno al posible «sorpasso» de la coalición Unidos Podemos al PSOE. El 20-D el PSOE quedó por encima de Podemos y sus confluencias, toda vez que IU iba por su lado y fue el partido más perjudicado por el sistema electoral, como viene ocurriendo desde las elecciones de 1977.

Ahora bien, si todo apunta a que Unidos Podemos superará al PSOE en votos, ¿lo hará en escaños? Analizando el sistema electoral español se puede llegar a la conclusión de que no hay que tirar las campanas al vuelo sobre el adelantamiento de Unidos Podemos al PSOE en cuanto a escaños.

El sistema electoral español está formado por 52 circunscripciones provinciales (las 50 provincias más Ceuta y Melilla), que se pueden dividir en 3 tipos: pequeñas (eligen entre 1 y 5 diputados), medianas (entre 6 y 9) y grandes (las que eligen a partir de 10 diputados).

A su vez, el sistema electoral español, pese a considerarse proporcional, tiene un efecto mayoritario: demasiadas circunscripciones eligen poco diputados (de las 52 circunscripciones, más de la mitad (28) son pequeñas). ¿Qué se traduce de esto? Como es de esperar, en esas circunscripciones que eligen pocos diputados, son elegidos los candidatos de los partidos más votados, dejando fuera de la asignación de escaños, aunque consigan un alto porcentaje de voto, a terceros y cuartos partidos.

Esta es una de las claves donde puede estar un «sorpasso» fallido de Unidos Podemos al PSOE en cuanto a escaños. Como he dicho, el sistema electoral español, aun siendo proporcional, tiene un efecto mayoritario. En esas circunscripciones donde se eligen menos diputados, se fomenta más el bipartidismo a través del «voto útil», que es la percepción que tiene el votante de que el partido que le gustaría elegir no tiene muchas posibilidades de lograr representación, optando el votante entonces por un partido mayoritario.

En el siguiente cuadro se observa el resultado que obtuvieron el PSOE y la suma Podemos+IU en cada circunscripción (salvo Ceuta y Melilla, donde obtiene el escaño el partido más votado, generalmente el PP).

Circunscripción	Escaños	PSOE	Podemos	Diferencia de votos * (redondeo)
Pequeñas
Soria	2	1	-	40.000
Ávila	3	1	-	4.000
Cuenca		1	-	20.000
Guadalajara		1	1	1.000
Huesca		1	1	3.000
Palencia		1	-	7.000
Segovia		1	-	3.000
Teruel		1	1	4.000
Zamora		1	-	5.000
Álava	4	-	2	-29.000
Albacete		1	1	24.000
Burgos		1	1	-2.000
Cáceres		2	-	43.000
Lérida		1	1	-6.000
Lugo		1	1	10.000
Orense		1	1	10.000
La Rioja		1	1	7.000
Salamanca		1	-	13.000
Cantabria	5	1	1	1.000
Castellón		1	1	-17.000
Ciudad Real		2	1	45.000
Huelva		2	1	25.000
Jaén		2	1	85.000
León		1	1	9.000
Navarra		1	2	-40.000
Valladolid		1	1	13.000
Medianas
Almería	6	2	1	39.000
Badajoz		3	1	89.000
Córdoba		2	1	45.000
Gerona		1	1	-12.000
Guipúzcoa		1	2	-56.000
Tarragona		1	1	-18.000
Toledo		2	1	42.000
Granada	7	2	2	50.000
Pontevedra		2	2	-40.000
SC de Tenerife		2	2	-7.000
Zaragoza		2	2	-17.000
Asturias	8	2	2	-40.000
Baleares		2	2	-34.000
La Coruña		2	2	-40.000
Las Palmas		2	3	-35.000
Vizcaya		1	3	-103.000
Cádiz	9	3	2	12.000
Grandes
Murcia	10	2	2	14.000
Málaga	11	3	3	23.000
Alicante	12	3	3	-46.000
Sevilla		5	3	100.000
Valencia	15	3	5	-189.000
Barcelona	31	5	9	-303.000
Madrid	36	6	10	-297.000

*Para la diferencia de votos: (Votos del PSOE – votos de Podemos/IU). El signo negativo indica que en esa circunscripción ha sido más votada la suma de Podemos e IU.

Como se puede observar, el PSOE obtiene una diferencia mayor en las circunscripciones pequeñas y medianas que la suma de Podemos+IU en las circunscripciones grandes. 

	Escaños por tipo de circunscripción
	Pequeñas	Medianas	Grandes
PSOE	29	32	27
Podemos + IU	20	30	35

El PSOE obtiene una diferencia de escaños mayor conforme disminuye el tamaño de la circunscripción. Mientras en las circunscripciones grandes Podemos obtiene 35 diputados, en las pequeñas solo llega a conseguir 20. Lo que confirma el efecto mayoritario del sistema electoral español, por el cual, los partidos más votados (en este caso, PP y PSOE) obtienen una prima de escaños en las circunscripciones pequeñas y medianas. 

	Diferencia de votos por tipo de circunscripción
	Pequeñas	Medianas	Grandes
PSOE	278.000	-	-
Podemos + IU	-	125.000	698.000

La clave para entender por qué el PSOE puede ser 3º en votos, pero 2º en escaños la tenemos en la diferencia de votos. Para las circunscripciones pequeñas, donde el PSOE sacó 9 escaños de diferencia con Podemos+IU, obtuvo solo 278.000 votos de diferencia.

En las circunscripciones medianas, en las que el PSOE consiguió 2 escaños más, sin embargo, fue la suma entre Podemos e IU la que consiguió más votos. En total, la coalición obtuvo 125.000 votos más que el Partido Socialista.

Y en las circunscripciones grandes, donde Podemos obtiene más ventaja, la suma con IU les dio 8 escaños más. En votos, la coalición consiguió 698.000 votos más respecto al PSOE.

Esto nos hace una idea respecto al 26-J. En aquellas circunscripciones donde menos escaños se reparten, el PSOE obtiene una ventaja de escaños, pero no de votos, al ser provincias más pequeñas también en habitantes.

Por tanto, Unidos Podemos puede ganar en votos, pero entra dentro de lo posible que no supere al PSOE en escaños. Allí donde el PSOE ganó a Podemos+IU en escaños, lo hizo con una diferencia de votos menor a la existente donde ganó la suma de Podemos e IU.

Las claves del 26-J estarán, por un lado, en las circunscripciones donde PSOE y Unidos Podemos consigan atraer más votantes que el contrario, y, por el otro, en la edad de sus electorados. 

Mientras las circunscripciones pequeñas (según el efecto del «voto útil») y el electorado mayor de 55 años sigan apoyando (y votando) al PSOE más que a Unidos Podemos, las opciones de «sorpasso» se alejarán. El apoyo a Unidos Podemos se encuentra, en mayor medida, entre las circunscripciones grandes y, por edad, entre los jóvenes, menos movilizados de cara a las elecciones, por lo que si aumenta la abstención, puede penalizar en buena medida el resultado electoral de dicha coalición. 

Pues sí, soy antisistema

El otro día, en un programa de «Eco_TV», presentado por Iván Ayala, un inspector de Hacienda le dijo a Fernando Díaz Villanueva que «el discurso liberal es un discurso antisistema». No sé si lo dijo por ignorancia o por ganas de ofender, pero he de decir que el señor tiene razón. Yo, que soy liberal, me identifico como antisistema. Anti consenso socialdemócrata, que es lo que impera en esta España y en la Europa del siglo XXI.

Estoy en contra de un sistema en el que se le da más importancia a cualquier colectivo antes que al individuo.

Estoy en contra de un sistema en el que nada queda fuera del Estado. Políticos y burócratas han ido tejiendo una red normativa y fiscal, que no deja incentivo alguno al progreso y solo quiere que los individuos sean parásitos de lo que ellos ordenen y manden.

Estoy en contra de un sistema en el que la educación queda en manos del Estado. En la que no puedes elegir. Puedes llevar a tus hijos a un colegio privado, sí, pero a la vez estás pagando la educación pública. Puedes llevar a tus hijos a un colegio privado, sí, pero no puedes elegir ni el contenido ni su forma de estudio. Todo queda regulado por ellos, el poder público.

Estoy en contra de un sistema en el que la sanidad queda en manos del Estado. Servicios públicos caros e ineficientes, como muestran varios informes. Como siempre ocurre en estos casos, surge «la falacia del proveedor único», que como dice Carlos Rodríguez Braun, es «la falacia del Estado que está», es decir, la creencia de que hay algunos aspectos que solo puede proveer el Estado, generalmente la educación, la sanidad y las pensiones, entre otros. Más falacias sobre la sanidad privada, como decir que los hospitales y centros sanitarios se guiarían más por obtener beneficios que por la salud de sus pacientes/clientes. Los beneficios llegan haciendo un buen trabajo, acoplándote a la demanda y haciéndolo mejor que la competencia. Por tanto, los beneficios llegan por medio de la salud de sus clientes; cuanto más curen, más rápido, etc., es decir, mejor desempeño tengan en su trabajo, más pacientes recibirán, cuestión del efecto llamada (entre dos o más hospitales, irás al que mejor fama tenga y en el que sus equipos médicos hagan mejor su trabajo). Algo tan obvio que un socialista/comunista no es capaz de asimilar.

Estoy en contra de que las pensiones queden en manos de una administración pública llamada Seguridad Social, un invento franquista (Ley de Bases de la Seguridad Social, 1963) del que socialdemócratas, socialistas y cualquier estatista está encantado de su existencia. Por cierto, la Seguridad Social es un fraude. Las pensiones públicas, también. Es el síndrome de Estocolmo en la política económica. El Estado, que utiliza el miedo y la psicología, intenta convencer de que sin él no tendrás pensión, que él te roba mediantes cotizaciones sociales (que no llegas a fin de mes por su culpa) para que cuando te jubiles “disfrutes” de una pensión mísera, pues resulta que lo que has cotizado no es para tu jubilación, sino para los que estaban jubilados mientras trabajabas. Lo llaman solidaridad entre generaciones. Yo lo llamo robo.

También estoy en contra de un sistema que condena a jóvenes y/o sin estudios al paro por eso que conocemos como Salario Mínimo Interprofesional, otro invento franquista (1963), del que los estatistas de todos los partidos (copiando a Hayek) están satisfechos. Sí, en el PP también. Dicen de él que es un partido liberal, pero si de verdad lo fuera, lo hubiera eliminado hace años en alguno de sus Gobiernos. A mí no me la cuelan.

Estoy en contra de las dificultades que existen en nuestro país para crear una empresa, como parte de una libertad económica que hemos perdido con el paso de los años. Mientras que la media de la UE está en 11.6 días, en España se necesitan 17 días de media para crear una empresa. Casualmente, los países con mayor libertad económica tienen un espacio de tiempo menor. También estoy en contra del mercantilismo y proteccionismo a base de decretos, por los que unas empresas son privilegiadas por el poder político, a base de subvenciones, generalmente.

Estoy en contra, por supuesto, de que los partidos políticos pertenezcan al Estado y no a la sociedad civil, a quien debe representar. Financiación privada y adiós a las subvenciones.

Estoy en contra, en definitiva, de tantas y tantas cosas de este sistema político y económico que tenemos en España, el consenso socialdemócrata. Sí, soy antisistema y pueden llamármelo tranquilamente, pues no me ofenderá, todo lo contrario. Como contestó Fernando Díaz Villanueva al inspector de Hacienda, sobre el discurso antisistema: «Sí, totalmente».

La Revolución Cultural, una herramienta totalitaria

A finales de la década de los 50 y comienzos de los 60, China empezó a sufrir las terribles consecuencias del Gran Salto Adelante, que produjo la Gran Hambruna China, entre los años 1958 y 1961. El Gran Salto Adelante fue un paquete de medidas políticas, económicas y sociales encaminadas a hacer de China una especia de fotocopia de la URSS, cuya idea estuvo siempre en la cabeza del líder comunista chino, Mao Zedong.

En 1966, cayendo la popularidad de Mao, comenzó la Gran Revolución Cultural Proletaria, conocida como «Revolución Cultural», que representaba una nueva etapa de la revolución socialista en China. Como siempre ocurre en los movimientos políticos destinados a imponer algo, la ideología era más que necesaria; era una revolución a largo plazo y uno de sus fines debía ser acabar con la separación existente en ese momento entre las masas y el Partido Comunista.

Para Mao y el resto de la oligarquía comunista china, la burguesía aunque derrotada, todavía trataba de valerse de las viejas ideas, cultura, hábitos y costumbres de las clases explotadoras para corromper a las masas y conquistar la mente del pueblo en su esfuerzo por restaurar su poder. El principal objetivo de la Revolución cultural debía ser, por tanto, guiar a las masas por el camino socialista y evitar las ideas (y acciones) de la burguesía, que representaban el capitalismo y la «opresión», es decir, el mal camino.

El proletariado debía propinar golpes despiadados y frontales a todos los desafíos de la burguesía en el dominio ideológico y cambiar la fisonomía espiritual de toda la sociedad utilizando sus propias nuevas ideas, cultura, hábitos y costumbres. Así lo ordenaba el Documento de los 16 puntos: «Nuestro objetivo actual es aplastar, mediante la  lucha, a los que ocupan puestos dirigentes y siguen el camino capitalista, criticar y repudiar a las autoridades reaccionarias burguesas en el campo académico y cultural, criticar y repudiar la ideología de la burguesía y demás clases explotadoras, y transformar la educación, la literatura y el arte y los demás dominios de la superestructura que no corresponden a la base económica del socialismo, a fin de facilitar la consolidación y el desarrollo del sistema socialista» (Punto 1). Para conseguir dicho objetivo, se clasificaba a la población china en 4 grupos (Punto 8):

1. 1. Buenos.
2. 2. Relativamente buenos.
3. 3. Aquellos que han cometido graves errores pero que aún no son derechistas anti-Partido y anti-socialistas.
4. 4. El reducido número de derechistas anti-Partido y anti-socialistas.

Se debía evitar, por la fuerza incluso, cualquier cosa que tuviera relación con la burguesía y el capitalismo; ya fuera dentro o fuera del Partido. Mao relacionó a numerosos cargos del Partido con corrientes “contrarrevolucionarias”, como ya hicieran Lenin y Stalin en el PCUS.

Mao tenía la idea de que un grupo de representantes de la burguesía y de revisionistas contrarrevolucionarios se había infiltrado en el Partido, en el Gobierno, en el Ejército y en los organismos culturales del Estado; por ello es que la Revolución cultural debía actuar en todos los frentes y llevar a la población china, una vez limpia de burgueses, capitalistas y derechistas, por el buen camino, el del socialismo.

Como se observa a lo largo de los movimientos totalitarios, siempre hay un enemigo, el cual hay que derrocar como sea. En términos populistas, es el «pueblo» quien debe derrocar al «no pueblo», ya sea una oligarquía, una raza u otro ente. Ese enemigo identificado, el «enemigo objetivo» al que se refería Hannah Arendt, se suele corresponder con el peligro para la consecución de los «intereses populares», es decir, para los intereses del Líder.

La Revolución Cultural no iba a ser menos. El enemigo objetivo, el blanco principal de la revolución, en palabras de los dirigentes comunistas, debían ser aquellos elementos en el seno del Partido que ocupaban puestos dirigentes y seguían el camino capitalista. Pero había que poner cuidado en distinguir estrictamente a los «derechistas anti-Partido» de aquellos que apoyaban y defendían el Partido y el socialismo, pero que habían dicho o hecho algo erróneo, o habían escrito malos artículos u obras.

En definitiva, uno de los principales objetivos de la dirección del Partido era «saber descubrir a la izquierda, desarrollar y engrosar las filas de ésta y apoyarse resueltamente en la izquierda revolucionaria. Solo de este modo sería posible, en el curso del movimiento, aislar totalmente a los derechistas más reaccionarios, ganarse a los elementos intermedios, unirse con la gran mayoría y lograr, hacia el final del movimiento, unir a las masas» (Punto 5).

La Revolución Cultural tomaba significado, en parte, gracias a la hegemonía cultural que había explicado Antonio Gramsci unas décadas antes. Con alguna que otra diferencia. La hegemonía cultural no introduce el uso de la fuerza, solamente el camino intelectual, la construcción de un discurso que agrupe y el enfrentamiento retórico entre la clase dominante y la clase dominada. En cambio, la Revolución Cultural sí usaba la fuerza para acabar con todo aquello relacionado con el «no pueblo», al más puro estilo de purga estalinista.

Otra diferencia estriba en que la hegemonía cultural es previa a la toma del poder (entendido como coacción), es decir, las estructuras del Estado. En cambio, la Revolución Cultural fue posterior a la consecución del Poder. Mao ya era un líder consagrado en el Partido y en la China Popular cuando comenzó dicha revolución.

En definitiva, la Revolución Cultural fue un instrumento utilizado por Mao para llevar sobre el gigante asiático el «terror de masas» que había aprendido de la Rusia soviética leninista. El objetivo era claro, acabar con todo aquello que no fuera en la línea de pensamiento único, en la línea del comunismo. La Revolución Cultural acabó en 1976, cuando murió Mao.

Por aquel entonces, China era un país con bastantes deficiencias económicas y sociales. A finales de los 70, China había mermado bastante, tanto económica como socialmente, como consecuencia de los millones de muertos que se habían sumado entre el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. El camino del totalitarismo, una vez más, la muerte y la destrucción.

Podemos-IU: no al progreso, sí a la destrucción

Ya aprobado por parte de las bases de ambos partidos, en lo que ha sido un mero trámite, los líderes de Podemos e IU sellaron hace pocos días el «pacto de los botellines», para concurrir unidas ambas formaciones a las elecciones generales del 26-J.

En las negociaciones posteriores al 20-D ya se habló de la necesidad de unión de las izquierdas (perjudicadas por la ley electoral española, todo sea dicho), que algunos líderes quisieron hacer realidad con un pacto PSOE-Podemos-Compromís-IU, el cual rechazó el PSOE por la línea roja marcada por Pablo Iglesias de no pactar con el PSOE mientras no rompiera su acuerdo de 200 reformas (que presentó a la votación de investidura) con Ciudadanos. Dicha unión de izquierdas, llamada por muchos el «pacto progresista y de cambio» ya ha unido a Podemos e IU y falta la confirmación de que las confluencias (En Comú Podem, Compromís y En Marea) vuelvan a sumarse con el partido de los círculos.

¿Progresista y de cambio?

La idea confundida de asociar progreso a partidos políticos que nada tienen que ver con políticas que hagan progresar a un país tiene un capítulo más con esta coalición.

La idea de progreso infundada tanto en Podemos (populismo socialista) como en IU (comunismo) se basa en una idea de la España de la II República, en la que una sociedad dividida en dos y el auge de la radicalización política acabaron en la Guerra Civil. El discurso de ambos partidos, de corte guerracivilista, tiene como objetivo, simple y llanamente cambiar una oligarquía por otra, como hicieron los bolcheviques en la Rusia de 1917, que nada tiene que ver precisamente con el progreso y la libertad. Este discurso se vuelve más efectivo con el caldo de cultivo de la situación actual, en una crisis tanto económica, como política e institucional. Y ahí han sabido sacar provecho.

La ideología de esta coalición no deja lugar a engaños: extrema izquierda. La transversalidad de Podemos, que engañaba a muchos, se ha descubierto finalmente como un mero truco para captar algún votante más moderado, pero el espíritu podemita siempre se ha demostrado más parecido al totalitarismo que a la democracia, y que recuerda a épocas que no debemos olvidar si queremos que no se repitan.

Propuestas económicas

La coalición Podemos-IU ha presentado un documento con 50 medidas, llamado «50 pasos para gobernar juntos», que, en caso de alcanzar ese «Gobierno progresista y de cambio» que tanto ansían, aplicarían, con el permiso de la Unión Europea (miren Grecia).

Como se podía prever, el documento iría en la misma línea de los programas electorales de Podemos e IU.

Más gasto público. Basados en el discurso anti-austeridad, falaz por su parte, que siempre han abanderado desde la extrema izquierda, proponen aumentar el gasto público en educación y sanidad y mantenerlo en otras partidas, como protección social.

¿Más ingresos? Mediante la lucha contra el fraude fiscal y una reforma fiscal progresiva, Podemos-IU pretende recaudar un 3% del PIB extra a lo largo de la siguiente legislatura. Según el documento que han presentado, pretenden lograrlo ampliando las bases tributarias, subiendo impuestos a empresas y subiendo el Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio, aparte de desarrollar un impuesto sobre las transacciones financieras.

Como siempre ocurre en estos casos, cuando sitúan al «no pueblo» en las rentas más altas y en las grandes empresas, se pretende recaudar más “subiendo impuestos a los ricos”. Como se ha demostrado en numerosas ocasiones, cuando se empieza subiendo impuestos a las rentas más altas, se termina subiendo impuestos a todos los tramos de renta. Con Podemos e IU no sería diferente; la excusa de subir impuestos a los ricos termina afectando a todos.

Más déficit y deuda pública. España se ha mantenido desde la Transición en un déficit público permanente (salvo en tres años, precisamente los de la burbuja: 2005, 2006 y 2007). Las propuestas de esta coalición no mejorarían el déficit, consecuencia de otra expansión de gasto público y unos ingresos ficticios.

A ello habría que sumarle la posible relajación en el objetivo de déficit (cumplirlo de forma más moderada), medida expresada en el documento, que aumentaría la deuda pública. El fantasma del impago, en programas electorales pasados de ambos partidos, surgiría de nuevo. No creo que fueran en serio, ya que impagar la deuda sería decir adiós a la UE y dejar a España marginada de los mercados financieros.

Piensan desde Podemos e IU que la solución para todos los problemas es más rigidez, un mayor endeudamiento y mayores impuestos. El objetivo es gastar. Paga usted. Los creadores del acuerdo piensan que si tenemos más déficit y más impuestos creceremos más y crearemos más empleo. Algo que siempre se ha demostrado, por un lado falso, y por el otro perverso para la economía de cualquier país, y en definitiva, para la sociedad en su conjunto.

En el acuerdo también entran las propuestas de aumentar el salario mínimo hasta 900€/mes al finalizar la legislatura. No se preocupe; si usted cobra por debajo de esa cantidad, no tendrá acceso a los 900€ y su camino será hacia el paro. Pero claro, es un pacto por el progreso y el bienestar de la gente. Siempre me hago la misma pregunta, y nunca han sabido respondérmela: si el salario mínimo es tan bueno, ¿por qué no subirlo a 10.000€/mes?

Hundir España es fácil: simplemente hace falta copiar las políticas económicas que nos han traído hasta aquí y se demostraron perversas, es decir, intervencionismo, rigidez del mercado laboral y un espíritu estatista (que llega a su culmen durante el 15-M), propio de uno de los padres de la socialdemocracia Ferdinand Lassalle: «El Estado es Dios».

El fondo ideológico del acuerdo entre Podemos-IU es volver a la España de los años 30, con una sociedad dividida y una radicalización de la política. Aplicar el programa económico que contiene dicho acuerdo sería volver hacia atrás. ¿A eso lo llaman progreso? No, mejor que lo llamen destrucción.

Valoración de líderes y factores del voto

En las encuestas electorales, una pregunta que siempre suele aparecer es aquella relacionada con la valoración de los líderes políticos. Es una variable que puede tener cierta concordancia con el voto (si se le valora bien, se vota a su partido); aunque no debemos olvidar que en el voto influyen más factores, además del propio candidato.

Observando el barómetro post-electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado hace unos días, se puede hacer una comparación entre la valoración de los líderes políticos y a quién votamos después.

El candidato de IU, Alberto Garzón, es el mejor valorado, tanto en la media (5.23, siendo el único que aprueba) como por franjas de edad, salvo en la de mayores de 65 años, en la cual el mejor valorado es el líder de C’s, con una puntuación de 4.63.

Por otro lado, Mariano Rajoy es el candidato peor valorado (salvo en los mayores de 65, donde se acerca a la valoración de Rivera y Garzón), con una puntuación media de 3.43.

Pablo Iglesias y Mariano Rajoy son los casos más llamativos, ya que son los que tienen un electorado más afín y según van hacia el otro lado caen en picado. En el caso del líder de Podemos son los jóvenes los que mejor le valoran, y según va hacia los grupos de mayor edad, disminuye poco a poco su valoración, hasta que cae en picado entre los mayores de 65 años. Por su parte, al Presidente del Gobierno en funciones y líder del PP, le ocurre lo contrario. Tiene su peor valoración entre los jóvenes, y según avanza hacia los grupos más mayores va ganando en valoración positiva.

Los más estables son Pedro Sánchez, Albert Rivera y Alberto Garzón, que obtienen puntuaciones similares en todos los grupos de edad, siendo el grupo de 25-34 años el más negativo para los líderes del PSOE y C’s, y el grupo de mayores de 65 años el más negativo para el líder de IU.

Como se puede observar, los más jóvenes votan más a Podemos (con la ayuda de las confluencias el voto entre los más jóvenes supera el 30%), algo que concuerda con la valoración de líderes políticos, ya que, con la excepción de Alberto Garzón (el mejor valorado y el menos votado en todas las franjas de edad), Pablo Iglesias es el líder mejor valorado por los más jóvenes. La brecha generacional la confirma los escasos votantes de Podemos que encontramos entre los votantes de más edad, quienes prefieren votar a los partidos tradicionales: PP y PSOE.

Por su lado, a Ciudadanos le ocurre algo parecido. Es más votado entre los jóvenes (llegando a ser el más elegido entre los votantes de 35 y 44 años) que entre los mayores. Y eso que en la valoración se encuentra arriba en todos los tramos de edad, llegando a ser Albert Rivera el mejor valorado entre los más mayores (+ 65 años); algo que no tiene su recompensa a la hora del voto.

A PP y PSOE les ocurre todo lo contrario: sus electorados están formados mayoritariamente por personas mayores, que superan los 55 años. Entre los más jóvenes ocupan los últimos puestos (prefieren votar a Podemos y C’s). Algo que concuerda con la valoración que recibe el candidato del PP, Mariano Rajoy, mejor valorado entre el electorado más mayor que entre los jóvenes. El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, por su parte, obtiene una valoración más o menos estable, algo que solo se nota en el voto entre los más mayores.

Factores del voto

El CIS pregunta por los factores que inciden a la hora de decidirse por un partido u otro. En esta pregunta también hay diferencias por edad. Así pues, la mayoría vota porque «son los partidos que mejor representan sus ideas», mientras que los más mayores votan teniendo en cuenta que «son las opciones que siempre han elegido».

Es decir, es posible que los más jóvenes piensen que Podemos y C’s sean los partidos que mejor representan sus ideas, mientras que los votantes a partir de 45 años se ven mejor representados por PP y PSOE, además de ser los partidos a los que siempre han votado.

Por su parte, las opciones «por el candidato» y «porque es el partido que está más capacitado para gobernar en España», tienen un apoyo más estable entre todas las franjas de edad.

Los votantes del PP tienen en cuenta que es el partido más capacitado para ellos para gobernar en España. Otro factor a tener en cuenta en el PP es que una parte de su electorado, la de más edad, vota al PP porque es el partido al que siempre ha votado; también por el candidato (casi un 18% de los que votan al PP), ya que Mariano Rajoy cuenta con una mejor valoración entre los votantes de más de 65 años, donde más votos obtiene el PP.

Los votantes del PSOE son los que más tienen en cuenta la tradición del voto. Por el contrario, no tienen apenas en cuenta la actuación socialista en la última legislatura o que sea el partido más capacitado para gobernar, al contrario de lo que piensan una mayoría de votantes populares.

Los que han votado a Podemos, dado que eran sus primeras elecciones generales de dicho partido, tuvieron más en cuenta que era el partido que mejor representaba sus ideas (casi el 53% del voto a Podemos). Solo el 12% de los votos a Podemos fueron por el candidato, Pablo Iglesias.

En cambio, los votantes de Ciudadanos fueron los que más votaron por el candidato (25.7%). El papel de Albert Rivera, por tanto, representa muchísimo en las opciones electorales de C’s.

Los votantes de IU eligieron como factor principal las ideas, junto a la tradición del voto y el candidato.

Con todo esto podemos hacernos una idea de la diferencia entre la valoración de los líderes y el voto. La mayoría de los votantes pueden valorar mejor o peor a un candidato, pero después incluyen otros factores, como el partido político (te puede gustar la gestión de un líder, pero no ser afín a la ideología de su partido; el voto útil, etc.), la tradición del voto (en el electorado más mayor, que representan PP y PSOE), que sea un partido que intente satisfacer tus demandas (uno de los factores principales, tanto por edad como por partido) o un voto del desencanto y del cabreo, más común entre el electorado joven, que representan en mayor medida Podemos y Ciudadanos.

¿Liberalismo en España?

Ya saben aquello de que una mentira, por más que se repita, no deja de serlo. Es lo que ocurre en España con el liberalismo. Algunos, en tono de insulto, llaman neoliberalismo al sistema político de España, pero ya les digo que en nuestro país no hay rastro de liberalismo — ni de neoliberalismo, si utilizan el tono de la izquierda —.

El liberalismo se caracteriza por querer una reducción del tamaño del Estado, y por ende de su poder sobre los individuos; es decir, contención del poder político y burocrático, tanto en el plano social como en el económico. ¿Ha ocurrido algo de eso en España, y más concretamente desde la crisis económica? Veamos.

Analizando la libertad económica de España, ya podemos empezar a ver que no hay liberalismo. En el año 2007, cuando comenzó la crisis económica, España ocupaba el puesto número 27, con una puntuación de 70.87 sobre 100. Durante la crisis, España ha caído en libertad económica, desmontando una parte del mito de que nos «invade el liberalismo». Así pues, en el año 2016, la puntuación obtenida por España en esta clasificación era de 68.5, alcanzando la posición número 43.

Otro indicador que desmonta con gran facilidad este mito es el gasto público, junto a los ingresos y por tanto, el déficit público y la deuda pública. En el año 2007, el gasto público total de España estaba en torno a 420.000 millones de euros. En 2009 se alcanzó el gasto público total en su nivel máximo histórico: 494.000 millones. Para el año 2016 el presupuesto total está cifrado en 468.000 millones. En 9 años el gasto público habría aumentado 48.000 millones.

Como consecuencia de este gasto público desbocado desde los años de la burbuja, y dado que los ingresos han permanecido igual, surge lo que conocemos como déficit público. Con este indicador se desmontan dos mitos de golpe: el del liberalismo y el de la austeridad. España cerró 2015 con un déficit público del 5.16% del PIB, es decir, un desajuste presupuestario de algo más de 50.000 millones aproximadamente.

Como consecuencia de un déficit casi perpetuo — desde 1980 solo 3 años acabaron en superávit —, España ha echado mano de la deuda pública, cuyo aumento no tiene nada que ver con el rescate de las cajas de ahorros, que por otro lado tampoco tienen nada que ver con el supuesto liberalismo que algunos dicen está arrasando España y Europa. El capitalismo de libre mercado se caracteriza por privatizar tanto las ganancias como las pérdidas. Socializar las pérdidas, que es lo que se hizo mediante dicho rescate, por tanto, no tiene nada que ver con el liberalismo.

La deuda pública ha aumentado 650.000 millones desde que comenzara la crisis económica. El rescate de las cajas costó 60.000 millones, es decir, la deuda ha aumentado casi 11 veces la cuantía del rescate. Los que dicen que una cosa llevó a la otra simplemente mienten.

Otro indicador que nos sirve para ver que no hay liberalismo en España es la variación de empleados públicos. Como demuestra Manuel Llamas, hoy por hoy, el sector público emplea a más personal que en el pico de la burbuja inmobiliaria. A cierre de 2007, después del estallido de la crisis, el número de empleados públicos ascendía a 2.969.500 mientras que en 2015 acumuló un total de 3.000.700 de empleados públicos. Si el liberalismo, como he dicho antes, se caracteriza por querer la reducción de políticos y burócratas — donde se incluyen los empleados públicos —, ¿por qué se dice que hay liberalismo dominante cuando hay actualmente más empleados públicos que en plena burbuja?

Como muestra el siguiente gráfico, en el que se compara la evolución del empleo público —línea inferior— con el empleo privado —línea intermedia—. Se puede comprobar que el peso de la caída del empleo en España es puramente del empleo privado, el empleo público se ha mantenido intacto. La línea superior es el empleo total.

Por último, otro indicador que demuestra el nivel de intervencionismo que padecemos en España es el número de páginas publicadas en los Boletines Oficiales, tanto a nivel estatal —BOE— como a nivel autonómico —Diarios Oficiales—. El BOE se ha mantenido más o menos en los mismos parámetros, mientras que las CCAA han dado rienda suelta al intervencionismo.

Como se puede comprobar, en España no hay ni rastro de liberalismo. Perdiendo libertad económica, con un gasto público desbocado, un déficit público casi perpetuo, una deuda que no deja de aumentar durante los últimos años y un rescate a las cajas de ahorros que hemos pagado todos los contribuyentes. A eso le sumas el número de páginas que nos regulan día a día y sale un coctel de intervencionismo que cualquier persona inteligente descubriría como nefasto para cualquier país. Pues no, en España algunos lo confunden con liberalismo demostrando una gran ignorancia e indigencia intelectual. Como siempre he dicho, algunos confunden intencionadamente intervencionismo con liberalismo para no reconocer la miseria intervencionista. Al fin y al cabo el adoctrinamiento y la mentira son habituales en la historia intervencionista, sea cual sea la ideología.

España necesita mayor libertad económica

Hace unos días se presentaba el Índice de Libertad Económica, cortesía de la Heritage Foundation. Es una clasificación que mide la libertad económica en los diferentes países. Para ello, la Heritage Foundation evalúa diferentes ámbitos económicos y la capacidad de apertura que cada país tiene en dicho ámbitos.

España ocupa el puesto 43 con una puntuación de 68.5 sobre 100, ocupando una plaza de las «economías moderadamente libres». Por delante quedan las «economías muy libres» y las «economías plenamente libres». Respecto al año anterior, la libertad económica en España ha mejorado, aunque en una medida muy pequeña, pues solo ha aumentado 1 punto (en 2015 ocupaba el puesto 49 con una puntuación de 67.6); aunque sigue estando por debajo del nivel de libertad económica existente antes de la crisis económica, cuando conseguía una puntuación de 69.2.

Los primeros puestos, como suele ocurrir cada año, están ocupados por aquellos países con una económica más dinámica y abierta. Aquellos países que no tienen miedo a la libertad económica y que saben a ciencia cierta que es la base de cualquier progreso, no solo económico, sino también social.

Los países nórdicos, tan nombrados por los políticos españoles y ejemplo de muchos de ellos, tienen más libertad económica que España. Generalmente es la parte que suelen saltarse y que esconden para referirse a sus grandes y costosos Estados del Bienestar. Pero en ello también es fundamental la libertad económica.

Por el otro lado, los ejemplos de la extrema izquierda: Cuba y Venezuela, con permiso de Corea del Norte, que cierra otra año más la clasificación. Economías muy controladas y dirigidas que hacen de un país una crisis permanente, no solo económica, sino política e institucional.

España debe seguir el ejemplo de Suiza, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etc. Imitar economías libres y dejarse de «experimentos hispanos» copiando economías que traen de todo menos bienestar y felicidad; es decir, dejar de copiar socialismo y copiar liberalismo. Buena falta nos hace.

Coalición Podemos-IU: causas y perspectivas

Sigue el camino para intentar formar Gobierno. Cada día queda menos y todo apunta a que se repetirán las elecciones generales. Pese a que algunos partidos se caracterizan por decir que su objetivo político es «la gente» o «el pueblo», en estos días están dejando mucho que desear, pues en vez de negociar por intentar formar un Gobierno «de cambio», como dicen ellos mismos, están pensando en su partido político y en unas eventuales elecciones generales.

Uno de esos partidos es Podemos, que siempre ha puesto como líneas rojas que Ciudadanos no estuviera presente en un pacto con el PSOE y las demás fuerzas de izquierdas y la celebración de un referéndum en Cataluña para apoyar dicho pacto presidido por el PSOE. Pues bien, ahora que todo apunta a nuevas elecciones, Podemos ya está pensando en posibles coaliciones electorales. Como ya ocurrió en la anterior cita electoral, la duda principal está en si presentarse en una coalición con Izquierda Unida^*.

Dado que el panorama actual no es el mismo que había antes del 20-D, podemos llegar a algunas conclusiones sobre por qué ahora sí quiere Podemos (o mejor dicho, Pablo Iglesias y su equipo) presentarse a unas hipotéticas elecciones generales en coalición con Izquierda Unida. Una de las razones está en el propio Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos no es el líder del comienzo del partido. Ha perdido capacidad de unión (prueba de ello es que cada confluencia gira en torno a los intereses territoriales y no de Podemos como conjunto nacional). El carisma por el que se caracterizaba cuando iba a los platós de televisión ha dado paso a una arrogancia y un cinismo que nos recuerda al Iglesias de la Universidad (en YouTube hay multitud de vídeos de Pablo Iglesias cuando no era famoso y mostraba su verdadera cara).

Tampoco el propio partido es el mismo. La etapa en la que todo era un ambiente bucólico-pastoril acabó. Lo demuestran las guerras internas (destituciones y dimisiones inclusive). Podemos se creó con un discurso de ser un partido nunca visto, pero pronto cayeron en los vicios de todos los partidos, de la «casta», palabra que protagonizaba los primeros discursos de los dirigentes de Podemos y que ya ha desaparecido de los mismos. La ley de hierro de la oligarquía, que explicó Robert Michels a principios del siglo XX, no deja indemne a ninguna organización política, por muy democrática que sea.

Otra de las razones está en las encuestas electorales. Mientras Podemos cae en picado y algunas encuestas le sitúan como cuarta fuerza parlamentaria (que no electoral, que ya lo fue el 20-D), el partido de Alberto Garzón sube como la espuma, recogiendo parte del descontento podemita y algunas encuestas llegan a dar casi el 7% de los votos a IU. La posibilidad de ir unidos en una repetición de elecciones generales hace que Podemos pudiera dar el «sorpasso» al PSOE que no logró en los comicios de diciembre.

El sistema electoral español penaliza bastante el voto disperso y los partidos minoritarios en las circunscripciones pequeñas y medianas son víctimas del llamado «voto útil» o estratégico. Es por ello que una coalición Podemos-IU beneficiaría bastante el resultado de IU, ya que con la ayuda de Podemos no sería tan perjudicado, pudiendo aumentar el porcentaje de voto no perdería tantos escaños en beneficio de PP, PSOE o C’s.

En las anteriores elecciones generales celebradas el 20 de diciembre, Podemos obtuvo 42 diputados (69 sumando las confluencias En Marea, En Comú Podem y Compromís-Podemos), mientras que IU solo obtuvo 2, siendo el partido más penalizado por la desproporcionalidad electoral, como viene siendo costumbre desde la Transición. Si el 20-D Podemos e IU hubieran ido en coalición, el resultado hubiera sido algo diferente. Habrían conseguido 58 escaños (85 sumando el resto de las confluencias), por los 44 (71 sumando confluencias) que consiguieron. 

Esos 14 escaños de más, conseguidos sobre todo en Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha e Islas Canarias, los perderían el PP (7), C’s (4), el PSOE (2) y el PNV (1). Otras curiosidades es que la coalición Podemos-IU hubiese quedado como primera fuerza electoral en las tres circunscripciones del País Vasco y en la circunscripción de Valencia, con la ayuda de Compromís (por delante del PP), además de las que ya había quedado como primera fuerza el 20-D.

¿Esta coalición es apoyada por los votantes? En buena medida, son los propios votantes de Podemos los que ven con mejores ojos la posible coalición entre Podemos e IU. Según Metroscopia, el 76% del electorado de Podemos está a favor de una coalición electoral con el partido de Alberto Garzón, por el 59% de IU. Por su parte, el 90% del electorado de Podemos votaría dicha coalición de izquierdas, por el 82% de IU.

Es coherente el alto porcentaje de apoyo, ya que Podemos e Izquierda Unida son dos partidos muy próximos ideológicamente, lo que hace algo más fácil siempre que una coalición funcione. Según el CIS de enero de 2016, Podemos obtiene 2.26 en la escala ideológica, por el 2.27 que obtiene IU. El propio electorado de ambos partidos se ven parecidos, ya que obtienen casi el mismo porcentaje de votantes que se ubican entre el 1 (extrema izquierda) y 4 (izquierda).

Quedan poco más de 10 días para que acabe el plazo para formar Gobierno. El 25 y 26 habrá una última ronda de consultas que llevará a cabo Felipe VI. Todo indica que no habrá cambios de cara a esa ronda de consultas y que todo seguirá igual después de ella. Por lo que el 2 de mayo, día en el que acaba el plazo, si no hay Gobierno, se convocarán de forma automática las elecciones generales para el 26 de junio.

Los partidos sacarán a relucir toda su maquinaria electoral. Podemos deberá decidir si acude a la hipotética, pero más que probable, cita electoral de la mano de IU (tendrá de plazo hasta mediados de mayo para comunicar la coalición correspondiente). Hay voces discrepantes, tanto en Podemos como en IU, sobre esta coalición. Así, Íñigo Errejón está en contra de dicho pacto para que no afecte a la «transversalidad» de Podemos. Cayo Lara también está en contra “porque una coalición con Podemos haría desaparecer a IU”.

Veremos si finalmente hay elecciones y veremos también cómo se presenta Podemos: solo, en confluencias como el 20-D, con IU o un paquete que incluya todo (IU y confluencias)^*. La idea de Pablo Iglesias es clara: quedar como segunda fuerza parlamentaria y acaparar la hegemonía política de la izquierda para dar el salto definitivo al poder sin oposición ideológica. Algo que solo podría llegar de la mano del paquete que incluye a IU y las demás confluencias: Compromís, En Comú Podem y En Marea. Si las confluencias se presentaran por su lado, las posibilidades de «sorpasso» serían escasas, ya que la coalición Podemos-IU obtendría apenas entre 50 y 60 escaños. Mucho menos si se presentara Podemos en solitario, algo poco probable.

Mientras, el PSOE, culpado por Podemos de que no haya en España un Gobierno «de cambio y progresista», mantiene intacto su pacto con C’s. Las bases del PSOE están más cerca de Podemos que de C’s, y eso debería saberlo Pedro Sánchez. Le podría penalizar más de cara al electorado más de izquierdas y menos de cara al electorado socialista más moderado, que ve con buenos ojos el acuerdo con el partido de Albert Rivera.

^* Todavía no hay cita electoral oficial, por lo que no se sabe la forma de candidatura de Podemos en torno a sus confluencias.

El mito de la austeridad desde el gasto público y la deuda pública

Una de las palabras más repetidas en los últimos años –en el contexto de la crisis económica– ha sido austeridad. Así, muchos actores sociales y partidos políticos –generalmente los sectores más estatistas – echan la culpa a la austeridad del “desmantelamiento del Estado del Bienestar” en España.

¿Existe austeridad realmente en España? Para comprobarlo, analizaré dos indicadores cruciales en este aspecto: el gasto público –y los ingresos– y la deuda pública; toda vez que ya analicé el déficit público en el artículo anterior.

Gastos e ingresos

Cuando comenzó la crisis económica (2007), el gasto público era de 420.000 millones de euros. Consecuencia del expansionismo previo, los siguientes años de crisis no iban a ser menos. Así pues, en 2009 se alcanzó el gasto público total en su nivel máximo histórico: 494.000 millones.

Aquellos que se quejan de austeridad, suelen hacer referencia a recortes realizados tanto por el Ejecutivo de Zapatero como por el de Rajoy. Si bien observamos que entre 2009 y 2013 el gasto público cayó unos 33.000 millones, hay que señalar que la expansión entre 2007 y 2009 fue mayor (más del doble): el gasto aumentó 73.000 millones en esos tres ejercicios presupuestarios.

Los que se quejan de los recortes callan la expansión previa. Ahí está la clave para afirmar que en España no ha habido austeridad. En términos generales, en el año 2015, el gasto público fue 45.000 millones mayor que en 2007, año en el que comenzó la crisis económica y en el que nadie se quejaba de servicios públicos “desmantelados”, como sí suelen hacer algunos en la actualidad.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

¿Y los ingresos? Como se observa en el siguiente gráfico – sobre el PIB –, el aumento del gasto público ha ido acompañado de déficit público, ya que los gastos han estado por encima de los ingresos a partir de 2007, cuando los ingresos ficticios por la burbuja se desplomaron, quedando una situación habitual en el Estado español: desde 1980 solo ha habido 3 años con superávit, precisamente los años previos al pinchazo de la burbuja.

Esta situación, insoportable en cualquier empresa, no así en un Estado, el cual es mantenido por el dinero de los contribuyentes y puede tener pérdidas constantemente, ya que se echará mano de los impuestos para aumentar los ingresos o de la deuda pública, la cual pagarán las generaciones posteriores.

Fuente: "Notas para una política fiscal en la salida de la crisis". Fedea

Las quejas sobre los recortes suelen ir por el camino de un “Estado del Bienestar desmantelado”. Las 4 políticas que conforman el Estado del Bienestar son educación, sanidad, pensiones y prestaciones por desempleo (estas dos últimas conocidas como “protección social”).

Como demuestra el cuadro del gasto público total, no ha habido un amplio retroceso en las políticas de bienestar, al contrario de lo que dicen los que se quejan de recortes. En 2007, el gasto en educación y sanidad eran de 43.000 y 61.000 millones, respectivamente. En 2015, ambas partidas estaban al mismo nivel. Por su parte, el gasto en protección social era de 138.500 millones cuando empezó la crisis, mientras que en 2015 fue de 186.000 millones. Como se observa, tomando como referencia el año 2007 y no el 2009 – como hacen algunos tramposamente –, no se aprecian recortes algunos en las políticas que forman el Estado del Bienestar.

¿Se puede hablar de austeridad cuando el gasto público total es mayor que cuando comenzó la crisis, época en la que no había quejas sobre el funcionamiento del Estado, y cuando el gasto en el Estado del Bienestar también es mayor que en 2007, época en la que no había quejas sobre un desmantelamiento del mismo?

Deuda pública

Otro indicador que demuestra que no ha habido austeridad en España, junto al déficit público y el gasto público, es la deuda pública, la cual no ha dejado de crecer durante toda la crisis económica. En diciembre de 2007 teníamos una deuda pública del 35.5% del PIB. A finales de 2015 alcanzaba prácticamente el 100% del PIB.

Fuente: http://www.datosmacro.com/deuda/espana

En solo 8 años la deuda pública española ha aumentado un 65% del PIB, es decir, algo más de 650.000 millones de euros. Desde algunos sectores, que casualmente coincide con aquellos que no dejan de repetir que la austeridad ha mermado el Estado del Bienestar y que hay que poner fin a los recortes, no se ha dejado de repetir que el aumento de la deuda pública es consecuencia del rescate a las cajas de ahorros. Nada más lejos de la realidad.

Dicho rescate costó alrededor de 60.000 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas y el Banco de España. La deuda pública ha aumentado casi 11 veces más que la cuantía del rescate, por lo que no se puede afirmar que el aumento de la deuda pública haya sido consecuencia exclusivamente del rescate a las cajas de ahorros. Rescate que, por otro lado, no tiene nada que ver con el liberalismo y la austeridad.

Conclusión

Por tanto, y como se puede comprobar, en España no ha habido austeridad. Desde 2007 (y años anteriores) el gasto público aumentó considerablemente, para solo reducirse una pequeña parte a partir de 2009. En la actualidad el tamaño del sector público y de los servicios públicos esenciales es superior o similar al nivel registrado en 2007, en plena burbuja y comienzo de la crisis económica.

Como señala un informe actual de Fedea, “la historia reciente de las cuentas públicas españolas se parece muy poco a la que se suele contar. Si se abre el foco del análisis y se analiza la evolución del gasto público desde los primeros años del euro (desde 2003 en nuestro caso), en vez de tremendos recortes que llegan ya al hueso del Estado del bienestar, lo que vemos es más bien un extraordinario aumento de gasto hasta 2009 que sólo se ha revertido en parte desde entonces”.

La propaganda y el populismo de unos y otros llevan a identificar una falsa austeridad como la causa de un falso Estado del Bienestar desmantelado.

El mito de la austeridad desde el déficit público

Hace unos días, el Gobierno español presentaba finalmente el déficit público del ejercicio presupuestario correspondiente a 2015. Como era de esperar –debido a evidencias de años anteriores–, el déficit iba a ser superior al objetivo marcado por Bruselas, que era del 4.2% del PIB.

España registró un déficit público del 5.16% del PIB (sin contar el descuadre provocado por la ayuda financiera), como se puede observar en el siguiente cuadro que ha presentado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

Para 2016, el objetivo marcado con la Unión Europea es del 2.8%. Es decir, se necesitaría un ajuste de 24.000 millones de euros. Difícil tarea mientras no se ponga remedio donde más se necesita: en el gasto público, el cual sigue desbocado desde que empezara la crisis económica.

Los continuos incumplimientos con Bruselas – y el propio déficit – evidencian que en España no hay rastro de aquello que los estatistas han venido llamando en los últimos años austeridad. No se puede hablar de austeridad desde un enfoque real; solo desde la propaganda que utilizan dichos sectores, pidiendo más poder y más recursos para el Estado. Desde la Transición, España solo ha estado 3 años en superávit; ¿adivinan qué años fueron? Exacto, los años en los que se estaba cocinando el pinchazo de la burbuja: 2005, 2006 y 2007.

El déficit público medio desde 1980 ha sido un 4.26% del PIB. Aquellos que dicen que ha habido austeridad por unos recortes insignificantes –concentrados, sobre todo, en 2012 y 2013– faltan a la verdad. En España no ha habido nada parecido a la austeridad; llevamos 3 décadas y media gastando más de lo que se ingresa –salvo en 3 años, como he dicho antes–. Esto tiene dos posibles soluciones: ingresar más o gastar menos.

Para ingresar más –a diferencia de lo que se suele pensar– no hay que subir impuestos sino bajarlos, sanear la economía, dejar atrás el capitalismo de amiguetes impuesto por los sucesivos Ejecutivos de PP y PSOE desde los años 80; en definitiva, impulsar una reforma económica de verdad, para acercar a España a los primeros puestos de libertad económica. Objetivo harto imposible con la actual clase política, ‘compadreada’ con una parte importante de la clase empresarial –privilegiada a base del BOE–, y no menos imposible con los partidos que vienen por detrás, amenaza bolivariana de Podemos inclusive.

Para gastar menos hay que dejar atrás la mentalidad estatista que impera en la sociedad española y apostar por un sistema económico que tienda hacia la liberalización –la privatización no es positiva per se– y eliminar gran parte de las regulaciones que ‘ponen la mano en el cuello’ a todos los sectores económicos. Si el Estado es coacción y violencia, ¿por qué seguir legitimando las actuaciones en su nombre?

Mientras nada de esto ocurra, el déficit público continuará en una España que, anclada en el consenso socialdemócrata, prefiere las cadenas a la libertad. Mientras sigamos teniendo un Estado de tales dimensiones, no conoceremos lo que son unas cuentas públicas saneadas. El saqueo –más aún– a los ciudadanos, que son los que crean riqueza, no debe ni tiene que ser la solución a los errores que cometen continuamente los políticos.